Supuestos quebrantos de salud retrasan proceso de Vives

Con varias excusas debido a supuestos quebrantos de salud, la defensa de Enrique Vives Caballero, el empresario que arrolló mortalmente a seis jóvenes y dejó a un adolescente gravemente herido en Santa Marta, ha logrado aplazar la audiencia de imputación de cargos por este hecho.

El martes se habría alcanzado a ejecutar la legalización de su captura tras el siniestro vial registrado en el sector de La Gaira, pero luego de eso, argumentos sobre su condición física y mental surgieron interrumpiendo el proceso que podría señalarlo por el delito de homicidio a título de dolo eventual.

Esta es una situación que parece muy conveniente, “una estrategia baja’ y hasta una burla para los allegados de las siete víctimas, luego de que se comprobara que Vives iba conduciendo una camioneta bajo los efectos del alcohol y a gran velocidad por la Troncal Caribe.

En las audiencias se han mostrado al excandidato al concejo sobre la cama de una clínica, inconsciente por los sedantes que le ha suministrado, por lo cual su defensa dice que no está apto para responder ante el Juez.

Pese a esta argumentación, solo se habría conocido un parte médico del lunes 13 de septiembre, en el que se expresa que tiene una lesión leve en el labio, gastritis, dolor en el abdomen e insomnio, nada más.

Incluso, Vives habría sido trasladado a una clínica de reposo mental, buscando una valoración siquiátrica por el supuesto trastorno que padece luego del accidente, en contra de una negación que había dado la Jueza a cargo sobre esta solicitud. 

Lo anterior aumentó la furia de la ciudadanía y de las familias de las víctimas, quienes piden más rigurosidad en el proceso; por lo cual, el Juzgado solicitó a Medicina Legal todos los exámenes de rigor para determinar la condición del empresario y que pueda finalmente ser judicializado.

De llegarse a dar, tanto el defensor como el acusado podrían ser puestos ‘bajo la lupa’ de la Comisión de Disciplina Judicial, en un proceso por fraude procesal debido a las supuestas maniobras dilatorias para retardar las audiencias. Esto les podría acarrear mulas, amonestaciones, suspensiones o incluso exclusión de la profesión en el caso del abogado.