Área metro - Bucaramanga - Marzo 03 de 2026 - 04:12 PM

Largas filas y alta afluencia en Bucaramanga por pagos de Colombia Mayor

La masiva afluencia en los barrios de Santander ha convertido el cobro de Colombia Mayor en una prueba de resistencia para la persona mayor beneficiaria. Mientras Prosperidad Social celebra la ampliación de cobertura, en las calles la prioridad es lograr que la fila avance antes de que el agotamiento físico se imponga.

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Bajo el inclemente sol que abraza al área metropolitana de Bucaramanga, la jornada de cobro para los beneficiarios de Colombia Mayor se ha transformado en una verdadera prueba de resistencia física. Desde las primeras horas de la madrugada, cientos de hombres y mujeres de cabello cano se agolpan en las aceras de los puntos de recaudo autorizados, formando extensas hileras que serpentean por las calles del centro y los barrios periféricos. Para muchos de estos ciudadanos, el acceso al subsidio no es un trámite administrativo ágil, sino una espera de varias horas de pie, apoyados en bastones o protegidos por sombrillas, aguardando el turno que les permita aliviar sus necesidades básicas.


El inicio de la dispersión de los 1,3 billones de pesos destinados por Prosperidad Social ha traído consigo una logística que, aunque masiva en cobertura, pone a prueba la salud de la población de la tercera edad en Santander. A pesar de que la entidad, bajo el liderazgo de Mauricio Rodríguez Amaya, habilitó más de 31.000 puntos de atención para facilitar el acceso a quienes no están bancarizados, la alta afluencia de personas en los nodos de Supergiros y Matrix-Sured ha desbordado la capacidad de atención inmediata. Las escenas de abuelos compartiendo un sorbo de agua o buscando una sombra inexistente son el fiel reflejo de una dependencia económica que no da espera, especialmente para quienes ven en este giro el único soporte para su alimentación.


Esta movilización masiva responde a la entrega de los ciclos uno y dos del año 2026, un recurso vital que busca blindar la seguridad social de cerca de tres millones de personas en todo el país. Sin embargo, la brecha entre la ambiciosa cifra presupuestal y la realidad de las calles es evidente; mientras el Gobierno Nacional celebra una ampliación histórica en la base de datos de beneficiarios, incluyendo comunidades indígenas y un refuerzo para el padrón de Bogotá, en las veredas y barrios de Bucaramanga la prioridad de los abuelos es simplemente lograr que sus piernas resistan la jornada hasta llegar a la ventanilla de pago.


Las autoridades han hecho un llamado a la calma y a acudir de forma organizada, pero la urgencia por asegurar el sustento diario empuja a los adultos mayores a aglomerarse desde antes de que abran las persianas de los locales. Este despliegue de equidad estatal, que pretende eliminar intermediarios y reducir costos operativos, enfrenta el reto humano de dignificar la espera de una generación que hoy encuentra en estas transferencias un soporte indispensable. Para los beneficiarios santandereanos, el éxito de la operación no se mide en billones de pesos, sino en la rapidez con la que puedan cambiar el asfalto caliente por el auxilio económico que garantiza su bienestar integral en este semestre.

Publicado por Redacción Ké Se Dice
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En Bucaramanga, durante un operativo desarrollado en los últimos días, unidades del GAULA de la Policía Nacional lograron capturar a dos personas cuando recibían cinco millones de pesos exigidos a un comerciante de la ciudad. La acción, resultado de un plan antiextorsión apoyado en análisis técnico y seguimiento audiovisual, permitió desarticular una modalidad de intimidación basada en amenazas digitales, suplantación de grupos armados y presión directa sobre establecimientos comerciales. La investigación no comenzó con la captura, sino con el temor de un comerciante que empezó a recibir mensajes y llamadas en las que le exigían dinero a cambio de no atentar contra su negocio. Las comunicaciones no eran genéricas: incluían fotografías recientes de su establecimiento y advertencias que buscaban generar pánico inmediato. Según el trabajo judicial, los responsables se hacían pasar por integrantes de estructuras armadas como el EGC y el ELN, utilizando esa falsa identidad para dar credibilidad a las amenazas. Las exigencias económicas variaban entre uno y cinco millones de pesos, dependiendo de la supuesta “capacidad de pago” de cada víctima. A partir de la denuncia, el GAULA activó un plan antiextorsión que se extendió por varios sectores de Bucaramanga. Durante semanas, los investigadores revisaron más de 200 cámaras de seguridad públicas y privadas, además de analizar cerca de 300 horas de grabaciones, con el objetivo de reconstruir los movimientos de los sospechosos y establecer patrones de comportamiento. Ese seguimiento permitió identificar no solo el punto y la modalidad de entrega del dinero, sino también la posible existencia de otras víctimas que habrían sido contactadas bajo el mismo esquema de intimidación. Con la información recopilada, se coordinó el operativo que culminó con la captura en flagrancia. El procedimiento se realizó en el momento exacto en que los dos señalados recibían los cinco millones de pesos producto de la extorsión. En su poder fueron hallados varios elementos que ahora hacen parte del proceso judicial, entre ellos una motocicleta utilizada para los desplazamientos, dos teléfonos celulares y panfletos extorsivos presuntamente empleados para reforzar las amenazas. Las autoridades consideran que este caso evidencia una modalidad creciente de extorsión basada en el uso de tecnología y en la suplantación de organizaciones armadas para infundir miedo sin pertenecer realmente a ellas. El material incautado será clave para establecer si los capturados están vinculados con otros hechos similares en la ciudad. Desde la Policía Nacional reiteraron que la denuncia oportuna fue determinante para evitar que el comerciante siguiera siendo víctima de presiones económicas y para avanzar en la identificación de los responsables. Asimismo, insistieron en que ningún ciudadano debe acceder a este tipo de exigencias. El caso quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación, mientras el GAULA mantiene abiertas otras líneas de investigación derivadas del análisis de cámaras y comunicaciones, con el fin de ubicar a posibles cómplices y proteger a otros comerciantes.

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