Congresista Diego Fran busca destrabar la ruta predial para la doble calzada La Virgen - La Cemento

El representante a la Cámara por el departamento de Santander, Diego Fran Ariza Pérez, asumió un rol protagónico de intermediación política e institucional durante la más reciente mesa de trabajo de seguimiento al programa vial Vías de La Cigarra, adelantada en la sede central de la Contraloría General de la República con la presencia y acompañamiento de la Contraloría Departamental.

En el espacio técnico, que contó con la asistencia de los alcaldes de los municipios de Bucaramanga, Lebrija y Rionegro, la Gobernación de Santander, Findeter, el Instituto Nacional de Vías (Invías) y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el congresista fue el encargado de desglosar el mapa financiero, fijar las cifras operativas y detallar las responsabilidades asignadas a las entidades estatales para destrabar la construcción de la doble calzada entre el sector de La Virgen y el puente La Cemento, en el norte de la capital santandereana.

Durante su intervención en la reunión de alto nivel, Diego Fran Ariza entregó el balance exacto de la gestión predial requerida para cumplir con la licencia ambiental modificada del proyecto, la cual exige la adquisición de un total de 239 predios. El parlamentario precisó que en la actualidad faltan 32 predios cuya responsabilidad quedó directamente en cabeza de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), entidad que ya cuenta con una partida de $38.000 millones de pesos asegurados para adelantar los trámites de compra. Asimismo, Ariza expuso que otros 93 predios pendientes quedaron bajo la competencia técnica y administrativa del Invías, completando así los 125 terrenos que aún deben ser saneados e incorporados al corredor vial.

El segundo punto neurálgico expuesto y cuantificado por el representante Ariza Pérez se centró en la actualización de los estudios y diseños de la obra, los cuales permanecen totalmente congelados desde el año 2018. El congresista reveló de manera pública que la puesta al día de esta documentación técnica tiene un costo estimado de $5.600 millones de pesos, presupuesto que se desglosa en $3.800 millones destinados a la consultoría técnica y la suma restante reservada para la correspondiente interventoría. Ariza advirtió ante todos los actores institucionales presentes que estos recursos económicos aún no se encuentran asignados dentro de las partidas presupuestales, por lo que resulta imperativo iniciar su gestión inmediata para que el proceso licitatorio y de ejecución pueda arrancar.

Sin embargo, el esquema operativo desglosado por Ariza —que prioriza avanzar primero en la compra de terrenos y posteriormente en los diseños— generó observaciones y reparos técnicos dentro de la misma mesa de diálogo. El experto en urbanismo Juan Manuel Álvarez, gerente de Lógica Urbana, advirtió durante el encuentro que enfocar el proyecto a un año de gestión predial mientras la información técnica de 2018 sigue desactualizada representa un riesgo procedimental. Álvarez cuestionó abiertamente la metodología planteada expresando: “Si no tenemos los diseños y los estudios actualizados, toda vez que estos vienen del 2018 y la realidad de la movilidad en el norte ha cambiado, ¿para qué seguimos comprando predios?”. E incluso fue más allá en su planteamiento al señalar: “¿Vamos a comprar entonces predios que es muy probable que no se necesiten?”.

En esa misma línea de análisis, el experto preguntó si el trazado del corredor se articuló debidamente con el Plan de Movilidad Metropolitano y con el Sistema Integrado de Transporte Masivo, recordando la entrega de la Estación del Norte en 2022 y la situación del sector Paso Malo en Café Madrid, dos tramos del paquete de Vías de La Cigarra que, a su juicio, deberían resolverse mediante una sola hoja de ruta integral desde lo técnico, financiero y jurídico.

Por su parte, la mesa de trabajo también fue el escenario para que los mandatarios locales fijaran sus posturas frente a la distribución de competencias y la financiación. El alcalde del municipio de Rionegro, Héctor Johanny Santana Muñoz, reiteró una solicitud formal para que su localidad tenga derecho a voto dentro de la junta directiva del convenio. Santana explicó que actualmente las decisiones contractuales y la destinación de los recaudos de los peajes están concentradas de forma exclusiva en el Invías, Findeter, la Gobernación de Santander y la Alcaldía de Bucaramanga, mientras que Rionegro y Lebrija —municipios donde están instalados los peajes que financian el programa— asisten únicamente con voz pero sin voto.

Además, el mandatario de Rionegro recordó que el peaje de su jurisdicción permanece inactivo desde 2021 y solicitó una inyección directa de recursos al Gobierno Nacional para resolver una problemática que ya deja accidentes y pérdidas humanas. A este llamado se sumó el alcalde de Lebrija, Gabriel Martínez Calderón, quien instó al Ejecutivo central a destinar fondos para solucionar una coyuntura histórica que afecta la movilidad y la seguridad vial hacia Rionegro.

A pesar de las discrepancias metodológicas sobre el orden de las fases, las acciones de intermediación del representante Diego Fran Ariza fueron reconocidas por los asistentes y por la propia comunidad, destacando su liderazgo para sentar a las partes y buscar salidas viables a un proyecto cuyo costo total actualizado se calcula en cerca de $150.000 millones de pesos para sus 4,5 kilómetros de doble calzada. La urgencia de la gestión abanderada por Ariza contrasta con la realidad del corredor del norte de Bucaramanga, donde la Dirección de Tránsito reporta en lo corrido del año 26 siniestros viales con un saldo de cinco personas fallecidas, mientras las obras continúan sin un cronograma definido a la espera de que se contrate y ejecute la actualización técnica de los diseños.