La Fiscalía judicializó a Antonio Enrique Cabarcas Osorio por presuntas irregularidades en un contrato cultural de $3.138 millones en Santander. El caso habría generado un detrimento cercano a $968 millones.
Un contrato por más de tres mil millones de pesos destinado, en teoría, a fortalecer la cultura en Santander terminó bajo la lupa de la justicia. La Fiscalía General de la Nación, a través de la Seccional Santander, judicializó a Antonio Enrique Cabarcas Osorio, señalado de participar en un entramado de presuntas irregularidades ocurridas en 2022.
El proceso gira en torno a un contrato por 3.138 millones de pesos, suscrito de manera directa con la Secretaría de Cultura y Turismo Departamental para ejecutar el proyecto ‘Cultura Ciudadana Siempre por Santander’. La iniciativa contemplaba la realización de actividades artísticas en Bucaramanga y su Área Metropolitana, con la participación de músicos, bailarines y artistas circenses.
Sin embargo, según la Fiscalía, detrás de la programación cultural se habría configurado un esquema que hoy es investigado por los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros y falsedad personal, cargos que Cabarcas Osorio no aceptó durante las audiencias preliminares.
El ente acusador sostiene que, junto a otras personas ya judicializadas, el procesado habría coordinado la contratación de artistas a quienes se les pagaban sumas que oscilaban entre 100.000 y 400.000 pesos por presentación. No obstante, se les exigía firmar cuentas de cobro en blanco. Estos documentos, de acuerdo con la investigación, posteriormente eran utilizados para legalizar facturas por valores que podían alcanzar hasta los 4 millones de pesos por persona.
Los análisis contables practicados por la Fiscalía evidenciaron diferencias significativas entre los valores facturados y los precios reales del mercado, lo que habría generado un presunto detrimento patrimonial cercano a 968 millones de pesos para el departamento.
Además, se detectó la presentación de certificados de actividades que, según la investigación, nunca se realizaron. A pesar de ello, habrían sido radicados recibos y soportes con montos elevados para justificar los desembolsos.
Por estos hechos ya han sido judicializadas varias personas, entre ellas Mery Luz Hernández López, exsecretaria de Cultura Departamental; Yexica Natalia Ardila Ruiz, supervisora y directora técnica; Carmen Alicia Serpa de Laguado, supervisora; Óscar José Serrano Avellaneda, representante legal de la fundación contratista; y los coordinadores de eventos Diana Soveida Joya Cáceres y William Marcelo Carreño Díaz.
La Fiscalía continúa avanzando en el proceso con el fin de establecer responsabilidades individuales y determinar el alcance total del presunto daño patrimonial en un caso que pone en entredicho el manejo de recursos públicos destinados a la promoción cultural en Santander.Lo judici
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