Tribunal estudia elección de Cristian Portilla tras concepto de la Procuraduría

La Procuraduría General de la Nación intervino ante el Tribunal Administrativo de Santander para pedir que no se suspenda de manera provisional la elección de Cristian Fernando Portilla Pérez como alcalde de Bucaramanga para el periodo 2024-2027, dentro de un proceso judicial que cuestiona su candidatura por presuntas fallas en la inscripción y una supuesta inhabilidad por ejercicio de autoridad administrativa. El pronunciamiento, emitido en Bucaramanga en el marco de una demanda de nulidad electoral, sostiene que por ahora no existen pruebas claras que justifiquen apartar del cargo al mandatario mientras se define el fondo del litigio.

La continuidad de la administración municipal de Bucaramanga quedó en manos del Tribunal Administrativo de Santander, luego de que la Procuraduría solicitara formalmente que no se aplique una medida cautelar contra el acto que declaró elegido a Cristian Fernando Portilla Pérez como alcalde. El Ministerio Público consideró que suspenderlo en esta etapa del proceso carece de sustento jurídico suficiente.

El concepto fue firmado por Xirys María Mora, procuradora 160 judicial II para Asuntos Administrativos, dentro de una demanda de nulidad electoral que pone en tela de juicio la validez de la elección. La acción judicial sostiene que durante la inscripción de la candidatura se habrían presentado irregularidades y que Portilla estaría inhabilitado por el supuesto ejercicio previo de autoridad administrativa.

En su análisis, la Procuraduría explicó que la suspensión provisional solo procede cuando la ilegalidad del acto es evidente y está respaldada por pruebas claras desde el inicio del proceso. En este caso, indicó que el expediente no permite concluir de forma inmediata que la elección esté viciada ni que sea necesario retirar al alcalde mientras se resuelve el litigio de fondo.

Uno de los puntos revisados tiene que ver con presuntas fallas en la inscripción del entonces candidato, relacionadas con ajustes de última hora y la formalidad de los avales dentro de una coalición política. Para el Ministerio Público, no cualquier error en ese trámite genera automáticamente la nulidad de una elección.

Según el concepto, para que una irregularidad tenga efectos reales debe ser sustancial, plenamente demostrada y con capacidad de incidir en el resultado electoral. Hasta ahora, señala la Procuraduría, no hay material probatorio que permita afirmar que los eventuales defectos formales hayan afectado la legalidad del acto que declaró ganador a Portilla, aspecto que deberá discutirse en el estudio de fondo del proceso.

El otro eje de la demanda se refiere a una supuesta inhabilidad por el ejercicio de funciones públicas antes de la elección, especialmente por actividades de supervisión contractual y participación en instancias administrativas. Sobre este punto, la Procuraduría recordó que el régimen de inhabilidades es de interpretación estricta y no puede ampliarse por analogía.

Con apoyo en jurisprudencia del Consejo de Estado, el Ministerio Público indicó que la supervisión de contratos no implica necesariamente el ejercicio de autoridad civil o administrativa, ya que se trata de labores de control y verificación sin facultades de mando, coerción o decisión unilateral frente a terceros.

De igual manera, la participación como asesor o delegado en comisiones internas no demostraría, por sí sola, un poder jerárquico que configure una inhabilidad. Para la Procuraduría, ese tipo de funciones no supone la capacidad de imponer decisiones ni de ejercer autoridad directa sobre ciudadanos o funcionarios.

Con base en estos argumentos, el ente de control concluyó que no se cumplen los requisitos legales para decretar la suspensión provisional del alcalde de Bucaramanga. Ahora será el Tribunal Administrativo de Santander el que determine si mantiene vigente la elección de Portilla Pérez mientras avanza el proceso que definirá, en última instancia, la legalidad de su mandato.