Tras orden de deportar a los extranjeros irregulares, ¿qué pasará con los venezolanos en Bucaramanga?

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ordenó a Migración Colombia y a la Policía de Barranquilla poner en marcha esta semana operativos para identificar a migrantes en situación irregular y a extranjeros que estén cometiendo delitos, quienes serán deportados.

"No voy a aceptar a inmigrantes ilegales de donde sea que vengan que estén cometiendo delitos en Colombia. Se van y los deportamos", dijo el mandatario en un consejo de seguridad, según las imágenes de un video publicado este lunes por su despacho. De la Espriella explicó que las acciones deben dirigirse primero a los extranjeros que cometan delitos y segundo a quienes no tengan regularizada su situación migratoria, señalando que en el término de la distancia tendrán que ser deportados.

La orden forma parte de la estrategia de seguridad de De la Espriella, la cual busca unificar el trato del Estado ante las organizaciones criminales y considerar terroristas a todos los grupos armados ilegales, sin importar su denominación. "Aquí se acabó esa división. Cuando de combatir el crimen se trata, no hay diferencias ni en la acción del Estado ni en la respuesta del Estado, y mucho menos en una categorización inventada por sectores que buscan proteger a esos bandidos para que el Estado no pueda ejercer la fuerza legítima como corresponde", agregó.

El mandatario también dispuso activar en Barranquilla, sede de su Gobierno, un sistema de recompensas y redadas, reforzar la red de cooperantes y realizar esta misma semana traslados carcelarios para evitar que las prisiones se usen como centros de operaciones para la extorsión.

Esta decisión de reforzar los controles generó inquietud en Bucaramanga, donde viven cerca de 65.000 venezolanos. Las autoridades locales aclararon que las medidas se dirigirán únicamente contra quienes estén involucrados en delitos o tengan irregularidades migratorias, y no contra toda la población venezolana.

El anuncio representa un cambio frente a la política migratoria que Colombia mantuvo en los últimos años. Sin embargo, esto no significa que los 65.000 migrantes de Bucaramanga vayan a ser deportados, ya que la condición de migrante no es por sí misma una razón para expulsar a una persona. Los procedimientos deben realizarse respetando las garantías legales.

La Alcaldía indicó que continuará atendiendo a la población migrante a través de la Oficina Intégrate, donde se activan rutas institucionales y se brinda acompañamiento según las necesidades de cada persona. La administración municipal señaló que la atención humanitaria inicial dio paso a una estrategia centrada en la integración social y económica, y que los controles deben dirigirse contra personas concretas involucradas en hechos delictivos.

Además, Bucaramanga ya registra antecedentes en estos controles. Durante 2026, las autoridades han realizado más de 470 operativos en Santander con verificaciones y procedimientos de expulsión y deportación. Según Migración Colombia, en el primer semestre se verificó a 1.892 extranjeros y se impusieron 85 medidas de deportación o expulsión. Una orden política de aumentar las inspecciones no elimina los trámites legales que deben cumplir las autoridades, por lo que nadie puede ser deportado simplemente por su nacionalidad.

Por su parte, la senadora del Pacto Histórico Isabel Zuleta cuestionó la política migratoria del presidente De la Espriella y pidió a la fuerza pública no acatar las órdenes de operativos y deportaciones. Para la congresista, estas instrucciones desconocen la realidad del país y la Constitución.

Zuleta argumentó que en Colombia no existe la "migración ilegal" como la plantea el Gobierno, por lo que los uniformados no están obligados a ejecutar acciones que vulneren derechos fundamentales. Sostuvo que perseguir a una persona por su situación migratoria no es lo mismo que perseguir un delito.

La legisladora citó como ejemplo al pueblo wayuu, la comunidad indígena binacional que habita en La Guajira a ambos lados de la frontera. Recordó que los wayuu se mueven con libertad entre Colombia y Venezuela desde antes de que existieran las fronteras actuales como parte de su vida ancestral, y advirtió que no pueden ser sancionados ni tratados como migrantes irregulares por transitar por su propio territorio.

Las declaraciones de Zuleta se dieron en el marco de la ofensiva migratoria anunciada por De la Espriella el pasado 23 de agosto, cuando ordenó los operativos empezando por Barranquilla y priorizando a quienes estén vinculados con delitos. Sus palabras abrieron un debate sobre la obediencia debida en la fuerza pública, los derechos de los pueblos indígenas binacionales y el alcance de la política migratoria en Colombia.