La situación financiera de Acuasan estalló: la viabilidad de la empresa pública de San Gil pende de un hilo ante una abrumadora carga de compromisos laborales. Revelaciones documentales exponen una realidad fiscal insostenible: salarios que superan los $11 millones mensuales, un desmedido incremento salarial para este 2026, un enorme paquete prestacional con bonificaciones, primas extralegales, jugosos auxilios, blindajes de indemnización e inyección de fondos para actividades sindicales configuran una bomba de tiempo presupuestal que amenaza seriamente el futuro del patrimonio público sangileño.
La estabilidad de Acuasan se encuentra bajo la lupa. La pesada estructura de sus costos laborales entre las que se cuentan la prima extralegal de servicios, la prima extralegal de Navidad y la prima extralegal de vacaciones, así como las condiciones fijadas en la Convención Colectiva de Trabajo de 2023 se han convertido en el centro de un candente debate sobre el rumbo financiero de la entidad pública de San Gil.
Expedientes y registros oficiales destapan una pesada carga: la empresa no solo responde por salarios, sino por una cuantiosa suma de bonificaciones, primas, auxilios y beneficios extralegales que disparan de forma drástica el costo mensual de cada trabajador. La situación se ha vuelto insostenible y lo más grave es que hay una pugna interna que parece hacer inviable el futuro de la entidad.
Costos laborales por cargo
De acuerdo con la información revisada, al sumar salario y otros conceptos laborales, los costos mensuales promedio asumidos por Acuasan varían dependiendo del cargo.
En el caso de los líderes de área, el costo para la empresa supera los $11 millones mensuales, mientras que para los supervisores de grado profesional se ubica por encima de los $10 millones.
Los conductores y operarios de potabilización, por su parte, representan un costo superior a los $6 millones mensuales por trabajador. Para los operarios de redes y operarios de aseo, la cifra promedio supera los $5 millones mensuales por empleado.
Es importante precisar que estas cantidades corresponden al costo laboral estimado para la empresa y no necesariamente al salario que recibe directamente cada trabajador. En estos valores pueden estar incluidos prestaciones, primas, bonificaciones, auxilios y demás obligaciones laborales.

¿Qué establece la Convención Colectiva?
Parte de estos costos está relacionada con los beneficios contemplados en la Convención Colectiva de Trabajo suscrita en 2023.
Entre las disposiciones señaladas en la documentación revisada aparece un incremento salarial del 24 % para todos los trabajadores en el 2026. Por su magnitud, este ajuste constituye uno de los elementos que amerita ser evaluado dentro de las proyecciones financieras de la empresa.
La convención también contempla una Bonificación por Servicios Prestados, reconocimiento anual que, según la información suministrada, equivale a entre el 35 % y el 50 % del salario, dependiendo de las condiciones aplicables a cada trabajador.
Otro de los puntos relevantes corresponde al régimen de indemnizaciones por terminación del contrato. Según los documentos examinados, determinadas situaciones podrían generar reconocimientos de hasta 230 días de salario por el primer año laborado.

Primas por todo
Los trabajadores cobijados por los acuerdos colectivos cuentan además con beneficios extralegales que se adicionan a las prestaciones establecidas por la legislación laboral.
Entre ellos aparecen una Prima Extralegal de Servicios, Prima Extralegal de Navidad y Prima Extralegal de Vacaciones.
La documentación revisada también señala la entrega de hasta cinco dotaciones durante el año, así como el reconocimiento del 100 % del ingreso en determinados periodos de incapacidad, de acuerdo con las condiciones previstas en los acuerdos laborales.
Asimismo, existen pagos asociados a rodamiento, adicionales al auxilio de transporte cuando este resulte aplicable, además de auxilios educativos y funerarios.
La convención contempla igualmente recursos destinados a actividades recreacionales para los trabajadores, independientemente de los servicios o programas que puedan ser ofrecidos por la Caja de Compensación Familiar.

Recursos destinados a la actividad sindical
Otro componente corresponde a las garantías establecidas para el ejercicio de la actividad sindical.
Según la información analizada, Acuasan debe reconocer un auxilio sindical superior a los $30 millones anuales, además de asumir determinados gastos y viáticos relacionados con actividades sindicales, conforme a las condiciones pactadas.
Estos desembolsos forman parte de los compromisos derivados de la relación entre la empresa y las organizaciones de trabajadores y, como los demás costos laborales, deben ser considerados dentro de la planeación presupuestal de la entidad.
Más de 30 permisos sindicales durante un semestre
Los registros internos consultados también muestran el uso frecuente de permisos sindicales por parte de algunos dirigentes.
Uno de los casos identificados corresponde a la presidenta de una de las organizaciones sindicales, quien, según esos registros, acumuló más de 30 permisos sindicales durante un semestre.
El número abre interrogantes sobre la frecuencia, duración y efecto operativo de estos permisos, aunque por sí solo no permite concluir que exista ausentismo injustificado. Los permisos sindicales hacen parte de las garantías reconocidas para el ejercicio de la actividad sindical y pueden encontrarse respaldados por la legislación, la convención colectiva u otros acuerdos vigentes.
Para determinar su impacto real sería necesario establecer cuántas jornadas laborales representaron esos permisos, cuáles fueron sus motivos, bajo qué disposiciones fueron autorizados y si generaron costos adicionales, reemplazos o afectaciones en la operación.

El debate sobre la sostenibilidad de Acuasan
Las cifras ponen sobre la mesa una discusión relevante para San Gil: qué peso tienen actualmente las obligaciones laborales convencionales dentro de los gastos de Acuasan y cuál será su impacto financiero durante los próximos años.
Por tratarse de una empresa pública encargada de servicios esenciales para San Gil, la discusión sobre sus costos, obligaciones y sostenibilidad financiera tiene un evidente interés ciudadano.
Un análisis integral deberá establecer si las condiciones laborales vigentes son financieramente sostenibles, qué impacto tendrá el incremento salarial previsto para 2026 y qué otros factores están incidiendo en las finanzas de la compañía.
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