Entre 15 y 20 hogares del barrio Villas de San Ignacio en Bucaramanga recibirán subsidios de arriendo tras decretarse calamidad pública por una falla geológica que daña 121 viviendas; la Alcaldía revisa documentos de propiedad para otorgar el auxilio y gestionará recursos ante la UNGRD para estudios técnicos.
En el norte de Bucaramanga, la inestabilidad del terreno provocada por una falla geológica mantiene en vilo a los habitantes del barrio Villas de San Ignacio, donde 121 viviendas presentan algún grado de afectación y cerca de una veintena de hogares enfrentan peligro inminente de colapso, una situación que llevó a la Administración Municipal a declarar la calamidad pública mediante decreto y activar un plan de evacuación y subsidios de arrendamiento.
Aunque los daños registrados en las 121 estructuras no tienen la misma severidad —mientras algunas edificaciones exhiben grietas superficiales, otras tienen comprometida seriamente su estabilidad—, la prioridad de las autoridades se concentra en los inmuebles que ya no ofrecen condiciones mínimas de habitabilidad. De hecho, cinco familias ya abandonaron sus casas de manera preventiva y, según las estimaciones oficiales, entre 15 y 20 hogares en total recibirán el respaldo económico del municipio para trasladarse a un lugar seguro mientras se define el futuro del sector.
El director de Gestión del Riesgo de Bucaramanga, Didier Rodríguez, explicó que la entrega de estas ayudas constituye la primera respuesta operativa derivada del decreto de calamidad pública expedido por el alcalde Cristian Portilla: “La primera acción será brindar apoyo económico para el pago de arriendo a los hogares cuyas viviendas no ofrecen condiciones de seguridad”.
Para acceder al subsidio de arrendamiento, la Alcaldía de Bucaramanga inició paralelamente un proceso de verificación documental en el sector con un filtro específico: comprobar que las familias más perjudicadas sean efectivamente propietarias de los predios afectados y que no figuren con otro inmueble registrado a su nombre, causal que las inhabilita automáticamente para recibir el auxilio económico.
De forma complementaria a la atención humanitaria inmediata, la Administración Municipal anunció gestiones ante el Gobierno Nacional y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) con el propósito de asegurar financiación para estudios técnicos especializados. Según detalló Rodríguez, esos análisis serán determinantes para el futuro urbanístico de Villas de San Ignacio: “Estos determinarán qué obras se necesitan para estabilizar el terreno y establecerán si es posible recuperar las zonas afectadas o si algunas familias deberán ser reubicadas”.
Entretanto se concretan los recursos nacionales y avanzan los diagnósticos geotécnicos, la Unidad Municipal de Gestión del Riesgo mantendrá el monitoreo permanente —tanto técnico como social— en el barrio para acompañar a los residentes y orientarlos sobre los pasos a seguir frente a la emergencia.
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