El candidato a la Cámara Sergio Isnardo Muñoz rechazó las acusaciones hechas por la Gobernación de Santander y aseguró que existe una estrategia para afectar su campaña. También pidió una reunión extraordinaria de la Mesa de Garantías Electorales.
La controversia política en Santander sumó un nuevo capítulo luego de que el candidato a la Cámara de Representantes Sergio Isnardo Muñoz respondiera públicamente al comunicado emitido por la Gobernación, en el que se pidió a la Fiscalía General de la Nación investigar presuntas irregularidades en su campaña.
El aspirante del Partido de la U rechazó las acusaciones y aseguró que detrás de las denuncias existe una estrategia para afectar su aspiración al Congreso. En un documento difundido públicamente, sostuvo que se trataría de una “guerra sucia” promovida desde la administración departamental.
Según Muñoz, la ofensiva contra su campaña coincide con el crecimiento político que, asegura, ha venido registrando su proyecto en distintos municipios del departamento.
“Confiesa el Gobernador que desde su administración se gestó una estrategia sistemática en contra de nuestra campaña, con guerra sucia basada en montajes, desinformación y ataques políticos”, señaló el candidato en su pronunciamiento.
El cruce de declaraciones se originó luego de que la Gobernación de Santander emitiera un comunicado en el que solicitó a la Fiscalía investigar el caso, argumentando que existiría material probatorio relacionado con supuestas irregularidades dentro de la campaña de Muñoz.
Parte de esa información habría sido recopilada por Carlos Palacios, actual asesor del gobernador Juvenal Díaz Mateus. En un video difundido públicamente, el funcionario manifestó que se infiltró en la campaña para recolectar testimonios.
Frente a esto, Muñoz cuestionó la forma en que se obtuvieron dichas pruebas y aseguró que las actuaciones señaladas podrían constituir un “entrampamiento” contra ciudadanos.
“Fue un miembro del gabinete del Gobernador quien realizó la acción delictiva al infiltrarse y engañar a ciudadanos humildes, haciéndose pasar por integrante de nuestra campaña”, afirmó el aspirante político.
El candidato también señaló que el material obtenido no habría sido entregado inicialmente a las autoridades judiciales, sino que terminó circulando en escenarios políticos y en redes sociales.
En este contexto, Muñoz mencionó al candidato liberal Carlos Anaya, quien previamente había hecho pública la denuncia ante la Fiscalía y a través de sus plataformas digitales.
Ante la situación, el aspirante del Partido de la U anunció que solicitará una reunión extraordinaria de la Mesa de Garantías Electorales para exponer lo que considera hechos graves que comprometerían a funcionarios de la administración departamental.
“Solicitamos al Gobernador ad hoc y a la Mesa de Garantías Electorales una reunión extraordinaria para poner en conocimiento estos hechos protagonizados desde la Administración Departamental”, concluyó Muñoz.
La controversia ocurre en medio del ambiente electoral previo a las elecciones legislativas, en un contexto marcado por acusaciones cruzadas entre campañas políticas en Santander.
Comunicado de la Gobernación de Santander
“Gracias a una denuncia pública del candidato Carlos Anaya, se tuvo conocimiento de hechos de presunta corrupción electoral que, al parecer, se estarían fraguando o materializando por intermedio de un programa de emprendimientos del Gobierno Nacional administrado por el Departamento de Prosperidad Social (DPS).
Posteriormente, un funcionario de la Gobernación de Santander manifestó haber participado en la recolección de información relacionada con estos hechos con el propósito de presentarla ante la Fiscalía General de la Nación, actuación que, según lo expresado por el propio funcionario, realizó a motu proprio y amparado en el deber de denunciar.
Ante la gravedad de lo expuesto y los temores manifestados por el funcionario respecto a su seguridad, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, se comunicó personalmente con el director seccional de Fiscalías, a quien le informó sobre la situación y sobre los hechos denunciados, solicitándole adelantar una investigación rápida.
La Gobernación de Santander precisa que la actuación mencionada no fue autorizada ni instruida por esta administración y no corresponde a las funciones del funcionario involucrado. La administración departamental reitera a todos sus servidores la obligación de actuar exclusivamente dentro del marco de sus competencias. Las medidas administrativas internas a que haya lugar serán evaluadas conforme a la ley y en observancia de las restricciones establecidas en la Ley de Garantías.
La Gobernación de Santander solicita respetuosamente a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación adelantar las investigaciones correspondientes con la mayor celeridad posible, por el bien del candidato mencionado, de la democracia y del departamento de Santander. La Gobernación de Santander reitera su compromiso con la transparencia, las garantías electorales y el respeto por las instituciones, principios esenciales para preservar la confianza ciudadana y la legitimidad del sistema democrático”.
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