En una decisión que reconfigura el debate laboral y económico del país, el presidente Gustavo Petro anunció la noche de este lunes 29 de diciembre el nuevo salario mínimo que regirá en Colombia a partir de 2026. El mensaje, emitido en alocución presidencial tras el fracaso de la concertación entre empresarios y trabajadores, marcó un giro histórico en la política salarial y consolidó la apuesta del Gobierno por un ingreso base que, según su visión, se acerque a las condiciones reales de subsistencia de los hogares colombianos.
El aumento del salario mínimo para 2026 ya es una realidad. A las 7:00 de la noche, el presidente Gustavo Petro confirmó oficialmente el nuevo monto, luego de que las negociaciones en la mesa tripartita no lograran un acuerdo entre Gobierno, empleadores y centrales obreras. El anuncio fue transmitido por televisión y radio a nivel nacional y había sido anticipado por el mandatario en varios pronunciamientos previos.
El incremento decretado fue del 22,7 %, uno de los más altos registrados en las últimas décadas. Con este ajuste, el Salario Mínimo Mensual Legal Vigente pasa de 1.423.500 pesos a 1.750.905 pesos. A este valor se suma el auxilio de transporte, que también tuvo un aumento significativo y quedó fijado en 249.095 pesos.
De esta manera, el ingreso mensual total de un trabajador que devenga el salario mínimo alcanzará los 2 millones de pesos en 2026, lo que representa un aumento global cercano al 23,78 %. En términos prácticos, el ajuste significa 327.405 pesos adicionales mensuales frente al salario base actual.
Durante su intervención, el presidente insistió en que la decisión no responde únicamente a criterios inflacionarios, sino a una necesidad estructural del país. Petro volvió a poner sobre la mesa el concepto de “salario mínimo vital”, una idea que ha defendido desde el inicio de su gobierno y que busca garantizar condiciones mínimas de vida digna para los trabajadores y sus familias.
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, había anticipado el tono del anuncio horas antes, al señalar que el país entraba en una nueva discusión sobre dignidad laboral. Según el Gobierno, el aumento pretende cerrar, al menos parcialmente, la brecha entre los ingresos formales y el costo real de la canasta básica.
La ruta hacia el decreto estuvo marcada por el desacuerdo. El plazo legal para alcanzar un consenso venció el 15 de diciembre sin resultados, y las reuniones posteriores tampoco permitieron acercar posiciones. Ante ese escenario, el Ejecutivo quedó facultado para fijar el salario mínimo de manera unilateral.
En el trasfondo de la decisión también estuvo el debate técnico. De acuerdo con el cálculo tradicional —que suma inflación y productividad— el aumento debía rondar el 6,21 %. Esa fue la base de la propuesta empresarial, que planteó un incremento cercano al 7,21 %, argumentando la necesidad de proteger el empleo formal. Las centrales obreras, en contraste, solicitaban un aumento del 16 %.
El Gobierno optó por un camino distinto, apoyándose en estudios presentados por la Organización Internacional del Trabajo, que introdujeron el enfoque del salario mínimo vital. Según estos análisis, el costo mensual de vida de una familia promedio supera ampliamente el salario mínimo vigente, lo que justificó, a juicio del Ejecutivo, un ajuste excepcional.
Sin embargo, la decisión se da en un contexto complejo. Las cifras del Dane muestran que el empleo asalariado formal ha disminuido, mientras crece la informalidad, que ya supera el 55 %. Este panorama explica por qué el incremento despierta tanto respaldo como preocupación, al abrir el debate entre la mejora del ingreso y los posibles efectos sobre el mercado laboral.
Con el decreto ya anunciado, el país entra ahora en una nueva fase: evaluar el impacto real de uno de los aumentos salariales más ambiciosos de los últimos años y su efecto sobre precios, empleo e informalidad.
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