País - Mayo 10 de 2021 - 01:15 PM

Presidente ordenó despliegue de fuerza pública en Cali

Tras un Consejo de Seguridad encabezado por el presidente Iván Duque en la capital de Valle del Cauca, se entregaron “instrucciones para reestablecer el orden público en Cali”, como limitar la movilidad en los accesos al departamento y desplegar a la Fuerza Pública.

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Luego de cuatro horas en un Consejo de Seguridad esta madrugada en Cali, el presidente Iván Duque mandó a reforzar medidas concretas para “reestablecer el orden público en la capital vallecaucana”.

El Mandatario dijo que con la decisión de desplegar la Fuerza Pública en Cali se garantizará la protección ciudadana y se evitarán actos de confrontación, al tiempo que, con la limitación de la movilidad en los accesos al departamento del Valle del Cauca, se controlará el flujo de personas, dadas las circunstancias de orden público.

El Jefe de Estado arribó a las 11:30 de la noche de ayer domingo y revisó las instrucciones impartidas a los ministros de Interior y Defensa. El Consejo de Seguridad terminó 3:30 a.m. de este lunes y Duque regresó a Bogotá hacia las 4:00 a.m.

A su vez, ordenó el despliegue de varias entidades del orden nacional – como el Icbf, Prosperidad Social y Ministerio del Interior - para atender reclamos de carácter social; además, les aseguró a los jóvenes que sus reclamaciones y necesidades serían priorizadas con intervenciones puntuales a través de la Consejería para la Juventud de la Presidencia de la República y las entidades especializadas.

“Acción gubernamental apegada a la ley”

Refiriéndose al alcalde Jorge Ospina, el Jefe de Estado expresó: “usted me lo comentaba días atrás: hay un fenómeno que puede ser de expresión juvenil y hay otro fenómeno, usted mismo me lo describía, de expresión criminal, en cuyo caso ni la Constitución ni la ley están abiertas a ser sujetas del pisoteo de nadie”.

Por eso argumentó que la intención del Gobierno es actuar en estricto apego a la protección de los derechos humanos, para que Cali tenga todas las garantías y se eviten confrontaciones entre los ciudadanos.

“El despliegue que se ha pedido no es un despliegue para generar confrontación con la ciudadanía; todo lo contrario, es para generar sentimientos de protección en la ciudadanía. Nuestra responsabilidad no es actuar con brutalidad ni de manera demencial, sino actuar en el marco de todas las competencias y estricto apego a la protección de los derechos humanos”, aseveró Duque.

¿Y qué pasa con la población indígena?

Luego de un domingo con mucha confusión y horror en Cali por enfrentamientos entre la población civil, Policía y la Minga Indígena, el presidente insistió en que con los grupos indígenas de la región se mantienen mesas de diálogo permanente, a través del Ministerio del Interior.

Según el mandatario se cumplen los compromisos pactados, en una relación soportada en el cumplimiento de la Constitución y la ley.

“La restricción de la movilidad que se ha ordenado no es en contra de pueblos indígenas. Es una restricción que se establece para todas las personas en el acceso al departamento, ante la situación de orden público que se está viviendo en el departamento, de manera preventiva y, además, apelando a esa medida - que la hemos utilizado a lo largo del último año y medio - también en función de criterios de salud, porque, como bien lo anotaba también la Gobernadora, el nivel de ocupación de las unidades de cuidado intensivo supera el 97%”, reiteró.

El Presidente Duque también impartió instrucciones al Ministerio del Interior para que en el diálogo entablado con las comunidades indígenas se reconozca el derecho a la movilidad en el territorio y a su cosmovisión, evitando una confrontación entre hermanos y donde esté por medio el respeto a la diferencia de carácter étnico y religioso.

“Usted me tiene aquí no para ejercer funciones de represión, sino para ejercer funciones de garantía y protección de nuestra Constitución y de la ley. Si los ciudadanos sienten angustia, no sienten protección, eso se traslada a desespero y ese desespero, en cualquier momento, se puede convertir en violencia”, afirmó.

Publicado por Redacción Nacional
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En Bucaramanga, durante un operativo desarrollado en los últimos días, unidades del GAULA de la Policía Nacional lograron capturar a dos personas cuando recibían cinco millones de pesos exigidos a un comerciante de la ciudad. La acción, resultado de un plan antiextorsión apoyado en análisis técnico y seguimiento audiovisual, permitió desarticular una modalidad de intimidación basada en amenazas digitales, suplantación de grupos armados y presión directa sobre establecimientos comerciales. La investigación no comenzó con la captura, sino con el temor de un comerciante que empezó a recibir mensajes y llamadas en las que le exigían dinero a cambio de no atentar contra su negocio. Las comunicaciones no eran genéricas: incluían fotografías recientes de su establecimiento y advertencias que buscaban generar pánico inmediato. Según el trabajo judicial, los responsables se hacían pasar por integrantes de estructuras armadas como el EGC y el ELN, utilizando esa falsa identidad para dar credibilidad a las amenazas. Las exigencias económicas variaban entre uno y cinco millones de pesos, dependiendo de la supuesta “capacidad de pago” de cada víctima. A partir de la denuncia, el GAULA activó un plan antiextorsión que se extendió por varios sectores de Bucaramanga. Durante semanas, los investigadores revisaron más de 200 cámaras de seguridad públicas y privadas, además de analizar cerca de 300 horas de grabaciones, con el objetivo de reconstruir los movimientos de los sospechosos y establecer patrones de comportamiento. Ese seguimiento permitió identificar no solo el punto y la modalidad de entrega del dinero, sino también la posible existencia de otras víctimas que habrían sido contactadas bajo el mismo esquema de intimidación. Con la información recopilada, se coordinó el operativo que culminó con la captura en flagrancia. El procedimiento se realizó en el momento exacto en que los dos señalados recibían los cinco millones de pesos producto de la extorsión. En su poder fueron hallados varios elementos que ahora hacen parte del proceso judicial, entre ellos una motocicleta utilizada para los desplazamientos, dos teléfonos celulares y panfletos extorsivos presuntamente empleados para reforzar las amenazas. Las autoridades consideran que este caso evidencia una modalidad creciente de extorsión basada en el uso de tecnología y en la suplantación de organizaciones armadas para infundir miedo sin pertenecer realmente a ellas. El material incautado será clave para establecer si los capturados están vinculados con otros hechos similares en la ciudad. Desde la Policía Nacional reiteraron que la denuncia oportuna fue determinante para evitar que el comerciante siguiera siendo víctima de presiones económicas y para avanzar en la identificación de los responsables. Asimismo, insistieron en que ningún ciudadano debe acceder a este tipo de exigencias. El caso quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación, mientras el GAULA mantiene abiertas otras líneas de investigación derivadas del análisis de cámaras y comunicaciones, con el fin de ubicar a posibles cómplices y proteger a otros comerciantes.

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