País - Noviembre 19 de 2026 - 04:52 PM

Rector de la Universidad Nacional reveló cómo descubrieron el título falso de Luz Verónica Estrada

Al intentar tramitar su tarjeta profesional con un diploma y acta de grado alterados, Luz Verónica Estrada levantó sospechas en el Consejo de Ingeniería, que verificó con la Universidad Nacional en octubre de 2025 que nunca estudió allí; además habría falsificado su licencia para un contrato en la Dian.

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El engaño detrás del supuesto título de ingeniera de minas y metalurgia de la representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Luz Verónica Estrada, no quedó al descubierto por una auditoría rutinaria del Congreso ni de las entidades contratantes, sino por un trámite profesional que ella misma intentó adelantar hace más de un año ante el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (Copnia).

Así lo reveló el rector de la Universidad Nacional de Colombia, José Ismael Peña, durante una entrevista en El Debate de SEMANA, al reconstruir la ruta técnica y documental que permitió detectar la adulteración del diploma expedido supuestamente el 16 de noviembre de 2021 y de una sábana de calificaciones de diez semestres con notas altas.

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Según explicó el directivo académico, el punto de quiebre ocurrió cuando Estrada solicitó ante el Consejo Profesional de Ingenierías la expedición de la licencia obligatoria para ejercer legalmente la profesión. Al revisar los archivos radicados —el diploma y el acta de grado—, la entidad profesional no halló soportes consistentes, sospechó de una posible alteración documental y elevó una consulta directa a la Universidad Nacional para verificar si efectivamente le había otorgado ese grado académico.

La respuesta del alma máter se produjo el 23 de octubre de 2025 y fue categórica: en sus bases de datos no existía ningún registro a nombre ni con el número de documento de la hoy congresista. “Dijimos que por aquí no había pasado nadie con ese nombre y ese documento”, precisó Peña, quien además confirmó que el Consejo Profesional notificó a Estrada sobre las inconsistencias detectadas sin que ella interpusiera recurso de apelación alguno, pese a lo cual posteriormente habría falsificado también la licencia de ingeniera para respaldar un contrato por 78 millones de pesos en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) en 2025.

Al examinar en detalle el documento fraudulento, las autoridades universitarias identificaron el método utilizado para fabricarlo: la combinación y manipulación de datos pertenecientes a diplomas auténticos de dos egresados reales, cuyos nombres se mantienen bajo reserva por protección de datos personales. De acuerdo con el rector Peña, la numeración expuesta en el título falsificado permitió rastrear los documentos originales de los cuales se extrajeron los registros para suplantar la identidad académica.

Una vez comprobada la falsedad el año pasado, la Universidad Nacional interpuso la denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación por el presunto delito de falsedad ideológica en documento público, expediente que completa un año sin que la institución haya recibido respuesta sobre avances procesales. Para el rector Peña, quien recordó que la universidad cuenta con más de 430.000 egresados vivos que obtuvieron su grado mediante esfuerzo académico, este tipo de maniobras no solo constituye un delito que exige sanciones ejemplares y rechazo social, sino una ofensa directa contra la educación superior y un riesgo para la sociedad cuando alguien se atribuye una profesión sin haberla cursado.

Publicado por Redacción Ké Se Dice
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En Bucaramanga, durante un operativo desarrollado en los últimos días, unidades del GAULA de la Policía Nacional lograron capturar a dos personas cuando recibían cinco millones de pesos exigidos a un comerciante de la ciudad. La acción, resultado de un plan antiextorsión apoyado en análisis técnico y seguimiento audiovisual, permitió desarticular una modalidad de intimidación basada en amenazas digitales, suplantación de grupos armados y presión directa sobre establecimientos comerciales. La investigación no comenzó con la captura, sino con el temor de un comerciante que empezó a recibir mensajes y llamadas en las que le exigían dinero a cambio de no atentar contra su negocio. Las comunicaciones no eran genéricas: incluían fotografías recientes de su establecimiento y advertencias que buscaban generar pánico inmediato. Según el trabajo judicial, los responsables se hacían pasar por integrantes de estructuras armadas como el EGC y el ELN, utilizando esa falsa identidad para dar credibilidad a las amenazas. Las exigencias económicas variaban entre uno y cinco millones de pesos, dependiendo de la supuesta “capacidad de pago” de cada víctima. A partir de la denuncia, el GAULA activó un plan antiextorsión que se extendió por varios sectores de Bucaramanga. Durante semanas, los investigadores revisaron más de 200 cámaras de seguridad públicas y privadas, además de analizar cerca de 300 horas de grabaciones, con el objetivo de reconstruir los movimientos de los sospechosos y establecer patrones de comportamiento. Ese seguimiento permitió identificar no solo el punto y la modalidad de entrega del dinero, sino también la posible existencia de otras víctimas que habrían sido contactadas bajo el mismo esquema de intimidación. Con la información recopilada, se coordinó el operativo que culminó con la captura en flagrancia. El procedimiento se realizó en el momento exacto en que los dos señalados recibían los cinco millones de pesos producto de la extorsión. En su poder fueron hallados varios elementos que ahora hacen parte del proceso judicial, entre ellos una motocicleta utilizada para los desplazamientos, dos teléfonos celulares y panfletos extorsivos presuntamente empleados para reforzar las amenazas. Las autoridades consideran que este caso evidencia una modalidad creciente de extorsión basada en el uso de tecnología y en la suplantación de organizaciones armadas para infundir miedo sin pertenecer realmente a ellas. El material incautado será clave para establecer si los capturados están vinculados con otros hechos similares en la ciudad. Desde la Policía Nacional reiteraron que la denuncia oportuna fue determinante para evitar que el comerciante siguiera siendo víctima de presiones económicas y para avanzar en la identificación de los responsables. Asimismo, insistieron en que ningún ciudadano debe acceder a este tipo de exigencias. El caso quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación, mientras el GAULA mantiene abiertas otras líneas de investigación derivadas del análisis de cámaras y comunicaciones, con el fin de ubicar a posibles cómplices y proteger a otros comerciantes.

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