Alcalde de Bucaramanga alerta sobre presuntas irregularidades en contratos de El Carrasco

El manejo de los residuos sólidos en Bucaramanga volvió a convertirse en foco de controversia luego de que el alcalde Cristian Portilla denunciara presuntas irregularidades en dos procesos contractuales asociados al relleno sanitario El Carrasco. Los contratos cuestionados fueron firmados durante el periodo del exalcalde designado Javier Sarmiento y, de acuerdo con el actual mandatario, presentan vacíos que deben ser revisados por las autoridades competentes.

Uno de los principales cuestionamientos recae sobre un convenio interadministrativo suscrito entre la Alcaldía de Bucaramanga, la Empresa Municipal de Aseo de Bucaramanga y la Gobernación de Santander, con el que se buscaba estructurar una solución de largo plazo para la disposición final de residuos. Portilla advirtió que este acuerdo habría sido firmado en un momento jurídicamente sensible y con compromisos financieros de gran magnitud.

Durante una diligencia judicial realizada el 19 de diciembre ante el Juzgado Quince Administrativo, el alcalde expuso que el convenio comprometería recursos superiores a los 16 mil millones de pesos sin contar, presuntamente, con las autorizaciones necesarias de vigencias futuras ni con estudios previos que garantizaran la sostenibilidad financiera del plan propuesto.

A estas observaciones se sumó la ausencia de un concepto de viabilidad jurídica, exigido por la normatividad municipal vigente. Según Portilla, este requisito no habría sido cumplido, lo que debilita la estructura legal del convenio y genera dudas sobre su legalidad y conveniencia para la ciudad.

El mandatario también cuestionó que parte de la documentación relacionada con el acuerdo no haya sido publicada, situación que, en su criterio, afecta los principios de transparencia y publicidad que deben regir la contratación pública. Estas preocupaciones fueron expuestas ante el despacho judicial y contaron con observaciones de la Procuraduría General de la Nación.

Aunque aclaró que no tiene competencia para controvertir directamente un convenio que no fue firmado durante su administración, Portilla solicitó autorización judicial para avanzar en un nuevo plan de acción que permita atender el problema de El Carrasco con una estructura técnica y financiera sólida. La propuesta inicial contempla una primera fase de inversión cercana a los 4.200 millones de pesos.

La segunda alerta está relacionada con la planta de tratamiento de lixiviados de El Carrasco, una obra ejecutada con una inversión aproximada de 15 mil millones de pesos. El alcalde explicó que, pese a que el contrato establecía su entrada en operación a comienzos de noviembre, la planta solo comenzó a funcionar a mediados de diciembre.

El retraso, cercano a dos meses, genera inquietud en la administración actual, especialmente por los altos costos asociados a su mantenimiento, que superarían los 350 millones de pesos mensuales. Portilla señaló que hasta ahora no se ha entregado una explicación técnica clara que justifique la demora ni los costos asumidos durante ese periodo.

El alcalde concluyó que ambos casos constituyen alertas que deben ser analizadas a fondo por los organismos de control y reiteró que su gobierno buscará avanzar en soluciones estructurales para el manejo de residuos, priorizando la legalidad, la planeación responsable y la transparencia en el uso de los recursos públicos.