País - Febrero 03 de 2026 - 11:22 AM

Se oficializa fusión Tigo-Movistar: así cambia el sector móvil en el país

El sector de las telecomunicaciones en Colombia entrará este miércoles 4 de febrero en una nueva etapa, cuando se oficialice la toma de control de Telefónica (Movistar) por parte de Tigo, en una operación empresarial que cambiará el equilibrio del mercado, reducirá el número de grandes operadores y marcará el inicio de una reconfiguración profunda en la prestación de servicios móviles y fijos en el país, con impacto directo en usuarios, empleados y decisiones regulatorias.

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La industria de las telecomunicaciones en Colombia se prepara para uno de los movimientos corporativos más relevantes de los últimos años. Este miércoles se hará oficial que Tigo asumirá el control total de la operación de Telefónica Movistar en el país, dando paso a una integración que modifica de manera sustancial el mapa competitivo del sector.


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La transición ya comenzó puertas adentro. En días recientes se realizó una reunión interna en la que directivos de alto nivel comunicaron formalmente a los empleados el cambio de control. El anuncio fue liderado por Alfonso Gómez, director de operaciones regional, y Fabián Hernández, actual presidente de Telefónica Colombia, de acuerdo con información revelada en el programa Código Caracol.


Con esta integración se cierra un capítulo histórico para Movistar en Colombia. Hernández dejará la presidencia de la operación local tras varios años al frente de la compañía y asumirá responsabilidades estratégicas dentro del grupo Telefónica a nivel continental, mientras la nueva estructura de mando quedará bajo la órbita de Tigo.


Uno de los cambios más visibles será la reorganización física de las compañías. Las oficinas principales de Tigo se trasladarán al edificio que hasta ahora ocupaba Telefónica, el cual se convertirá en la sede central de la empresa fusionada y en el eje administrativo de la nueva operación conjunta.


La consolidación responde a una serie de decisiones financieras y estratégicas que se venían gestando desde hace meses. Por un lado, la autorización del Concejo de Medellín para la venta de la participación de UNE permitió destrabar el control accionario de Tigo. Por otro, Telefónica avanzó en su estrategia de optimización de activos en América Latina, apostándole a una alianza que le permita competir en mejores condiciones frente a operadores de mayor escala.


El efecto inmediato será la reducción del número de grandes jugadores en el mercado. Con esta integración, Colombia pasa de contar con tres operadores móviles de red a dos grandes bloques dominantes, un escenario que abre el debate sobre competencia, tarifas y calidad del servicio en el mediano plazo.


En este proceso aún queda pendiente un paso clave: la venta de la participación accionaria que conserva el Estado colombiano. Mediante un decreto expedido el pasado 30 de diciembre, el Gobierno fijó el valor de estas acciones en 772 pesos cada una, con una expectativa de recaudo mínimo de 855 millones de pesos.


El destino de esos recursos sigue siendo una incógnita. Mientras algunos sectores plantean que deberían destinarse a cerrar la brecha digital en regiones apartadas, otros advierten que podrían terminar integrándose al presupuesto general para aliviar presiones fiscales.


Para los usuarios de Tigo y Movistar, el anuncio abre una etapa de transición que se extenderá durante los próximos meses. La apuesta de la nueva compañía estará enfocada en fortalecer el despliegue de la red 5G, integrar infraestructuras y ofrecer planes convergentes que combinen servicios móviles, de internet y televisión.


La fusión no solo redefine el tamaño de los actores en competencia, sino que obliga a todo el sector a replantear estrategias en un mercado que será más concentrado, pero con operadores de mayor músculo tecnológico y financiero.

Publicado por Redacción Ké Se Dice
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En Bucaramanga, durante un operativo desarrollado en los últimos días, unidades del GAULA de la Policía Nacional lograron capturar a dos personas cuando recibían cinco millones de pesos exigidos a un comerciante de la ciudad. La acción, resultado de un plan antiextorsión apoyado en análisis técnico y seguimiento audiovisual, permitió desarticular una modalidad de intimidación basada en amenazas digitales, suplantación de grupos armados y presión directa sobre establecimientos comerciales. La investigación no comenzó con la captura, sino con el temor de un comerciante que empezó a recibir mensajes y llamadas en las que le exigían dinero a cambio de no atentar contra su negocio. Las comunicaciones no eran genéricas: incluían fotografías recientes de su establecimiento y advertencias que buscaban generar pánico inmediato. Según el trabajo judicial, los responsables se hacían pasar por integrantes de estructuras armadas como el EGC y el ELN, utilizando esa falsa identidad para dar credibilidad a las amenazas. Las exigencias económicas variaban entre uno y cinco millones de pesos, dependiendo de la supuesta “capacidad de pago” de cada víctima. A partir de la denuncia, el GAULA activó un plan antiextorsión que se extendió por varios sectores de Bucaramanga. Durante semanas, los investigadores revisaron más de 200 cámaras de seguridad públicas y privadas, además de analizar cerca de 300 horas de grabaciones, con el objetivo de reconstruir los movimientos de los sospechosos y establecer patrones de comportamiento. Ese seguimiento permitió identificar no solo el punto y la modalidad de entrega del dinero, sino también la posible existencia de otras víctimas que habrían sido contactadas bajo el mismo esquema de intimidación. Con la información recopilada, se coordinó el operativo que culminó con la captura en flagrancia. El procedimiento se realizó en el momento exacto en que los dos señalados recibían los cinco millones de pesos producto de la extorsión. En su poder fueron hallados varios elementos que ahora hacen parte del proceso judicial, entre ellos una motocicleta utilizada para los desplazamientos, dos teléfonos celulares y panfletos extorsivos presuntamente empleados para reforzar las amenazas. Las autoridades consideran que este caso evidencia una modalidad creciente de extorsión basada en el uso de tecnología y en la suplantación de organizaciones armadas para infundir miedo sin pertenecer realmente a ellas. El material incautado será clave para establecer si los capturados están vinculados con otros hechos similares en la ciudad. Desde la Policía Nacional reiteraron que la denuncia oportuna fue determinante para evitar que el comerciante siguiera siendo víctima de presiones económicas y para avanzar en la identificación de los responsables. Asimismo, insistieron en que ningún ciudadano debe acceder a este tipo de exigencias. El caso quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación, mientras el GAULA mantiene abiertas otras líneas de investigación derivadas del análisis de cámaras y comunicaciones, con el fin de ubicar a posibles cómplices y proteger a otros comerciantes.

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