El secretario del Interior, Óscar Hernández, confirmó la identificación de una mujer en Piedecuesta que aparecía como desaparecida en las bases de datos. El CTI inició las verificaciones para determinar si se trató de una falla administrativa en la actualización de los sistemas de la Fiscalía.
La articulación institucional y los mecanismos de control desplegados durante la pasada jornada electoral en el departamento de Santander permitieron la ubicación de una ciudadana de 59 años de edad, sobre quien pesaba un reporte vigente por desaparición forzada o involuntaria en las bases de datos judiciales del orden nacional. El hallazgo se materializó en el municipio de Piedecuesta, en el momento exacto en que la mujer se disponía a ejercer su derecho constitucional al sufragio.
La novedad se registró en uno de los puestos de votación habilitados en la localidad, cuando la ciudadana suministró su documento de identidad ante los jurados y las autoridades electorales. Durante el proceso obligatorio de validación y confrontación de datos mediante el sistema de identificación biométrica, la plataforma tecnológica generó una alerta automatizada que vinculaba el número de cédula de la votante con una denuncia activa por desaparición radicada previamente ante la Fiscalía General de la Nación en el municipio de San Gil, Santander.
Ante la señal de alarma, los delegados de la Registraduría Nacional del Estado Civil activaron de forma inmediata los protocolos de seguridad y notificaron la situación a los uniformados de la Policía Metropolitana de Bucaramanga y a los funcionarios de los organismos judiciales apostados en el centro de votación. Las verificaciones preliminares en el sitio permitieron constatar que la mujer se encuentra en buenas condiciones físicas y que actualmente reside de manera permanente en Piedecuesta, pese a que su estado legal no había sido actualizado en los sistemas oficiales de la administración de justicia.
Verificación a cargo de la Fiscalía y la Mesa de Justicia
El secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, confirmó la veracidad del procedimiento y destacó que la detección de la ciudadana fue el resultado directo de los filtros y de la articulación institucional coordinada desde el Puesto de Mando Unificado (PMU). El jefe de la cartera de seguridad departamental explicó el trámite surtido tras el requerimiento en las urnas:
“Es un caso de una persona que estaba reportada como desaparecida. En el procedimiento y el debido acompañamiento institucional se identifica. El caso para la Fiscalía es atendido por la Mesa de Justicia y ya está dándole claridad a este acompañamiento institucional en el puesto de mando unificado”.
Una vez individualizada la mujer, las autoridades pusieron el expediente en conocimiento de las unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con el propósito de adelantar los actos administrativos y judiciales pertinentes. Hasta el momento, el ente acusador mantiene bajo reserva la fecha exacta en la que se interpuso la denuncia inicial en San Gil, los motivos que dieron origen a la presunta ausencia y los detalles de las circunstancias que rodearon el caso en su momento.
Los investigadores de la Fiscalía General de la Nación centran las indagaciones en establecer si la permanencia de la ciudadana en los listados de personas desaparecidas obedeció a una falla técnico-administrativa o a la falta de notificación oportuna para la actualización y el cierre formal del radicado. Asimismo, las dependencias correspondientes iniciaron los trámites para desactivar la circular de búsqueda y depurar el Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres (Sirdec).
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