Con algunas solicitudes nuevas, se retomó la audiencia de preclusión en contra del expresidente Álvaro Uribe, señalado por manipulación de testigos, tras dos meses de haberse concluido los argumentos de la Fiscalía.
Empezaron nuevamente este lunes las audiencias de preclusión en el caso por manipulación de testigos, que se lleva en contra del expresidente Álvaro Uribe, y aunque la expectativa era que se diera la intervención de Reinaldo Villalba como representante del senador Iván Cepeda, la diligencia tuvo un cambio.
Todo comenzó con Jaime Granados, abogado de Uribe, quien solicitó con un documento de 23 páginas, anteriormente entregado al despacho, que se limitara la representación de las víctimas a una sola persona o que se limitaran sus espacios de argumentación.
Esto fue tomado como una vulneración clara a los derechos de las víctimas por parte del Villalba, el exvicefiscal Jorge Perdomo, el exfiscal Eduardo Montealegre, Miguel Ángel del Río (abogado de Deyanira Gómez) y Jorge Enrique Sanjuán, delegado de la Procuraduría.
Para Montealegre es una forma de “silenciar a las víctimas”, por lo cual dijo: “lucharé como víctima para que no me impongan mordazas, ni silencio para exponer el daño y los delitos atribuidos presuntamente a Álvaro Uribe”.
En respuesta, el fiscal Gabriel Jaimes aceptó que no se debe limitar a las víctimas para que participen, pero que “estas intervenciones se deben limitar a los hechos que lo relacionan o la vinculan procesalmente”.
Con todo esto, Carmen Ortiz, la Juez 28 de Conocimiento de Bogotá a cargo del caso, indicó que no se limitará el número de participaciones, pero que los abogados de las víctimas deben abstenerse de “pronunciarse sobre hechos que no han sido tenidos en cuenta dentro de la situación fáctica presentada al interior de la diligencia de indagatoria rendida por Álvaro Uribe, y que en este caso hace las veces de imputación”.
Otra petición fue elevada al despacho: que se acreditara como nueva víctima a Laura Valentina Muñoz Osorio; algo solicitado vía correo electrónico desde el pasado 17 de agosto, pero que a consideración de la Juez se pide “cuando ya la Fiscalía terminó su argumentación”.
Por lo cual, la sustentación de esta petición no se dará hasta que los abogados de las víctimas finalicen sus argumentos; pero sí se realizará antes de la intervención del Ministerio Público, para “no frustrar una vez más las sesiones de audiencia ya programadas por este despacho, puesto que cualquiera que sea la determinación será probablemente objeto de impugnación”.
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