Ordenan devolverle $340 mil millones a la familia del 'Ñeñe' Hernández

Tras varios años de investigaciones y disputas judiciales, un juzgado de Bogotá tomó una decisión que redefine uno de los procesos de extinción de dominio más emblemáticos del país. El caso gira en torno al patrimonio del ganadero y empresario José Guillermo Hernández Aponte, conocido como el ‘Ñeñe’, cuyo nombre estuvo asociado durante años a presuntas redes del narcotráfico y a escándalos de alto impacto político y judicial.

Luego del asesinato de Hernández Aponte en Brasil, las autoridades colombianas activaron mecanismos para perseguir sus bienes, bajo la hipótesis de que su fortuna tendría un origen ilícito. Sin embargo, el Juzgado Sexto Penal de Extinción de Dominio de Bogotá concluyó que las pruebas presentadas por la Fiscalía no fueron suficientes para sostener esa tesis y ordenó la restitución total de los activos a su familia más cercana.

El fallo, consignado en una extensa providencia de 235 páginas, determinó que los bienes deberán regresar a manos de su esposa, Lina López, y de sus hijos José Miguel y Juan David Hernández. Para el despacho judicial, el ente acusador no logró acreditar de manera técnica que el capital del empresario proviniera de actividades criminales ni que existiera una conexión directa con organizaciones ilegales.

El juez cuestionó la ausencia de estudios financieros y patrimoniales sólidos por parte de la Fiscalía, señalando que no se presentaron análisis detallados que permitieran rastrear flujos de dinero irregulares o inconsistencias entre ingresos y patrimonio. En contraste, la defensa aportó peritajes contables que evidenciaron ingresos declarados por más de 20.700 millones de pesos entre 2002 y 2017, respaldados por operaciones crediticias legales y una actividad ganadera constante y visible.

Otro elemento determinante fue la valoración del testimonio de José Carlos García Cataño, alias La Penca, considerado pieza clave dentro del proceso. Según el fallo, sus declaraciones estuvieron marcadas por contradicciones, falta de precisión y una incapacidad reiterada para identificar con claridad los bienes que supuestamente estarían vinculados a economías ilegales.

El juzgado también concluyó que los errores en la construcción del caso impidieron probar un vínculo real entre Hernández Aponte y Marcos de Jesús Figueroa, alias Marquitos Figueroa, señalado como narcotraficante y exparamilitar con influencia en la región Caribe, especialmente en La Guajira. Para el juez, las inferencias presentadas no superaron el estándar probatorio exigido en un proceso de extinción de dominio.

La fortuna objeto de la controversia judicial supera los 480.000 millones de pesos y comprende un amplio portafolio de activos incautados desde 2019. Entre ellos figuran sociedades como Inversiones Hernández López, La Gloria Ganadería y Agropecuaria El Búfalo S.A., junto con su patrimonio, que incluye decenas de inmuebles y un considerable número de semovientes.

El inventario inmobiliario está compuesto por cerca de 40 propiedades distribuidas en varias regiones del país. Sobresalen un apartamento en el norte de Bogotá, otro en Valledupar, la finca Sabanas Nuevas, varios predios urbanos y rurales en el Cesar, así como un inmueble ubicado en Barrancas, La Guajira, zona clave para las actividades ganaderas del empresario.

El fallo también dispuso la devolución de 7.584 cabezas de ganado y decenas de equinos, repartidos en fincas como Rancho Pando, Casa Nueva, Sabanas Nuevas, Venecia, La Conquista en Cartagena y El Silencio, en San Estanislao. A esto se suman vehículos de alta gama y establecimientos comerciales que permanecían bajo administración de la Sociedad de Activos Especiales.

José Guillermo Hernández Aponte fue un reconocido ganadero y empresario del sector de combustibles con amplia influencia en el Caribe colombiano. Su nombre estuvo ligado a distintas investigaciones judiciales, entre ellas un proceso por homicidio iniciado en 2015 y el escándalo conocido como la Ñeñepolítica, que sacudió el panorama nacional al involucrar presuntos aportes irregulares a una campaña presidencial.

Tanto el Consejo Nacional Electoral como la Fiscalía cerraron ese expediente al no encontrar pruebas de financiación ilegal ni delitos electorales. A pesar de ello, la figura del ‘Ñeñe’ Hernández permaneció en el centro del debate público hasta su muerte violenta el 2 de mayo de 2019, cuando fue asesinado en un asalto en el estado brasileño de Minas Gerais.