Cristian Portilla alerta por 10 posibles fallas en contratos del alcalde encargado

Aún sin haber iniciado formalmente su mandato, el alcalde electo de Bucaramanga, Cristian Portilla, decidió encender las alarmas institucionales tras concluir el proceso de empalme con la administración saliente. Según explicó, el análisis interno permitió identificar una serie de hechos que, a su juicio, ameritan la intervención inmediata de organismos como la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría y otras autoridades competentes.

Uno de los primeros puntos señalados tiene relación con la crisis en la recolección de residuos sólidos que se vivió en varios sectores de la ciudad durante los últimos meses. Portilla aseguró que, aunque existía un convenio firmado entre la Alcaldía y la Empresa Municipal de Aseo de Bucaramanga, este nunca inició su ejecución formal, situación que habría derivado en acumulación de basuras y afectaciones a la salud pública.

En materia ambiental, el alcalde electo también puso bajo la lupa los acuerdos relacionados con el futuro del relleno sanitario El Carrasco. Según detalló, el convenio interadministrativo suscrito con la Gobernación de Santander y la EMAB presenta vacíos jurídicos y financieros, como la ausencia de estudios previos, la falta de publicación de documentos y el compromiso de recursos millonarios sin vigencias futuras aprobadas, presuntamente en contravía de la Ley de Garantías.

Otro aspecto que generó inquietud fue el retraso en la entrada en operación de la planta de tratamiento de lixiviados del Carrasco. Aunque la obra fue contratada por cerca de 15 mil millones de pesos y debía comenzar a funcionar a inicios de noviembre por riesgo ambiental, solo entró en operación a mediados de diciembre, periodo durante el cual se asumieron altos costos de mantenimiento sin que la infraestructura estuviera en servicio.

Portilla también advirtió sobre fallas en la planeación de servicios esenciales. En el caso de la Unidad de Bienestar Animal, señaló que no se adelantaron los procesos contractuales necesarios para garantizar su funcionamiento desde enero, pese a que las vigencias futuras ya estaban aprobadas. Una situación similar se presentó con el Cuerpo Oficial de Bomberos, que habría quedado sin recursos asegurados para combustible en plena temporada de alto riesgo.

Las alertas se extendieron al manejo contractual de los últimos meses de la administración designada. El alcalde electo cuestionó la suscripción de contratos de prestación de servicios con altos honorarios, especialmente en áreas como comunicaciones y asesoría jurídica, y anunció una revisión minuciosa de la legalidad, pertinencia y cumplimiento de dichos contratos.

En el plano financiero, Portilla rechazó versiones sobre una supuesta baja ejecución presupuestal y afirmó que los informes oficiales muestran cifras superiores al 80 % al cierre de diciembre. Para el mandatario, la difusión de datos imprecisos afecta la credibilidad institucional y genera desinformación entre los ciudadanos.

Otros temas incluidos en el paquete de alertas fueron la contratación del alumbrado navideño, el funcionamiento del programa social Casa Buho y los problemas heredados en el mantenimiento del alumbrado público del tercer carril entre la Puerta del Sol y Provenza, que permaneció a oscuras durante meses por conflictos contractuales antiguos.

Como elemento adicional, Portilla se refirió a la situación de seguridad en la ciudad. Aseguró que durante el periodo analizado se evidenció un incremento en los homicidios, lo que atribuyó a la suspensión de espacios de coordinación interinstitucional. Tras reactivar estas mesas, dijo, los indicadores comenzaron a mostrar una leve reducción.

El alcalde electo concluyó que su responsabilidad es informar a los entes de control y permitir que sean ellos quienes determinen si existieron o no responsabilidades. Al mismo tiempo, aseguró que su administración se enfocará en corregir los rezagos detectados y en recuperar la confianza ciudadana desde el inicio de su gobierno.