Petro se echó para atrás: ya no sacaría a general que denunció presiones para votar en el Meta

El proceso de desvinculación del mayor general Erick Rodríguez del Ejército Nacional dio un vuelco inesperado que congela, al menos de manera provisional, una de las decisiones más controvertidas de la cúpula militar en las últimas semanas. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, optó por no suscribir el acto administrativo que formalizaría el retiro del alto oficial, el cual estaba proyectado para radicarse la noche del pasado jueves 4 de junio de 2026. Con esta determinación, el trámite institucional entra en una fase de pausa temporal, manteniendo al uniformado bajo la estructura de las Fuerzas Militares aunque distanciado de la primera línea de mando institucional.

Informaciones obtenidas por el entorno de Semana y agencias aliadas detallan que el general Rodríguez se encuentra haciendo uso de un periodo vacacional, una condición administrativa que la cartera de Defensa aprovechará para evaluar el panorama con menor presión mediática. La estrategia del Gobierno apunta a enfriar el debate político que generó su salida antes de emitir un veredicto definitivo sobre el futuro de su hoja de vida. Mientras se resuelve su estatus, reportes adicionales de Caracol Radio indican que el general quedará bajo la figura de Personal Agregado al Comando del Ejército (Pace), un estamento en el que los oficiales conservan su asignación salarial y rango, pero carecen de funciones de mando o injerencia en el teatro de operaciones, apartándolo así de las fases finales del Plan Democracia, el dispositivo de seguridad nacional que él mismo coordinaba para garantizar el desarrollo del balotaje presidencial del próximo 21 de junio.

El sismo institucional que desató esta medida se originó el pasado 17 de mayo en Villavicencio, durante el desarrollo de un consejo extraordinario de seguridad convocado de urgencia tras el doble homicidio del exalcalde de Cubarral, Rogers Mauricio Devia Escobar, y su asesor Eder Fabián Cardona López, dos líderes regionales que participaban activamente en las correrías de campaña del candidato de derecha Abelardo de la Espriella en el departamento del Meta. En la rueda de prensa de dicho evento, la gobernadora Rafaela Cortés lanzó graves alertas sobre un proceso de "carnetización" obligatoria impuesto por organizaciones criminales a los pobladores rurales. Acto seguido, el general Rodríguez tomó el micrófono y revalidó técnicamente las denuncias de la mandataria local, confirmando la existencia de informes de inteligencia que evidenciaban un férreo control social ejercido sobre las comunidades por cuenta de las disputas territoriales entre las estructuras disidentes de las antiguas Farc que obedecen a alias “Calarcá” y alias “Iván Mordisco”.

A pesar de que el alto oficial enfocó su intervención estrictamente en el panorama de orden público y omitió cualquier mención a logotipos de partidos o candidaturas específicas, sus aseveraciones fueron interpretadas de inmediato por diversos sectores de la oposición y el oficialismo como una confirmación institucional de constreñimiento al sufragante de cara a las elecciones presidenciales. La posterior orden de su retiro, vista como un presunto castigo por sus declaraciones, encendió las alarmas de la reserva activa y de figuras legislativas. La senadora Paloma Valencia fustigó la determinación del Ministerio de Defensa, sugiriendo que la salida del oficial obedecía a un veto político motivado por sus contundentes resultados operacionales contra los grupos armados ilegales en los departamentos de Meta y Guaviare.

La suspensión temporal del decreto que sacaría al general del servicio activo busca también mitigar los cuestionamientos sobre la legitimidad del proceso electoral en marcha. El mayor general retirado Guillermo León León, actual presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares (Acore), exteriorizó la profunda preocupación de los militares en retiro por la inestabilidad que genera este tipo de relevos en la recta final del balotaje. León León advirtió que si la sanción responde a un presunto caso de participación en política, el Ministerio de Defensa tiene la obligación legal de demostrarlo bajo el rigor del debido proceso; no obstante, recalcó que si el retiro se lee como una retaliación por reportar las actividades ilícitas de las disidencias, el mensaje institucional enviado a las tropas en las regiones resulta sumamente nocivo para la defensa de la democracia y la institucionalidad del país. Con el oficial en condición Pace y de vacaciones, la decisión final queda postergada.