Área metro - Bucaramanga - Julio 15 de 2026 - 10:41 AM

¿Quién es Elsa González, la nueva contralora de Bucaramanga elegida por el Concejo?

Elsa Jazmín González fue elegida contralora de Bucaramanga por el Concejo con 16 votos. La elección de Elsa Jazmín González se dio tras meses de trabas judiciales. Se cuestiona su cercanía con el senador Carlos Trujillo y posibles conflictos de interés por sus nexos familiares en la administración.

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La designación de Elsa Jazmín González Vega como nueva contralora municipal de Bucaramanga marca un hito administrativo en la capital santandereana, tras un proceso de elección que se prolongó durante siete meses y que estuvo plagado de obstáculos jurídicos, recusaciones y tensiones políticas en el Concejo Municipal. Su perfil profesional y su trayectoria en el sector público definen a una funcionaria con una amplia experiencia académica y administrativa que abarca diversas instancias del control fiscal y la gestión pública tanto en el ámbito nacional como territorial.

González Vega es abogada de profesión, con una formación académica robusta y diversificada que le ha permitido ocupar cargos de alta responsabilidad a lo largo de las últimas tres décadas. Su hoja de vida destaca por una especialización profunda en el derecho administrativo y constitucional, pilares fundamentales para el ejercicio de cualquier órgano de control fiscal. Además, su nivel de formación académica incluye especializaciones en áreas estratégicas como derecho administrativo, derecho constitucional, dirección para el desarrollo de la gestión pública y finanzas públicas. A esto se suma que posee maestrías en derecho ambiental y en derechos humanos, enfocadas en los sistemas de protección, lo cual le otorga una visión integral del Estado.

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Su paso por la administración pública no se limita a Bucaramanga, ya que ha desarrollado una carrera significativa en distintas regiones del país, consolidando un bagaje que abarca tanto el nivel local como el departamental. Entre los cargos más destacados de su trayectoria se encuentra su labor como Contralora General de Antioquia entre enero de 2020 y diciembre de 2021, un cargo al que accedió tras superar un proceso de elección ante la Asamblea Departamental de dicho territorio. Asimismo, su experiencia incluye un largo recorrido en la Personería de Itagüí, donde ejerció como jefe de la oficina de control interno, y una vinculación temprana en la Personería de Bucaramanga, entidad donde ocupó diversos cargos desde 1995, iniciando desde funciones de auxiliar administrativo hasta llegar a ocupar jefaturas de oficina. En años recientes, antes de asumir como contralora municipal, se desempeñó como abogada especializada en la Alcaldía de Floridablanca hasta finales de 2024 y prestó sus servicios profesionales como contratista para la Contraloría General de la República durante distintos periodos entre 2023 y 2024.

Su elección este 13 de junio, respaldada por 16 votos de los concejales de Bucaramanga, se produjo tras superar una terna final que también integraban Ana María Gandúr y Pedro Alejandro Pedraza. A pesar de los constantes señalamientos sobre posibles conflictos de interés y las denuncias de algunos corporados sobre injerencias externas, el proceso culminó con su designación en medio de una sesión plenaria. La nueva contralora asume ahora el desafío de liderar un organismo que ha enfrentado retos financieros considerables, incluyendo un déficit estructural que obligó incluso a modificar la planta funcional de la entidad. Su gestión será observada de cerca, no solo por la complejidad técnica del cargo, sino también por el intenso escrutinio público que ha rodeado tanto el proceso de selección como los cuestionamientos sobre su trayectoria y las expectativas de independencia que recaen sobre el máximo organismo de control fiscal de los bumangueses.

Publicado por Redacción Ké se dice
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En Bucaramanga, durante un operativo desarrollado en los últimos días, unidades del GAULA de la Policía Nacional lograron capturar a dos personas cuando recibían cinco millones de pesos exigidos a un comerciante de la ciudad. La acción, resultado de un plan antiextorsión apoyado en análisis técnico y seguimiento audiovisual, permitió desarticular una modalidad de intimidación basada en amenazas digitales, suplantación de grupos armados y presión directa sobre establecimientos comerciales. La investigación no comenzó con la captura, sino con el temor de un comerciante que empezó a recibir mensajes y llamadas en las que le exigían dinero a cambio de no atentar contra su negocio. Las comunicaciones no eran genéricas: incluían fotografías recientes de su establecimiento y advertencias que buscaban generar pánico inmediato. Según el trabajo judicial, los responsables se hacían pasar por integrantes de estructuras armadas como el EGC y el ELN, utilizando esa falsa identidad para dar credibilidad a las amenazas. Las exigencias económicas variaban entre uno y cinco millones de pesos, dependiendo de la supuesta “capacidad de pago” de cada víctima. A partir de la denuncia, el GAULA activó un plan antiextorsión que se extendió por varios sectores de Bucaramanga. Durante semanas, los investigadores revisaron más de 200 cámaras de seguridad públicas y privadas, además de analizar cerca de 300 horas de grabaciones, con el objetivo de reconstruir los movimientos de los sospechosos y establecer patrones de comportamiento. Ese seguimiento permitió identificar no solo el punto y la modalidad de entrega del dinero, sino también la posible existencia de otras víctimas que habrían sido contactadas bajo el mismo esquema de intimidación. Con la información recopilada, se coordinó el operativo que culminó con la captura en flagrancia. El procedimiento se realizó en el momento exacto en que los dos señalados recibían los cinco millones de pesos producto de la extorsión. En su poder fueron hallados varios elementos que ahora hacen parte del proceso judicial, entre ellos una motocicleta utilizada para los desplazamientos, dos teléfonos celulares y panfletos extorsivos presuntamente empleados para reforzar las amenazas. Las autoridades consideran que este caso evidencia una modalidad creciente de extorsión basada en el uso de tecnología y en la suplantación de organizaciones armadas para infundir miedo sin pertenecer realmente a ellas. El material incautado será clave para establecer si los capturados están vinculados con otros hechos similares en la ciudad. Desde la Policía Nacional reiteraron que la denuncia oportuna fue determinante para evitar que el comerciante siguiera siendo víctima de presiones económicas y para avanzar en la identificación de los responsables. Asimismo, insistieron en que ningún ciudadano debe acceder a este tipo de exigencias. El caso quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación, mientras el GAULA mantiene abiertas otras líneas de investigación derivadas del análisis de cámaras y comunicaciones, con el fin de ubicar a posibles cómplices y proteger a otros comerciantes.

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