El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, advirtió que el Gobierno podría intervenir el Hospital Universitario de Santander si no se formaliza al personal y no se ejecutan más de $33.000 millones asignados para proyectos clave.
El Hospital Universitario de Santander quedó en el centro de una fuerte advertencia del Gobierno nacional tras la visita del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien cuestionó el incumplimiento de acuerdos pactados desde hace varios años relacionados con inversión en infraestructura y condiciones laborales.
Según explicó el jefe de la cartera de Salud, durante ocho años se han adelantado gestiones para financiar proyectos clave en el hospital, entre ellos adecuaciones en las áreas de pediatría y ginecobstetricia, así como la compra de un acelerador lineal para tratamientos oncológicos. No obstante, los recursos asignados para estas iniciativas no han sido ejecutados.
Jaramillo detalló que el monto comprometido asciende a más de $33.000 millones, discriminados en aproximadamente $12.000 millones para obras en pediatría y ginecobstetricia, y cerca de $21.000 millones destinados a la adquisición del acelerador lineal y la construcción de su búnker. Estos recursos, aclaró, estaban condicionados a la formalización laboral del personal.
Durante su intervención, el ministro se mostró visiblemente molesto y cuestionó a las directivas del HUS por la falta de avances. Señaló que el compromiso principal era acabar con la informalidad laboral y que, ante el incumplimiento, el Gobierno no descarta medidas drásticas como la intervención administrativa de la institución.
El ministro también se refirió a la situación de los trabajadores, afirmando que existen denuncias sobre persecución sindical y exclusión de los sindicatos en las mesas de diálogo. En ese sentido, sostuvo que no observa una voluntad real de resolver el conflicto laboral que afecta a cerca de 2.000 empleados del hospital.
Aunque Jaramillo criticó lo que calificó como permisividad de las autoridades regionales frente al problema, evitó anunciar acciones directas contra la Gobernación de Santander. Sin embargo, insistió en que, de no cumplirse los compromisos, el hospital tendría que devolver los recursos asignados.
A la polémica se sumó el Ministerio de Trabajo. El ministro Antonio Sanguino confirmó que esa cartera impuso una multa superior a los $2.000 millones al Hospital Universitario de Santander por prácticas de tercerización e informalidad laboral, tras encontrar presuntas irregularidades en la contratación del personal.
Sanguino afirmó que el caso será puesto en conocimiento de otras autoridades, al advertir que las prácticas detectadas podrían configurar faltas de carácter penal. Además, cuestionó el uso de contratos sindicales como mecanismos de intermediación laboral, al considerar que en algunos casos desnaturalizan el sindicalismo.
El ministro de Trabajo advirtió que, si antes de junio de este año el HUS no avanza de manera concreta en la formalización laboral, la institución deberá asumir el pago efectivo de la sanción económica impuesta, lo que agravaría aún más su situación financiera.
El pronunciamiento conjunto de los ministerios de Salud y Trabajo abrió un nuevo capítulo de tensión institucional alrededor del Hospital Universitario de Santander, cuyo futuro inmediato dependerá de las decisiones que adopten sus directivas frente a las exigencias del Gobierno nacional.
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