Edgardo Rodríguez Herrera, testigo estrella en la investigación por la desaparición de chatarra de Alumbrado Público en Bucaramanga valorada en 43 mil millones de pesos, falleció tras una intoxicación gastrointestinal. El exfuncionario implicaba a familiares del exalcalde Jaime Andrés Beltrán.
En la madrugada de este viernes 29 de mayo, se confirmó el deceso de Edgardo Rodríguez Herrera en un centro asistencial de Bucaramanga. Rodríguez Herrera se desempeñaba como el testigo principal dentro de las investigaciones penales y fiscales que adelantan los organismos de control por la presunta pérdida de materiales inservibles de la Oficina de Alumbrado Público de la capital santandereana, un detrimento económico que las autoridades avalúan en una cifra superior a los 43 mil millones de pesos. El exfuncionario permanecía internado en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) a causa de complicaciones de salud derivadas de una intoxicación gastrointestinal.
Rodríguez Herrera, quien formó parte de la nómina de la citada dependencia municipal, había radicado formalmente ante la Fiscalía General de la Nación una solicitud para acceder a un principio de oportunidad. En las actas del proceso penal constaba su disposición de actuar como testigo de la justicia, un rol en el que reconocía su cuota de responsabilidad en las maniobras contractuales y de almacenamiento, al tiempo que se comprometía a entregar elementos probatorios que vinculaban a familiares del exalcalde Jaime Andrés Beltrán y a miembros del gabinete local.
De acuerdo con el expediente, el exfuncionario era la persona encargada de emitir las autorizaciones para que los guardias de seguridad permitieran la salida de los elementos de las bodegas oficiales. La estrategia de la defensa de Rodríguez Herrera contemplaba el suministro de información que implicaba directamente a Paula Ramírez, esposa del entonces alcalde, así como a un cuñado, dos asesores de la administración, un exsecretario que funge como asesor de despacho y otros particulares en el manejo de los bienes públicos.
Los señalamientos y las pruebas presentadas ante la Fiscalía
Durante las diligencias surtidas ante los fiscales del caso, Edgardo Rodríguez Herrera compareció en calidad de testigo de cargo en contra de Paula Ramírez, cónyuge del mandatario local de la época. En sus declaraciones, la señaló de haber emitido directrices para beneficiar a su hermano, Óscar Ramírez, facilitándole la extracción de material catalogado como chatarra que permanecía en los depósitos municipales desde el año 2018.
En una entrevista concedida al periodista Jorge Caicedo en el programa de opinión Sin Testigos, el hoy fallecido argumentó las motivaciones que lo llevaron a buscar un acercamiento con la justicia ordinaria:
“Yo me sentí traicionado. Yo me sentí como que vamos a hacerlo por debajo, y eso me hace ir ya a buscar asesoría porque yo tenía que defenderme, porque yo me doy cuenta de que algo está pasando contra mí, porque es que yo soy el que manejo toda la información y yo puedo decirle a usted qué persona puede hablar de cuál tema, porque los conozco la gente tengo mucha información sobre eso”.
En el portafolio de evidencias documentales y testimoniales que el exfuncionario pretendía sustentar ante los despachos judiciales se incluía la presunta participación de funcionarios activos y de la anterior línea de mando de la Alcaldía de Bucaramanga. Entre los nombres consignados en los radicados de la Fiscalía general se encuentran Hernán Villamizar, exasesor de despacho; Richard Caicedo, exjefe de Gabinete; y el mencionado Óscar Ramírez, cuñado del jefe de la administración municipal.
Un proceso estancado y los antecedentes del caso
A pesar de que meses después de sus primeras declaraciones el propio Edgardo Rodríguez Herrera optó por desistir de su intención de mantener la colaboración activa bajo la figura del principio de oportunidad —aduciendo la falta de avances significativos y el estancamiento de las audiencias por parte del ente acusador—, su condición jurídica se mantenía invariable como el testigo fundamental en la indagación por la pérdida del material ferroso durante la gestión de la administración Beltrán.
La muerte de Rodríguez Herrera introduce un nuevo elemento de complejidad al desarrollo de las investigaciones fiscales y penales, toda vez que se convierte en el segundo fallecimiento de una fuente humana vinculada directamente a este expediente. El deceso del exfuncionario se suma al de la abogada Sandra Serrano, otra de las testigos reseñadas dentro del denominado escándalo de la chatarra de Alumbrado Público, quien falleció el año pasado en condiciones que son objeto de verificación por parte de las autoridades competentes mientras se encontraba en las instalaciones de su oficina particular.
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