“Chats macabros”: así decidían la muerte de animales en la UBA, en Bucaramanga
La Unidad de Bienestar Animal de Bucaramanga vuelve a estar bajo los reflectores tras la revelación de un conjunto de chats internos que, según denuncias de los concejales Carlos Parra y Camilo Machado, evidenciarían decisiones clandestinas para practicar eutanasias sin protocolos claros, así como actos graves de maltrato y negligencia.
La reciente sesión del Concejo de Bucaramanga dejó al descubierto una serie de señalamientos que han sacudido a la Unidad de Bienestar Animal (UBA), creada con el propósito de proteger a los animales en situación de vulnerabilidad. Lo que debía ser un refugio seguro se convirtió, según las denuncias, en el epicentro de prácticas irregulares que ponen en duda el respeto por la vida de las mascotas acogidas allí.
Los concejales Carlos Parra y Camilo Machado presentaron como eje de las denuncias un grupo de chats presuntamente administrados por funcionarios y contratistas de la UBA. En estas conversaciones, según explicaron, se discutían y aprobaban procedimientos de eutanasia sin observancia de los protocolos oficiales ni revisión clínica adecuada.
Uno de los casos que más indignación generó fue el de Hermes y Taz, dos perros que llegaron en buen estado de salud y que, al poco tiempo, habrían contraído moquillo dentro de las instalaciones. Según Parra, desde un chat informal se habría tomado la decisión de sacrificarlos sin que existieran criterios técnicos sólidos para ello.
Las conversaciones incluían expresiones alarmantes, como las que reveló el concejal Machado: en un grupo denominado “Temas Picantes”, una funcionaria sugirió “dar de baja” a los animales y, ante la aprobación de la directora de Bienestar Animal, Laura Acosta, esta habría alentado a los veterinarios con frases como “okis, entonces alócate, haz tu magia”. Según los cabildantes, incluso se coordinaban los horarios para ocultar las eutanasias al resto del personal, esperando que una técnica abandonara el lugar para proceder.
A estas denuncias se suma la presunta alteración de actas de eutanasia, cuyos horarios no coincidirían con los momentos en que, según los chats, se tomaron las decisiones. También se habría ordenado retirar el mismo día las bolsas rojas donde se depositaban los cuerpos para evitar rastros de los procedimientos.
La sesión del Concejo también abordó casos de maltrato registrados por la Veeduría Protección Animal y Ambiental PRAA. Sus representantes afirmaron haber encontrado animales en condiciones deplorables: un gato con el globo ocular expuesto, un perro con múltiples fracturas recluido durante días sin atención adecuada, y caninos hacinados en espacios estrechos, sin agua ni alimento, expuestos al sol y a temperaturas extremas.Las denuncias se extendieron a perros de manejo especial. Un video presentado por voluntarios mostró a Rex, un pitbull cuya conducta se habría deteriorado tras permanecer aislado, a la intemperie y bajo supuestos castigos para “doblegarlo”. Otro caso señalado fue el de Pecoso, un pitbull que, según Machado, no murió por estrés como afirmó la veterinaria Laura Acosta, sino por la aplicación de una sustancia administrada de forma irregular. Chats adicionales indicarían que a este animal se le inyectó un medicamento con la intención explícita de causarle la muerte.
Incluso se mencionó que algunos cadáveres habrían sido dispuestos en bolsas negras, como si se tratara de basura común, con el fin de ocultar el número real de eutanasias. “No son 60, son muchos más los animales asesinados por estos criminales”, aseveró Machado.
La respuesta de la Administración Municipal Durante el debate, la secretaria de Salud de Bucaramanga, Claudia Amaya, rechazó enérgicamente cualquier práctica que atente contra el bienestar animal. Señaló que, una vez conocidas las primeras denuncias, se remitieron copias a la Fiscalía, al Consejo Profesional de Medicina Veterinaria, al Control Interno y a la Secretaría del Interior para que se iniciaran las investigaciones correspondientes.
La funcionaria también cuestionó el rumbo que tomó la sesión del 18 de noviembre, alegando que se desvió del propósito original, centrado en los procedimientos de esterilización realizados por la Secretaría de Salud y Ambiente.
Finalmente, aunque ocho concejales apoyaron una moción de censura contra Amaya, la iniciativa no prosperó por falta de dos votos.
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