La oposición denunció que los eventos masivos de Iván Cepeda en el Caribe vulneran la prohibición de hacer política en vías públicas antes de elecciones. No obstante, la campaña del Pacto Histórico, la Procuraduría y el Gobierno aclararon que los actos fueron privados, cerrados y con invitación.
La realización de eventos políticos por parte del candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, en la región Caribe desató una fuerte controversia jurídica sobre el alcance del Decreto 0188 de 2026 expedido por el Ministerio del Interior. Diversos sectores de oposición cuestionan si las reuniones masivas del aspirante vulneran la restricción legal que prohíbe de forma tajante a las campañas presidenciales efectuar manifestaciones, desfiles o actos políticos en plazas, calles o vías públicas desde el lunes anterior a la jornada electoral hasta el lunes posterior a los comicios, un periodo que de cara a la primera vuelta comprende entre el lunes 25 de mayo y el lunes 1 de junio de 2026.
La normativa de orden público estipula que durante esta última semana de campaña, los partidos y candidatos presidenciales están autorizados únicamente para desarrollar asambleas de carácter proselitista en recintos de propiedad privada o áreas confinadas. Este marco de restricciones ya fue implementado por el Gobierno nacional durante las elecciones legislativas del pasado 8 de marzo, jornada en la cual se les impidió a los aspirantes al Congreso realizar actos de calle entre el 2 y el 9 de marzo; asimismo, el decreto prevé que la medida volverá a regir en caso de una eventual segunda vuelta presidencial, fijando la veda de espacio público desde el 5 de junio hasta el 22 de junio de 2026.
El eje del debate se centra de manera específica en dos actividades masivas desarrolladas por la campaña del Pacto Histórico en los departamentos de Sucre y Córdoba. El primero de los encuentros se llevó a cabo el propio lunes 25 de mayo en las instalaciones de la sede de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Sucre (Ades), en la ciudad de Sincelejo, donde el candidato congregó a delegaciones de docentes y comunidades campesinas de la sabana. El segundo acto político transcurrió el martes 26 de mayo en Montería, capital de Córdoba, en un evento que reunió a organizaciones juveniles, líderes agrarios y coordinadores logísticos de los 30 municipios del departamento. Dicho encuentro se escenificó en el Centro de Eventos Cocobiche, un establecimiento privado desde donde Iván Cepeda instó a sus bases a masificar la votación y estructurar las redes de testigos electorales para vigilar el conteo de los votos.
Frente a las críticas de las campañas rivales, los coordinadores de Iván Cepeda sostuvieron que en ningún momento se quebrantó el ordenamiento jurídico, argumentando que ambos actos correspondieron a reuniones programadas con listas de invitados cerradas, con fines de coordinación interna de los comités regionales. Esta postura fue respaldada por las máximas autoridades del poder ejecutivo y de control disciplinario del país. El ministro del Interior, Armando Benedetti, desestimó las acusaciones desde Ciénaga, Magdalena, calificando los señalamientos de la oposición como producto del desconocimiento de la norma: “Lo único que hay es puro mito e ignorancia en la gente. No se puede hacer una manifestación en un espacio público; en espacios cerrados, hasta el día anterior se puede hacer una manifestación y aún más si es con invitación”, puntualizó el funcionario, añadiendo que la restricción busca evitar grandes aglomeraciones en calles que detonen riñas y que, bajo ese precepto, eventos cerrados en escenarios masivos como el Movistar Arena serían plenamente legales.
En esa misma línea argumentativa se pronunció el Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, quien de forma preliminar avaló la legalidad de las reuniones del candidato del Pacto Histórico. El jefe del órgano de control precisó, con respecto al acto en Sincelejo, que el espacio se encontraba delimitado físicamente con estructuras de cerramiento y mallas, y que el acceso estuvo restringido únicamente a personas con invitación previa, concluyendo que la masividad de un auditorio no altera su naturaleza jurídica de evento privado.
No obstante, las explicaciones del Gobierno y la Procuraduría no frenaron los reclamos de las agrupaciones políticas competidoras. El exministro José Manuel Restrepo, actual fórmula vicepresidencial del candidato de derecha Abelardo de la Espriella, criticó con dureza los eventos del aspirante de izquierda, asegurando que es la "segunda vez que Cepeda se pasa las normas por la faja" y ratificando que, a su juicio, la campaña gubernamental está violando el espíritu de la ley que busca garantizar la neutralidad y el equilibrio informativo en la semana previa a la elección presidencial.
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