Juzgado de Bucaramanga suspende empréstito por $538 mil millones solicitado por el alcalde Portilla

En un duro golpe a la planificación financiera y de infraestructura de Bucaramanga, el Juzgado Once Administrativo del Circuito de la ciudad decretó la suspensión provisional de los efectos del Acuerdo Municipal No. 009 de 2026. La norma suspendida le otorgaba facultades al alcalde local, Cristian Portilla, para contratar operaciones de crédito público por un monto exacto de $538 mil 611 millones de pesos ($538.611.000.000) destinado a la ejecución de dos grandes proyectos urbanos.

La decisión fue adoptada por la jueza Edilia Duarte Duarte al resolver la solicitud de medida cautelar en el marco de una demanda de nulidad simple interpuesta por el exrepresentante a la Cámara por Santander, Cristian Avendaño. El fallo judicial deja congelada de manera inmediata la principal fuente de financiación del ejecutivo municipal para el desarrollo de la Troncal Metropolitana Norte-Sur y la modernización tecnológica del sistema semafórico de la capital santandereana.

El argumento medular expuesto por el despacho judicial se centró en la ausencia de soporte técnico y económico sólido para justificar la astronómica suma del endeudamiento. Al revisar las pruebas documentales aportadas, la jueza Duarte advirtió un hallazgo crítico: el documento técnico elaborado por la Secretaría de Planeación para sustentar la modernización semafórica —un proyecto valorado en más de $115.372 millones— tenía la casilla y el acápite correspondiente al presupuesto totalmente en blanco.

Para la jueza, aunque en las fases previas los costos puedan revestir carácter estimativo, la administración municipal incurrió en una falla grave al omitir la entrega de los valores reales que sirvieran de base para la autorización del Concejo. El fallo judicial fundamentó que endeudar al municipio sin cifras fidedignas acarrea un doble riesgo fiscal: si el valor resulta inferior al necesario, las obras quedarían inconclusas; y si supera la cifra requerida, la ciudad asumiría el pago injustificado de intereses bancarios sobre recursos innecesarios.

La demanda impulsada por el excongresista Cristian Avendaño alegó la existencia de "falsa motivación" y "vicios de procedimiento" durante el trámite de aprobación del proyecto en la corporación municipal. Avendaño sostuvo ante el juzgado que el documento técnico presentaba inconsistencias estructurales con el articulado final aprobado, incluyendo obras no justificadas y la omisión de sustentación de los montos incorporados, lo que a su juicio comprometía las vigencias futuras del municipio por más de una década sin garantías de responsabilidad fiscal.

Asimismo, la jueza Duarte Duarte subrayó en la providencia que la medida cautelar se hacía imperativa para evitar un daño irreparable a las finanzas públicas, toda vez que la administración de Cristian Portilla ya tenía programada la firma de los contratos de endeudamiento con entidades bancarias y el primer desembolso de los recursos para la presente vigencia. En el análisis judicial también se destacaron alteraciones drásticas en los valores de los proyectos, como el incremento del 81,5 % en el costo del corredor Mutis frente a cotizaciones de años anteriores, sin que constara una explicación técnica validada por el Concejo.

El fallo de suspensión provisional es de ejecución inmediata y la presentación de recursos no detiene sus efectos legales. Por consiguiente, la administración de Bucaramanga queda inhabilitada para acceder a las operaciones de crédito público hasta tanto no se emita un fallo de fondo sobre la nulidad del acuerdo o se resuelva la situación jurídica de la medida.