Metrolínea responde por los saqueos, el vandalismo y el abandono de portales de Girón y Piedecuesta

Una encrucijada de índole judicial y administrativa mantiene paralizada la recuperación operativa del sistema de transporte masivo Metrolínea, en el área metropolitana de Bucaramanga. La presencia prolongada de autobuses abandonados en los predios de los portales de Girón y Piedecuesta ha desatado una ola de indignación popular en la capital santandereana, donde la ciudadanía contempla con asombro la paulatina destrucción de una infraestructura pública que suma más de seis años a la intemperie, víctima del saqueo recurrente y la desidia.

El malestar de la comunidad ha quedado al descubierto tras las reiteradas denuncias por el desmantelamiento de bienes esenciales en las paradas del sistema. Las pérdidas materiales han alcanzado niveles drásticos que los propios transeúntes resumen en testimonios directos al señalar: “Se robaron hasta un ascensor”. Esta realidad ha impulsado un clamor unánime dirigido a los entes gubernamentales para que se ejecute la pronta intervención, limpieza y reapertura de los espacios destinados a la movilidad de la región.

Ante el cúmulo de cuestionamientos ciudadanos por la ocupación de los predios, Metrolínea S.A. emitió un pronunciamiento público precisando la naturaleza del conflicto de propiedad que impide el uso de las instalaciones. La compañía enfatizó que el parque automotor estacionado en los portales de Piedecuesta y Girón no pertenece a su patrimonio institucional, sino a los activos del antiguo concesionario privado Metro Cinco Plus S.A., firma comercial que actualmente se encuentra atravesando un proceso formal de liquidación judicial bajo el control de la Superintendencia de Sociedades.

En el marco de la actuación mercantil que busca saldar las acreencias de la firma extinta, la entidad de vigilancia gubernamental llevó a cabo una diligencia de secuestro de bienes los días 30 y 31 de marzo de 2026. Como consecuencia directa de este procedimiento, la totalidad de los automotores permanecen bajo la estricta tutela de la autoridad judicial y a expensas de las determinaciones normativas que ordene el liquidador oficial designado para la causa.

Esta limitación legal coloca a Metrolínea S.A. en un impedimento normativo absoluto. Al no ser titular del derecho de dominio sobre la flota de buses, la empresa carece de las competencias para disponer de los vehículos, reubicarlos o sacarlos de las terminales, advirtiendo que cualquier maniobra unilateral sobre tales bienes configuraría una injerencia indebida dentro del trámite judicial que adelanta la Superintendencia de Sociedades.

A pesar de las restricciones normativas, el Ente Gestor del transporte masivo desmintió la existencia de inacción por parte de su equipo administrativo. La entidad argumentó que ha elevado comunicaciones de carácter formal e insistente ante el despacho del liquidador y la misma Superintendencia, con el objetivo de lograr el desalojo definitivo de la flota. Dicha medida busca restablecer la libre disponibilidad de los portales y dar paso a los planes de remodelación y puesta a punto de la infraestructura.

Para mitigar los estragos del delito mientras se destraba el litigio mercantil, la empresa activó un protocolo de protección perimetral que incluye el aislamiento de las áreas vulnerables, el patrullaje combinado con las unidades de la Policía Nacional y la instauración formal de acciones penales ante las autoridades judiciales para llevar a juicio a los responsables del vandalismo y la destrucción del mobiliario.

La complejidad operacional y jurídica que envuelve a los portales de Girón y Piedecuesta refleja el trasfondo de una severa crisis institucional que arrastra el transporte público metropolitano desde hace varios años. En medio de un entramado de demandas, liquidaciones de antiguos concesionarios y estaciones destruidas, Metrolínea S.A. reiteró su respeto a las decisiones judiciales e insistió en que continuará agotando todas las instancias administrativas a su alcance para salvaguardar el patrimonio público y devolverle la seguridad a los usuarios del sistema.