Mineros de Soto Norte denuncian intento de "delimitación exprés" del páramo de Santurbán
Líderes de Asomineros Vetas denunciaron que el Ministerio de Ambiente busca ejecutar una "delimitación exprés" del páramo de Santurbán a un mes de finalizar el actual Gobierno. Los gremios rechazan lo que consideran un proceso unilateral y han convocado a cientos de habitantes a una resistencia pacífica durante la mesa de concertación del 4 de julio en Bucaramanga.
Líderes mineros de la provincia de Soto Norte, encabezados por la presidenta de Asomineros Vetas, Ivonne González, han lanzado una dura advertencia contra la nueva mesa de concertación convocada por el Ministerio de Ambiente para el próximo sábado 4 de julio en Bucaramanga. Según los gremios, el Gobierno nacional pretendería llevar a cabo una "delimitación exprés" del páramo de Santurbán en los últimos 30 días de administración, intentando acelerar de manera unilateral un proceso que ha permanecido estancado durante los nueve años transcurridos desde la Sentencia T-361 de 2017 de la Corte Constitucional.
La dirigente gremial fue enfática en señalar que este intento de cierre acelerado desconoce principios fundamentales de participación ciudadana. "Quieren hacer en un mes lo que no hicieron en nueve años", afirmó González, calificando la iniciativa como un proceder ajeno a las normas constitucionales. Ante la preocupación por lo que consideran una vulneración de los acuerdos logrados previamente —incluyendo procesos técnicos avanzados en Vetas durante 2022—, el sector minero anunció que se declarará en desobediencia civil y resistencia pacífica si la concertación se desarrolla bajo parámetros que excluyan la visión de las comunidades tradicionales.
El malestar también se extiende a la forma en que se han llevado a cabo las sesiones previas en municipios como Girón y Floridablanca. Los mineros denuncian que la representación comunitaria ha sido mínima, lo que, a su juicio, deslegitima el proceso de concertación. En contraste, el Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán rechazó las acusaciones de Asomineros, calificándolas como una táctica de intimidación. El sector ambientalista sostiene que el proceso no es "exprés", sino la continuación de una labor de ocho años, y defiende la legitimidad de los espacios de concertación, argumentando que estos encuentros son el escenario natural para que la ciudadanía proteja el recurso hídrico.
El trasfondo de esta tensión incluye el temor a impactos socioeconómicos severos. La falta de una delimitación técnica clara, según los mineros, ha mantenido a la región en un limbo jurídico que, irónicamente, termina favoreciendo la expansión de la minería ilegal frente a la formal. Asimismo, los habitantes de municipios como Vetas, California y Suratá ven con recelo los procesos de adquisición de predios para conservación, al considerar que podrían derivar en el desplazamiento de comunidades que han habitado el territorio por generaciones, sin ofrecer alternativas reales de sustento.
En este complejo escenario, el presidente electo Abelardo de la Espriella ha marcado su postura, prometiendo una política basada estrictamente en criterios técnicos. De la Espriella aseguró que su administración respetará las zonas que deban ser santuarios ambientales, pero avalará la minería donde los estudios demuestren su viabilidad, argumentando que una política clara es la única forma de frenar la contaminación generada por la explotación ilegal. Mientras tanto, la tensión se agudiza tras la reciente sanción por desacato impuesta a la ministra de Ambiente por el Tribunal Administrativo de Santander, lo que, según los mineros, ha presionado al Ejecutivo a intentar concluir la delimitación de forma apresurada y, presuntamente, politizada.
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