Nicolás Petro Burgos y Laura Ojeda contrajeron matrimonio religioso en una ceremonia privada acompañados por su hijo Luka. La boda se realizó tras concretarse el divorcio de Petro con Day Vásquez en enero de 2026, y en medio de las investigaciones que la Fiscalía adelanta en contra de la pareja por presunto lavado de activos y seguimientos ilegales en Barranquilla.
Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, y su pareja sentimental, Laura Ojeda, contrajeron matrimonio católico en el marco de una ceremonia privada. La unión eclesiástica se celebró en un entorno estrictamente familiar y reservado, cuya realización trascendió a la opinión pública luego de que los contrayentes difundieran diversas fotografías del acto litúrgico a través de sus perfiles oficiales de plataformas digitales. En los registros fotográficos se observa a la pareja frente al altar en compañía de su único hijo, el menor Luka Petro Ojeda.
Este enlace religioso se concretó pocos meses después de que Petro Burgos lograra disolver de forma definitiva su anterior vínculo matrimonial con Daysuris del Carmen Vásquez, con quien se había casado en abril de 2019. Aquella relación civil finalizó abruptamente hacia el cierre del año 2022, pero el proceso legal de divorcio sufrió sucesivas dilaciones debido a los mutuos señalamientos judiciales entre las partes, logrando la ejecutoria y disolución formal apenas en enero de 2026. La boda eclesiástica actual representa un giro en la dinámica familiar de la pareja, configurándose precisamente durante la etapa más compleja de las investigaciones penales que ambos afrontan ante la Fiscalía General de la Nación.
La génesis del conflicto que precedió a este matrimonio se remonta a la ruptura entre Petro Burgos y Day Vásquez, originada tras hacerse pública la relación del entonces diputado de la Asamblea del Atlántico con Laura Ojeda. El quiebre sentimental derivó de manera inmediata en una confrontación pública que escaló al ámbito de la política nacional. En represalia por la situación personal, Vásquez compareció ante medios de comunicación para denunciar que su exesposo habría recibido millonarias sumas de dinero de procedencia irregular, transacciones que presuntamente se ejecutaron en el marco de la campaña de las elecciones presidenciales de 2022.
Estas revelaciones obligaron a la Fiscalía General de la Nación a iniciar una investigación formal a mediados de 2023 por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito, proceso penal dentro del cual Day Vásquez se constituyó como la principal testigo de cargo de la entidad acusadora en contra del hijo del jefe de Estado. Paralelo al avance de este expediente en los juzgados, Petro Burgos y Ojeda establecieron su residencia en la ciudad de Barranquilla, donde se produjo el nacimiento de Luka, quien es el primer nieto varón del mandatario de los colombianos.
La confrontación en los tribunales sumó un nuevo frente judicial relacionado con delitos informáticos y violación ilícita de comunicaciones. Laura Ojeda interpuso una denuncia penal en contra de Day Vásquez tras establecerse que su dispositivo celular había sido objeto de un hackeo y espionaje ilegal a finales de 2022. No obstante, el panorama jurídico se tornó bidireccional a comienzos de 2026, cuando el ente acusador abrió una línea de investigación inversa, imputando cargos a Ojeda al aparecer Vásquez como la presunta víctima de seguimientos y perfilamientos ilegales.
Durante el desarrollo de esta última diligencia de imputación de cargos, Laura Ojeda se encontraba en estado de gestación. Conforme a las declaraciones emitidas por la propia afectada, por Nicolás Petro y por el presidente Gustavo Petro, los niveles de estrés derivados de las presiones procesales y lo que calificaron como una campaña de persecución política provocaron la pérdida del embarazo de la mujer. Este hecho generó un fuerte impacto al interior del núcleo familiar, pero terminó por consolidar la determinación de la pareja de formalizar su unión ante la iglesia, mientras continúan los requerimientos de los despachos judiciales para responder por los diferentes delitos que aún rodean su entorno.
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