País - Agosto 23 de 2021 - 11:52 AM

Sin empleo y sin estudio más de dos millones de bachilleres

Cerca de 2 millones de jóvenes que se graduaron de bachillerato en Colombia, estarían en este momento inactivos, sin Educación Superior y sin empleo, según un análisis del Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javieriana.

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Sin poder trabajar y sin poder acceder a la Educación Superior, estarían cerca de dos millones de jóvenes bachilleres – entre los 17 y los 21 años – en Colombia.

Estas cifras fueron aportadas por el Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Universidad Javeriana, luego de un análisis realizado tanto en colegios públicos como en privados, sobre lo que hacen sus estudiantes tras salir de Educación Media.

Inmediatamente después de graduarse en 2018, un 40 por ciento de los jóvenes – es decir 188 mil 666 – pasaron a una institución de Educación Superior en el año 2019; el 60 por ciento – osea 286 mil 399 – no tuvo la oportunidad de ingresar a estudiar.

En una comparación que hace el LEE entre el año 2017 y el 2019, el acceso a las Universidades y a la Educación Superior disminuyó en un 6.3 por ciento, representando a unos 20 mil estudiantes menos.

A esto se suma que, según el Dane, entre abril y junio de este año el desempleo juvenil estuvo por los 23.3 por ciento, lo que sería 1.5 millones de muchachos que no cuentan con trabajo; la entidad estadística también reportó que hay 5.7 millones de jóvenes inactivos, sin empleo ni estudio.

Por todo esto, una de las conclusiones más importantes que entrega Luz Abadía, codirectora del LEE, es que es muy importante “que los estudiantes salgan muy bien preparados de los colegios para que, si así lo desean, ingresen a educación superior sin rezagos académicos o estén preparados para ingresar al mercado laboral e incluso acceder a certificaciones internacionales para potenciar su desarrollo personal y laboral”.

Publicado por Redacción Nacional
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En Bucaramanga, durante un operativo desarrollado en los últimos días, unidades del GAULA de la Policía Nacional lograron capturar a dos personas cuando recibían cinco millones de pesos exigidos a un comerciante de la ciudad. La acción, resultado de un plan antiextorsión apoyado en análisis técnico y seguimiento audiovisual, permitió desarticular una modalidad de intimidación basada en amenazas digitales, suplantación de grupos armados y presión directa sobre establecimientos comerciales. La investigación no comenzó con la captura, sino con el temor de un comerciante que empezó a recibir mensajes y llamadas en las que le exigían dinero a cambio de no atentar contra su negocio. Las comunicaciones no eran genéricas: incluían fotografías recientes de su establecimiento y advertencias que buscaban generar pánico inmediato. Según el trabajo judicial, los responsables se hacían pasar por integrantes de estructuras armadas como el EGC y el ELN, utilizando esa falsa identidad para dar credibilidad a las amenazas. Las exigencias económicas variaban entre uno y cinco millones de pesos, dependiendo de la supuesta “capacidad de pago” de cada víctima. A partir de la denuncia, el GAULA activó un plan antiextorsión que se extendió por varios sectores de Bucaramanga. Durante semanas, los investigadores revisaron más de 200 cámaras de seguridad públicas y privadas, además de analizar cerca de 300 horas de grabaciones, con el objetivo de reconstruir los movimientos de los sospechosos y establecer patrones de comportamiento. Ese seguimiento permitió identificar no solo el punto y la modalidad de entrega del dinero, sino también la posible existencia de otras víctimas que habrían sido contactadas bajo el mismo esquema de intimidación. Con la información recopilada, se coordinó el operativo que culminó con la captura en flagrancia. El procedimiento se realizó en el momento exacto en que los dos señalados recibían los cinco millones de pesos producto de la extorsión. En su poder fueron hallados varios elementos que ahora hacen parte del proceso judicial, entre ellos una motocicleta utilizada para los desplazamientos, dos teléfonos celulares y panfletos extorsivos presuntamente empleados para reforzar las amenazas. Las autoridades consideran que este caso evidencia una modalidad creciente de extorsión basada en el uso de tecnología y en la suplantación de organizaciones armadas para infundir miedo sin pertenecer realmente a ellas. El material incautado será clave para establecer si los capturados están vinculados con otros hechos similares en la ciudad. Desde la Policía Nacional reiteraron que la denuncia oportuna fue determinante para evitar que el comerciante siguiera siendo víctima de presiones económicas y para avanzar en la identificación de los responsables. Asimismo, insistieron en que ningún ciudadano debe acceder a este tipo de exigencias. El caso quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación, mientras el GAULA mantiene abiertas otras líneas de investigación derivadas del análisis de cámaras y comunicaciones, con el fin de ubicar a posibles cómplices y proteger a otros comerciantes.

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