Video| Sicarios que iban a matar a un empresario fueron enfrentados por el Gaula del Ejército

Un video de cámaras de seguridad de alta definición se convirtió en la pieza técnica central para que las autoridades judiciales descifraran, segundo a segundo, la secuencia del violento tiroteo registrado la mañana del pasado lunes 25 de mayo en el norte de Barranquilla. Las imágenes captadas sobre la transitada calle 84 evidencian una cinematográfica emboscada en la que un comando de sicarios pretendía cometer un asesinato selectivo, desencadenando un cruce de más de 80 disparos que involucró a escoltas privados y a unidades del Gaula del Ejército que operaban de manera fortuita en el sector comercial.

El registro fílmico detalla con precisión cronológica el inicio de la acción criminal, justo cuando el esquema de protección de Raúl Antonio Jiménez Montes, socio y protegido de la firma Atenas Seguridad Privada Ltda., arribaba a la sede de la compañía. En el video se observa inicialmente la llegada de dos escoltas a bordo de motocicletas, quienes se encargaron de abrir de forma rápida la reja principal de la empresa. Segundos después, aparecen en escena dos camionetas de alta gama. La primera de ellas logró ingresar al parqueadero interno de la compañía, mientras que el segundo vehículo de protección detuvo su marcha sobre la vía pública, específicamente en la carrera 43B entre carreras 43 y 44, bloqueando el perímetro trasero para asegurar el desembarco del protegido.

La grabación muestra que del primer vehículo descendieron dos custodios para escoltar a Jiménez Montes hacia el interior de las instalaciones, mientras que de la camioneta externa bajaron otros dos uniformados privados, confirmando la robustez del anillo de seguridad. Justo en el instante en que el empresario cruzaba el umbral de la entrada, las cámaras registraron la irrupción de un vehículo del cual descendieron cuatro hombres fuertemente armados y encapuchados. El plan de los agresores, según se visualiza en las secuencias analizadas por los peritos, consistía en someter y neutralizar rápidamente a los escoltas ubicados en la calle para posteriormente ingresar a la estructura y acabar con la vida de Jiménez Montes.

Sin embargo, la pieza audiovisual y las investigaciones posteriores confirmaron que los sicarios no contaban con un factor sorpresa adverso: un grupo operativo del Gaula del Ejército se encontraba a pocos metros realizando actividades encubiertas y de control contra el delito de la extorsión en esa misma zona comercial de la calle 84. Al percatarse del ataque indiscriminado, los militares intervinieron de forma inmediata para repeler el atentado, desatando una balacera que sembró el pánico entre los transeúntes del norte de la ciudad.

En medio de las ráfagas que detalla el video, cayó herido de gravedad el escolta Argenis Andrés Bonett Carmona, de 30 años de edad, quien recibió un impacto de bala en la cabeza y falleció de manera instantánea en el lugar de los hechos. Asimismo, las imágenes muestran las maniobras de cobertura de los otros trabajadores de la empresa Atenas que resultaron heridos en las extremidades y el torso durante el intercambio de disparos, identificados posteriormente por las autoridades de salud como Guillermo Márquez Rivera, de 39 años; Luis Carlos Granados Méndez, de 25 años; y Henry Gabriel Pérez Llanos, quienes debieron ser trasladados de urgencia hacia las instalaciones de la Clínica Bonnadona Prevenir.

El reporte forense y de balística desarrollado por los agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación confirmó la magnitud del enfrentamiento al recolectar en la escena un total de 67 vainillas percutidas calibre 9 milímetros, 13 vainillas calibre 5.56, un cartucho sin percutir y un proyectil deformado. De igual forma, en el procedimiento de reacción penal tras cesar los disparos, las autoridades lograron la incautación de un poderoso arsenal en poder de los delincuentes, compuesto por un fusil Smith & Wesson, una pistola Glock 34 y una subametralladora mini Uzi, armas que estaban dotadas con cargadores de tambor con capacidad para almacenar un mínimo de 50 cartuchos cada uno.

El operativo desplegado en la calle 84 arrojó la captura inmediata de Yoel Andrés Estor Gómez y de Daniel de Jesús González Palma, conocido en el entorno delictivo bajo el alias de ‘Danielito’, ambos señalados por los organismos de inteligencia del Estado como integrantes activos de la estructura criminal ‘Los Costeños’. En la misma acción fue aprehendido un menor de 17 años de edad, identificado con el alias de ‘Luchito’. Tanto González Palma como el adolescente debieron recibir asistencia hospitalaria bajo estricta custodia policial, debido a que sufrieron heridas por impactos de bala durante la confrontación con el Gaula.

Tras el atentado, Raúl Antonio Jiménez Montes difundió un pronunciamiento a través de sus canales digitales donde denunció ser víctima de una persecución sistemática en contra de su integridad y de sus firmas comerciales, catalogando el suceso como un intento de asesinato directo, por lo que exigió garantías urgentes a la Fiscalía General de la Nación y a la Policía Nacional.

Este violento episodio reactivó la polémica en el sector de la seguridad privada en el departamento del Atlántico. A mediados del pasado mes de abril, el superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, Larry Álvarez Morales, había anunciado la cancelación de la licencia de funcionamiento en primera instancia de 31 firmas de seguridad a nivel nacional, incluyendo de manera explícita a Atenas Seguridad Privada Ltda., bajo sospechas de infiltración criminal. Según la Supervigilancia, se había detectado un patrón en el que empresas legales terminaban poniendo armamento autorizado y personal operativo al servicio de organizaciones ilegales para actividades como el lavado de activos. Frente a dicha sanción administrativa, los apoderados legales de Atenas habían manifestado que la medida era injusta y que existía un fallo de tutela que ordenaba suspender la cancelación de la licencia, recurso que, según la defensa de la compañía, no había sido acatado por el ente regulador antes de que se registrara la balacera.