Corte Suprema asume investigación contra Jaime Beltrán por el caso de la chatarra

El proceso penal que compromete al actual ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán Martínez, por la presunta desaparición y extracción irregular de toneladas de elementos metálicos y luminarias de la Oficina de Alumbrado Público de la Alcaldía de Bucaramanga durante su periodo como alcalde —escándalo conocido públicamente como el ‘caso chatarra’— pasó formalmente a órbitas de la Corte Suprema de Justicia.

La determinación se produjo luego de que la Fiscalía Cuarta Delegada ante la Corte Suprema asumiera el expediente en razón del fuero constitucional que cobija a Beltrán por su dignidad como alto funcionario del Gobierno Nacional. El traspaso de competencias fue notificado de manera oficial a los ciudadanos denunciantes, Emiro Arias Bueno y Édgar Díaz Millán. Con este cambio de fuero, la máxima corporación judicial de la jurisdicción ordinaria entrará a valorar las evidencias para definir si imputa cargos o archiva las diligencias en contra del ministro por el delito de peculado por apropiación. Anteriormente, la investigación avanzaba en la Fiscalía Cuarta Seccional de Delitos contra la Administración Pública de Bucaramanga, donde la fiscal Nayibe Flórez había dispuesto la ruptura de la unidad procesal para mantener activas las indagaciones contra Beltrán tras el deceso del testigo clave del caso.

La controversia tiene su origen en la sustracción no autorizada de miles de bienes públicos desde los depósitos oficiales de la administración bumanguesa. Pese a que la Alcaldía sostuvo inicialmente que los elementos correspondían a material de desecho inservible o restos del alumbrado navideño, diversas auditorías de control fiscal comprobaron que se trataba de activos en funcionamiento que fueron retirados sin los trámites de baja ni el debido proceso de desvalorización contable. Las evaluaciones técnicas determinaron que el inventario sustraído comprende aproximadamente 760 postes metálicos, más de 21.000 luminarias, 431 reflectores y un transformador eléctrico.

En materia económica, los hallazgos fiscales sufrieron una variación sustancial tras los análisis de la Contraloría Municipal de Bucaramanga. El organismo fiscalizador pasó de una estimación inicial de detrimento patrimonial cifrada en 21 millones de pesos a calcular el desfalco en una cuantía superior a los 43.000 millones, consolidando para el año 2026 un proceso formal de responsabilidad fiscal que alcanza los $46.626 millones de pesos. El expediente recopila varios discos compactos con más de 40 folios de pruebas documentales, testimonios y minutas de guardias de seguridad que evidencian el tránsito constante de vehículos pesados.

Las maniobras de saqueo se concentraron en dos puntos clave: la bodega La Hormiga, ubicada en el barrio La Salle, y un predio adscrito a la Institución Educativa Villas de San Ignacio. En el predio escolar, la administración municipal habría suspendido el servicio de vigilancia privada entre enero y marzo de 2024; registros fotográficos satelitales demuestran que las estructuras, que aparecían colmadas de material en febrero, quedaron completamente vacías para octubre de ese mismo año. Por su parte, en la bodega La Hormiga, los vigilantes consignaron en las bitácoras de control el despacho de más de 50 camiones cargados con postes y luminarias, haciendo constar autorizaciones verbales emitidas por el entonces asesor externo Edgardo Rodríguez Herrera.

Rodríguez Herrera se convirtió en el testigo estelar del proceso tras entablar acercamientos de colaboración con la Fiscalía General de la Nación. En sus declaraciones juramentadas, el exasesor señaló que recibió instrucciones directas de personas vinculadas al entorno cercano del exalcalde —mencionando al exasesor Hernán Villamizar, a la gestora social Paula Ramírez y a su hermano Óscar Ramírez— para coordinar el traslado de los metales hacia un establecimiento de chatarra de propiedad familiar. Adicionalmente, Rodríguez reveló la realización de una reunión privada con Beltrán en la sede de Radio Primavera, en la cual se le habría prometido respaldo y blindaje jurídico. La vía de colaboración judicial quedó truncada el 29 de mayo de 2026, fecha en que el testigo falleció a causa de un shock sistémico derivado de leptospirosis.

Frente a la apertura del expediente en el alto tribunal, el ministro Jaime Andrés Beltrán y su equipo de defensa ratificaron su inocencia y atribuyeron las denuncias a un entramado de persecución política en su contra. El jefe de la cartera de Vivienda cuestionó los peritajes de la Contraloría argumentando que su administración no recibió inventarios formalizados de Alumbrado Público por parte del gobierno del exalcalde Juan Carlos Cárdenas. No obstante, la asunción del proceso por parte de la Corte Suprema marca una etapa determinante que mantiene al alto funcionario bajo investigación penal.