Área metro - Bucaramanga - Julio 23 de 2026 - 03:18 PM

Más de 50 motos inmovilizadas y dos capturados durante fuerte operativo en Bucaramanga

Un operativo conjunto de la Policía Nacional, Fiscalía, Ejército, Migración Colombia y la Dirección de Tránsito de Bucaramanga dejó como resultado la inmovilización de más de 50 motocicletas. Además, durante la jornada fue capturado un hombre por presunta violencia contra servidor público tras intentar evadir un retén. Asimismo, un ciudadano venezolano fue detenido al establecerse que había regresado al país pese a haber sido expulsado en marzo.

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Más de 50 motocicletas fueron inmovilizadas y dos personas capturadas durante un amplio operativo interinstitucional adelantado en diferentes sectores de Bucaramanga, como parte de las acciones para fortalecer los controles de tránsito, combatir la ilegalidad y mejorar la seguridad en las vías de la ciudad.

La intervención se desarrolló en corredores estratégicos donde, de manera recurrente, las autoridades han detectado infracciones de tránsito, maniobras peligrosas y comportamientos que afectan la convivencia ciudadana. Los puestos de control fueron instalados en sectores como la Ciudadela Real de Minas, el parque Centenario, La Isla y la calle 45.

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Durante la jornada, funcionarios de las diferentes entidades verificaron la documentación obligatoria de los vehículos, el cumplimiento de la revisión técnico-mecánica, la vigencia del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) y el uso de los elementos de protección exigidos por la normatividad, entre ellos el casco de seguridad.

Como resultado de las inspecciones, las autoridades detectaron múltiples irregularidades relacionadas con motocicletas que circulaban sin SOAT, sin revisión técnico-mecánica al día y conductores que incumplían las normas básicas de seguridad vial, situaciones que dieron lugar a la imposición de comparendos y la inmovilización de más de medio centenar de vehículos.

Uno de los procedimientos que más llamó la atención fue el realizado contra un ciudadano de nacionalidad venezolana, quien fue detenido luego de establecerse que había regresado al país pese a contar con una resolución de expulsión emitida en marzo de este año. Su situación migratoria quedó a disposición de las autoridades competentes.

Durante el operativo también fue capturada una persona por el presunto delito de violencia contra servidor público. Según la información preliminar, el conductor habría intentado evadir uno de los puestos de control y, durante la maniobra de fuga, presuntamente arrolló a agentes de tránsito y uniformados de la Policía Nacional que participaban en el procedimiento.

Tras la rápida reacción de las autoridades, el hombre fue reducido, capturado y dejado a disposición de la autoridad judicial competente para responder por los hechos que se le atribuyen.

El despliegue operativo contó con la participación de la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, el Ejército Nacional, Migración Colombia y la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, entidades que coordinaron acciones para ejercer controles simultáneos en distintos puntos de la capital santandereana.

Las autoridades señalaron que este tipo de operativos continuarán desarrollándose en diferentes sectores de la ciudad con el propósito de fortalecer el cumplimiento de las normas de tránsito, garantizar la seguridad vial y combatir conductas que representen un riesgo para los demás actores en las vías.

Publicado por Redacción Ké se dice
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En Bucaramanga, durante un operativo desarrollado en los últimos días, unidades del GAULA de la Policía Nacional lograron capturar a dos personas cuando recibían cinco millones de pesos exigidos a un comerciante de la ciudad. La acción, resultado de un plan antiextorsión apoyado en análisis técnico y seguimiento audiovisual, permitió desarticular una modalidad de intimidación basada en amenazas digitales, suplantación de grupos armados y presión directa sobre establecimientos comerciales. La investigación no comenzó con la captura, sino con el temor de un comerciante que empezó a recibir mensajes y llamadas en las que le exigían dinero a cambio de no atentar contra su negocio. Las comunicaciones no eran genéricas: incluían fotografías recientes de su establecimiento y advertencias que buscaban generar pánico inmediato. Según el trabajo judicial, los responsables se hacían pasar por integrantes de estructuras armadas como el EGC y el ELN, utilizando esa falsa identidad para dar credibilidad a las amenazas. Las exigencias económicas variaban entre uno y cinco millones de pesos, dependiendo de la supuesta “capacidad de pago” de cada víctima. A partir de la denuncia, el GAULA activó un plan antiextorsión que se extendió por varios sectores de Bucaramanga. Durante semanas, los investigadores revisaron más de 200 cámaras de seguridad públicas y privadas, además de analizar cerca de 300 horas de grabaciones, con el objetivo de reconstruir los movimientos de los sospechosos y establecer patrones de comportamiento. Ese seguimiento permitió identificar no solo el punto y la modalidad de entrega del dinero, sino también la posible existencia de otras víctimas que habrían sido contactadas bajo el mismo esquema de intimidación. Con la información recopilada, se coordinó el operativo que culminó con la captura en flagrancia. El procedimiento se realizó en el momento exacto en que los dos señalados recibían los cinco millones de pesos producto de la extorsión. En su poder fueron hallados varios elementos que ahora hacen parte del proceso judicial, entre ellos una motocicleta utilizada para los desplazamientos, dos teléfonos celulares y panfletos extorsivos presuntamente empleados para reforzar las amenazas. Las autoridades consideran que este caso evidencia una modalidad creciente de extorsión basada en el uso de tecnología y en la suplantación de organizaciones armadas para infundir miedo sin pertenecer realmente a ellas. El material incautado será clave para establecer si los capturados están vinculados con otros hechos similares en la ciudad. Desde la Policía Nacional reiteraron que la denuncia oportuna fue determinante para evitar que el comerciante siguiera siendo víctima de presiones económicas y para avanzar en la identificación de los responsables. Asimismo, insistieron en que ningún ciudadano debe acceder a este tipo de exigencias. El caso quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación, mientras el GAULA mantiene abiertas otras líneas de investigación derivadas del análisis de cámaras y comunicaciones, con el fin de ubicar a posibles cómplices y proteger a otros comerciantes.

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