Quién es alias Pipe Tuluá, el cabecilla con 47 homicidios que podría ser extraditado a EE. UU.

Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, uno de los criminales más temidos del suroccidente colombiano, vuelve a estar en el centro del debate judicial y de seguridad nacional luego de que las autoridades confirmaran que enfrenta un proceso de extradición a Estados Unidos. El hombre, de 51 años, ha sido señalado como el máximo jefe de la estructura delincuencial La Inmaculada, organización responsable de homicidios, extorsiones y control territorial en el Valle del Cauca, cuyo accionar violento se mantuvo incluso mientras su cabecilla permanecía recluido en centros penitenciarios del país, situación que llevó al Estado a catalogarlo como una amenaza permanente para la seguridad pública.

La historia criminal de Andrés Felipe Marín Silva se remonta a varios años atrás y está marcada por un largo prontuario judicial. Las autoridades lo identifican como el líder indiscutible de La Inmaculada, una organización que logró consolidarse en Tuluá y municipios aledaños mediante una estrategia basada en el miedo, la violencia selectiva y el cobro sistemático de extorsiones a comerciantes, transportadores y ciudadanos del común.

Con 51 procesos investigativos abiertos, 49 de ellos con vinculación formal, alias Pipe Tuluá cumple actualmente una condena de 30 años de prisión, dictada en 2022 por un juzgado especializado. La sentencia lo responsabiliza por delitos de alto impacto, entre ellos homicidio agravado, concierto para delinquir, extorsión y otros crímenes asociados a estructuras armadas organizadas.

Los expedientes judiciales señalan que su actividad criminal no se detuvo con su captura. Por el contrario, informes de inteligencia indican que Marín Silva continuó impartiendo órdenes desde el interior de diferentes cárceles del país, valiéndose presuntamente de redes de corrupción, acceso a teléfonos móviles y sistemas de comunicación clandestinos que le permitieron mantener el control de su organización.

Las investigaciones atribuyen a alias Pipe Tuluá la responsabilidad directa de al menos 47 homicidios cometidos en el Valle del Cauca. Buena parte de estos crímenes habrían sido ejecutados entre 2011 y 2017, periodo en el que, según la Fiscalía, ordenó al menos 46 asesinatos, 39 de ellos perpetrados por sicarios bajo su mando. Entre las víctimas figuran comerciantes, civiles, integrantes de su propia estructura criminal y un funcionario del Inpec.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ha señalado que se trata de un delincuente con un historial particularmente violento, cuyos crímenes han derivado en múltiples condenas contra otros miembros de La Inmaculada. Las autoridades sostienen que su capacidad de mando, incluso desde prisión, lo convirtió en un riesgo constante para funcionarios judiciales y penitenciarios.

Uno de los episodios más delicados relacionados con su trayectoria criminal fue la denuncia del Inpec sobre amenazas directas contra su personal. De acuerdo con reportes oficiales, funcionarios penitenciarios habrían sido declarados “objetivo militar”, lo que obligó a reforzar medidas de seguridad y a realizar traslados frecuentes del cabecilla entre distintos centros de reclusión.

En los últimos meses, alias Pipe Tuluá fue sacado de la cárcel La Picota y trasladado a una estación policial en Bogotá, luego de que se detectaran conflictos internos, alertas de fuga y nuevos riesgos para la seguridad carcelaria. Estas circunstancias aceleraron las gestiones para avanzar en su extradición a Estados Unidos, donde es requerido por delitos relacionados con el narcotráfico internacional.

El caso de Marín Silva se ha convertido en un símbolo de las fallas estructurales del sistema penitenciario colombiano y del desafío que representan los grandes jefes criminales que logran seguir delinquiendo tras las rejas. Su eventual extradición es vista por el Gobierno como una medida clave para debilitar redes criminales que aún mantienen influencia en el país.