Un capitán y seis suboficiales del Ejército —Carlos Andrés Chía, Julián Alarcón, Carlos Bejarano, Édgar Gamboa, Javier Jiménez, John Montenegro y Luis Morales— fueron capturados e imputados por peculado y falsedad ideológica tras cobrar viáticos falsos en el batallón de Cúcuta.
Las contradicciones detectadas entre los soportes administrativos presentados para cobrar viáticos y los registros reales de las unidades militares donde supuestamente debían cumplirse comisiones de servicio en otras ciudades del país pusieron al descubierto una presunta apropiación de recursos públicos al interior de un batallón de operaciones terrestres ubicado en Cúcuta, Norte de Santander. Por estos hechos, ocurridos entre enero y abril de 2025, un oficial y seis suboficiales del Ejército Nacional fueron capturados en un operativo interinstitucional e imputados por la Fiscalía General de la Nación.
De acuerdo con el material probatorio recopilado por el ente acusador, los siete militares se habrían valido de registros adulterados sobre supuestos desplazamientos laborales para obtener el reconocimiento y pago de viáticos por más de 10 millones de pesos. Las pesquisas establecieron que los traslados reportados nunca se ejecutaron —pues algunos uniformados permanecían en situaciones administrativas— o las actividades consignadas en los documentos no correspondían a las misiones oficialmente autorizadas.
Los militares vinculados al proceso penal fueron identificados como el capitán Carlos Andrés Chía Sánchez; los sargentos primeros Julián Mauricio Alarcón Cely y Carlos Armando Bejarano Martín; el sargento viceprimero Édgar Armando Gamboa Ortega; y los sargentos segundos Javier Enrique Jiménez Ruiz, John Fredy Montenegro Garcés y Luis Eder Morales Sánchez.
Para el primer cuatrimestre de 2025, los siete investigados ejercían funciones en áreas administrativas, logísticas y operacionales del batallón en Cúcuta. Aprovechando sus cargos, habrían intervenido directamente en la elaboración, presentación y legalización de informes de cumplimiento de misiones de trabajo hacia distintas ciudades del territorio nacional con el propósito de justificar el desembolso de los dineros públicos. Durante las labores de policía judicial, los investigadores cotejaron esos reportes con los registros institucionales de las unidades receptoras, confirmando las inconsistencias en las supuestas comisiones.
La materialización de las capturas se ejecutó mediante una acción coordinada entre el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), la Dijin de la Policía Nacional y unidades de Contrainteligencia Militar del Ejército Nacional. Mientras la Fiscalía reportó que los procedimientos de detención se desarrollaron en Barranquilla (Atlántico), Neiva (Huila), Villavicencio (Meta), Nilo (Cundinamarca), Sogamoso (Boyacá), Bucaramanga (Santander) y Cúcuta (Norte de Santander).
Tras las detenciones, un fiscal de Administración Pública de la Seccional Norte de Santander presentó a los siete uniformados ante un juez con función de control de garantías y les formuló imputación por los delitos de peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público. Aunque ninguno de los procesados aceptó los cargos imputados, el despacho judicial les impuso medidas de aseguramiento no privativas de la libertad, consistentes en la prohibición de salir del país y la restricción de comunicarse con los testigos vinculados a la investigación.
Por su parte, el Comando del Ejército Nacional emitió un comunicado de prensa en el que confirmó la captura de un oficial y seis suboficiales en el marco de operaciones de Contrainteligencia Militar articuladas con la Fiscalía, señalando que, de manera paralela al proceso penal, la institución dio apertura a las actuaciones disciplinarias y administrativas correspondientes para garantizar el debido proceso y el esclarecimiento de los hechos, al tiempo que reiteró su política de cero tolerancia frente a actos de corrupción cometidos por personal militar o civil al servicio de la Fuerza.
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