La dirección del Pacto Histórico solicitó a Luz Verónica Estrada dejar su curul ante las pruebas sobre sus títulos falsos: la Universidad Nacional en Medellín negó su grado, la exdecana Verónica Otero denunció firma falsa, revisan su contrato en la DIAN y su colegio en Caramanta desmintió su bachillerato.
La presión política y documental alrededor de la representante a la Cámara Luz Verónica Estrada escaló a un punto decisivo luego de que la coordinación nacional del Pacto Histórico le solicitara formalmente renunciar a su curul en el Congreso para afrontar su defensa jurídica por fuera de la investidura parlamentaria, al tiempo que convocó a su Comisión Nacional de Ética para examinar el expediente este lunes 23 de noviembre de 2026.
En el pronunciamiento oficial divulgado por la dirección de la colectividad, el movimiento señaló que la determinación responde a la gravedad de los señalamientos y a las evidencias conocidas públicamente en torno a la presunta falsedad de los soportes académicos y laborales acreditados por la congresista.
El eje inicial de la controversia gira en torno a un diploma con fecha del 16 de noviembre de 2021 mediante el cual Estrada acreditó haberse graduado como ingeniera de Minas y Metalurgia de la Universidad Nacional de Colombia. Sin embargo, mediante comunicación oficial expedida el 23 de octubre de 2025 por la División de Registro y Matrícula de la sede Medellín —en respuesta a una solicitud de verificación radicada el 16 de octubre de ese mismo año por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (Copnia)—, el claustro universitario descartó que la dirigente figure como egresada de ese programa.
A ese desmentido institucional se sumó el testimonio directo de Verónica Otero, quien ocupó la decanatura de la Facultad de Minas hasta 2022 y aseguró que el diploma exhibido es apócrifo, advirtiendo expresamente que la rúbrica que aparece estampada a su nombre en el documento no corresponde a su firma auténtica.
El cuestionamiento sobre la documentación de Estrada también abarca presuntas irregularidades en una tarjeta profesional y en certificaciones laborales empleadas para respaldar su experiencia en contratación estatal, incluido un contrato suscrito con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) durante el Gobierno de Gustavo Petro.
Como nuevo elemento dentro de la cadena de inconsistencias, la Institución Educativa Juan Pablo Gómez Ochoa, del municipio de Caramanta, Antioquia, desmintió que la representante haya obtenido allí su grado de bachiller y precisó que, de acuerdo con sus archivos académicos internos, en el año 2017 apenas cursaba octavo grado en condición de estudiante repitiente.
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