Declaran nulo el acuerdo que creó fondo que manejaba multimillonarios contratos en Santander

En un fallo de primera instancia proferido este lunes 21 de septiembre de 2026, el Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga declaró la nulidad absoluta del Acuerdo No. 002 del 12 de febrero de 2025. Dicha normativa había sido expedida por el Concejo Municipal de Capitanejo y sancionada por el alcalde de la localidad, Jaime Antonio Sepúlveda Gutiérrez, otorgándole facultades extraordinarias al mandatario para estructurar, crear e integrar el Fondo de Desarrollo Colombiano (Fodecol), un ente mixto cuya existencia jurídica queda al borde del desmonte y que ha funcionado como un masivo canal de contratación en el departamento de Santander.

La acción de nulidad simple que desencadenó el fallo fue promovida por el exrepresentante a la Cámara por Santander, Cristian Avendaño, quien argumentó ante la justicia que la corporación edilicia de Capitanejo incurrió en graves vicios de legalidad al conceder una autorización de carácter general e indefinido que vació las competencias propias del cabildo, careciendo además de fundamentos y motivaciones de orden técnico y financiero. Al resolver el fondo del litigio contencioso, el juez de la causa constató que la administración municipal infringió de manera directa las exigencias contempladas en el Artículo 7 de la Ley 819 de 2003, al omitir por completo un estudio explícito, debidamente cuantificado y riguroso sobre el impacto fiscal de la iniciativa.

Asimismo, la sentencia determinó que la iniciativa incumplió con el requisito ineludible del «estudio demostrativo» fijado por el Artículo 69 de la Ley 489 de 1998. El documento técnico presentado por la Alcaldía evidenció una absoluta falta de rigor metodológico, carecía de fecha cierta e información idónea, y lo más grave, fue radicado ante el Concejo Municipal con posterioridad a la constitución formal de la entidad en septiembre de 2024, desvirtuando por completo su condición de insumo previo.

Entre las motivaciones centrales expuestas en la providencia judicial para fulminar el acuerdo figuran la ausencia de un análisis de viabilidad, la indeterminación de aspectos esenciales como la cuantía exacta de los recursos públicos, la proporción de los capitales mixtos, las fuentes de financiación y la inobservancia de los cuestionamientos sobre cómo un patrimonio inicial de apenas $25.480.000 pretendía asumir un objeto social desproporcionado que abarcaba obras viales, infraestructura y gestión ambiental. Igualmente, el juzgado censuró que el domicilio principal de esta entidad descentralizada indirecta del orden municipal de Capitanejo hubiese sido fijado inicialmente en Bucaramanga y posteriormente trasladado a Floridablanca.

La controversia alrededor de Fodecol escaló exponencialmente debido a su vertiginosa expansión operacional y a su habilitación como un vehículo contractual para la administración departamental. El proyecto, impulsado por el alcalde Jaime Antonio Sepúlveda Gutiérrez —reconocido aliado político del gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus—, se constituyó con un capital pagado de $25 millones, donde la Alcaldía detentó el 51,01 % ($13 millones) y el 48,99 % restante se dividió en partes iguales (16,33 % equivalente a $4 millones cada una) entre las firmas privadas Jurídicos Integrados Mena & Maya, Neza SAS y D&C Ingenieros Contratistas SAS.

Pese a su minúsculo músculo financiero y a sus escasos 15 meses de trayectoria, la Gobernación de Santander le encomendó de manera directa la ejecución de megaproyectos superiores a los 140 mil millones de pesos, resaltando el contrato de $114 mil millones para levantar el centro de eventos Arena Bonita en Girón, un esquema criticado por expertos al canalizar recursos públicos eludiendo las licitaciones de la Ley 80 mediante manuales de derecho privado.

El andamiaje político del fondo también ha estado bajo la lupa de los entes de control. Informes periodísticos previos revelaron estrechos nexos entre la firma fundadora D&C Ingenieros Contratistas SAS —creada en 2019 por Karol Mishelle Contreras Quintero— y el entorno familiar del representante Luis Eduardo Díaz Mateus y del gobernador Juvenal Díaz Mateus, recordando que Contreras asumió como secretaria de Turismo de Floridablanca meses después de fundar la compañía y que la sociedad VDC Proyectos SAS, vinculada a su historial, fungió como interventora en contratos adjudicados por Fodecol.

Ante las presuntas anomalías en su conformación y su súbito poder financiero, la Procuraduría General de la Nación abrió una indagación preliminar el pasado 18 de enero de 2026 contra funcionarios indeterminados de la Alcaldía de Capitanejo. Con la declaratoria de nulidad proferida por el Juzgado Once Administrativo, el armazón jurídico de Fodecol se desploma, poniendo un freno definitivo a uno de los contrataderos más cuestionados de la contratación territorial en Santander.