País - Agosto 09 de 2026 - 10:46 AM

Tres generaciones de una familia colombiana murieron en accidente de helicóptero en Río de Janeiro

Un paseo de veinte minutos sobre Río de Janeiro terminó convirtiéndose en la peor noticia para una familia colombiana. Tres mujeres de tres generaciones distintas —abuela, hija y nieta— murieron el sábado 8 de agosto cuando el helicóptero en el que hacían un vuelo panorámico se precipitó en una ladera boscosa del Parque Nacional de Tijuca. Con ellas falleció el piloto brasileño. Habían viajado a Brasil para celebrar los quince años de otra joven de la familia.

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El grupo familiar lo componían seis personas y había llegado a Río de Janeiro el lunes anterior, con planes de quedarse hasta el martes siguiente. Era la primera vez que las tres mujeres viajaban a Brasil. Durante esos días recorrieron distintos puntos de la ciudad y alcanzaron a conocer Búzios, en la Región de los Lagos. El paseo aéreo lo habían contratado como parte de la celebración: un sobrevuelo panorámico de unos veinte minutos, con las puertas de la aeronave abiertas, por el que pagaron 2.550 reales —algo más de un millón y medio de pesos colombianos—, según el comprobante de pago divulgado en Brasil.


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Como el helicóptero solo podía llevar tres pasajeros además del piloto, el grupo tuvo que partirse en dos. Víctor Manrique, hijo de Lida Rocío Cubillos, relató a la prensa brasileña que llegaron seis y les explicaron que irían de a tres por vuelo; su madre, su hermana y su sobrina llegaron primero al punto de encuentro y por eso les correspondió el primer turno. Él, su esposa Daniela Castañeda y su hija subirían apenas regresara la aeronave. Ese segundo vuelo nunca despegó.


La aeronave era un Robinson R44 de matrícula PP-MFS, operado por una compañía dedicada a recorridos turísticos sobre distintos puntos de Río. Cayó en una zona escarpada y de difícil acceso de Alto da Boa Vista, cerca del mirador de la Vista Chinesa, y quedó envuelta en llamas tras el impacto. El Cuerpo de Bomberos recibió la alerta a las 11:11 de la mañana, hora local, y el fuego alcanzó a extenderse a una parte del bosque. La dificultad del terreno obligó a los rescatistas a tardar horas en retirar los cuerpos, que fueron trasladados al instituto forense para las pericias de identificación. Mientras eso ocurría, los familiares que aguardaban en el hangar escucharon primero a un empleado hablar de un aterrizaje forzoso, y terminaron enterándose de la magnitud de lo sucedido por los medios de comunicación.


Según los registros de la Agencia Nacional de Aviación Civil de Brasil, el helicóptero figuraba en condiciones normales de aeronavegabilidad, con certificado vigente hasta el 5 de junio de 2027, y estaba autorizado para efectuar vuelos panorámicos. El Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos, Cenipa, asumió la investigación para establecer las causas del siniestro, que hasta el momento no han sido determinadas. Un elemento podría resultar clave: la aeronave llevaba instalada una cámara para registrar los vuelos turísticos, dispositivo que fue recuperado y será sometido a análisis pericial. El piloto, Alessandro Rocha, acumulaba cerca de dos décadas de experiencia como instructor de ultraligeros y helicópteros.


El accidente reabrió el debate sobre la seguridad de esta modalidad turística en la ciudad. Se trata del quinto accidente mortal en un año en el estado de Río de Janeiro. El alcalde Eduardo Cavaliere se desplazó hasta el lugar, exigió una actuación inmediata de la autoridad aeronáutica y planteó la posibilidad de suspender temporalmente los vuelos panorámicos mientras se revisan las condiciones de seguridad. Del lado colombiano, la Cancillería informó que el Consulado en Río de Janeiro adelanta las diligencias con las autoridades locales y está en contacto con los familiares para brindarles la orientación correspondiente.


Publicado por Redacción Judicial
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En Bucaramanga, durante un operativo desarrollado en los últimos días, unidades del GAULA de la Policía Nacional lograron capturar a dos personas cuando recibían cinco millones de pesos exigidos a un comerciante de la ciudad. La acción, resultado de un plan antiextorsión apoyado en análisis técnico y seguimiento audiovisual, permitió desarticular una modalidad de intimidación basada en amenazas digitales, suplantación de grupos armados y presión directa sobre establecimientos comerciales. La investigación no comenzó con la captura, sino con el temor de un comerciante que empezó a recibir mensajes y llamadas en las que le exigían dinero a cambio de no atentar contra su negocio. Las comunicaciones no eran genéricas: incluían fotografías recientes de su establecimiento y advertencias que buscaban generar pánico inmediato. Según el trabajo judicial, los responsables se hacían pasar por integrantes de estructuras armadas como el EGC y el ELN, utilizando esa falsa identidad para dar credibilidad a las amenazas. Las exigencias económicas variaban entre uno y cinco millones de pesos, dependiendo de la supuesta “capacidad de pago” de cada víctima. A partir de la denuncia, el GAULA activó un plan antiextorsión que se extendió por varios sectores de Bucaramanga. Durante semanas, los investigadores revisaron más de 200 cámaras de seguridad públicas y privadas, además de analizar cerca de 300 horas de grabaciones, con el objetivo de reconstruir los movimientos de los sospechosos y establecer patrones de comportamiento. Ese seguimiento permitió identificar no solo el punto y la modalidad de entrega del dinero, sino también la posible existencia de otras víctimas que habrían sido contactadas bajo el mismo esquema de intimidación. Con la información recopilada, se coordinó el operativo que culminó con la captura en flagrancia. El procedimiento se realizó en el momento exacto en que los dos señalados recibían los cinco millones de pesos producto de la extorsión. En su poder fueron hallados varios elementos que ahora hacen parte del proceso judicial, entre ellos una motocicleta utilizada para los desplazamientos, dos teléfonos celulares y panfletos extorsivos presuntamente empleados para reforzar las amenazas. Las autoridades consideran que este caso evidencia una modalidad creciente de extorsión basada en el uso de tecnología y en la suplantación de organizaciones armadas para infundir miedo sin pertenecer realmente a ellas. El material incautado será clave para establecer si los capturados están vinculados con otros hechos similares en la ciudad. Desde la Policía Nacional reiteraron que la denuncia oportuna fue determinante para evitar que el comerciante siguiera siendo víctima de presiones económicas y para avanzar en la identificación de los responsables. Asimismo, insistieron en que ningún ciudadano debe acceder a este tipo de exigencias. El caso quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación, mientras el GAULA mantiene abiertas otras líneas de investigación derivadas del análisis de cámaras y comunicaciones, con el fin de ubicar a posibles cómplices y proteger a otros comerciantes.

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