Mientras el ministro de Salud se burlaba del llanto del gerente del Hospital de Itagüí debido a la crítica situación financiera de la entidad, Petro insistió en que se deben liquidar las EPS para salir de la crisis.
La controversia por las palabras del ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, terminó sirviendo de detonante para que el presidente Gustavo Petro retomara uno de los planteamientos más radicales de su reforma al sistema sanitario: acabar con las Entidades Promotoras de Salud. En un consejo de ministros transmitido en directo, el mandatario dejó claro que, a su juicio, el país se acerca a un punto de no retorno.
Durante la sesión, Petro sostuvo que el modelo actual de aseguramiento se ha convertido en una carga permanente para las finanzas públicas. Según el presidente, las EPS no solo han sido incapaces de garantizar atención oportuna, sino que además han profundizado la crisis de hospitales y clínicas que hoy enfrentan problemas de liquidez.
El jefe de Estado afirmó que el esquema vigente no ha logrado mejorar los indicadores de salud en la última década. En su diagnóstico, los avances que hoy se observan no son producto del sistema de aseguramiento, sino del despliegue directo de políticas estatales orientadas a la prevención y la atención primaria.
Uno de los ejemplos citados fue la situación del Hospital de Itagüí, donde trabajadores denuncian retrasos prolongados en el pago de salarios. Para el presidente, este caso refleja una falla estructural que no puede resolverse con medidas parciales y refuerza la necesidad de tomar decisiones de fondo.
Petro también cuestionó el manejo de los recursos públicos por parte de las EPS. Señaló que los dineros girados por el Estado para atender a los pacientes no pueden destinarse a cubrir pasivos acumulados por malas prácticas del pasado, advirtiendo que esa conducta podría constituir un detrimento patrimonial.
En uno de los momentos más fuertes del consejo, el mandatario fue enfático al señalar que permitir ese uso de los recursos equivale a una estafa contra el Estado. Por ello, insistió en que la liquidación de las EPS sería una salida más responsable que seguir inyectando recursos a un sistema que considera inviable.
Las declaraciones se producen en un momento de alta tensión política, cuando el ministro Jaramillo enfrenta críticas por minimizar públicamente la angustia expresada por directivos hospitalarios frente a la crisis financiera. Aunque el presidente no se refirió directamente al tono del ministro, sí respaldó la necesidad de revisar a fondo el modelo de salud.
Con este pronunciamiento, el Gobierno vuelve a poner sobre la mesa una de las propuestas más polémicas de su agenda, anticipando un nuevo choque con sectores políticos, gremios y empresas del sector salud, mientras el debate sobre el futuro de las EPS vuelve a ocupar el centro de la discusión nacional.
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