Por un lado ponen multas y por el otro las tumban: Carlos Parra expone negocio turbio en Girón

El exconcejal de Bucaramanga Carlos Parra realizó una denuncia pública en la que cuestiona el actuar de una familia de agentes de tránsito del municipio de Girón, a quienes señala de incurrir en un posible conflicto de intereses relacionado con la imposición de comparendos y la reducción de multas.

Según Parra, los hermanos Cristancho, uno de ellos alférez de tránsito en Girón, estarían imponiendo comparendos de manera reiterada y, presuntamente, sin criterios claros. El exconcejal aseguró que uno de los agentes habría registrado cerca de 800 multas en un periodo aproximado de siete meses, una cifra que calificó como desproporcionada y que habría generado inconformidad entre conductores del municipio.

La denuncia va más allá del número de comparendos. Parra sostiene que, tras imponer las sanciones, los ciudadanos serían orientados a tomar cursos en una empresa privada de seguridad vial que pertenecería a la misma familia del agente, lo que, a su juicio, configuraría un beneficio económico directo derivado del ejercicio de la función pública.

Estas acusaciones fueron expuestas en un video publicado en las redes sociales del exconcejal, donde se observa un intercambio directo con el agente de tránsito señalado. En las imágenes, Parra lo confronta y lo acusa de ser copropietario del Instituto de Seguridad Vial, junto a su hermano Diego Alexander Cristancho Blanco, entidad que funcionaría en el casco antiguo de Girón.

Durante el video, Parra afirma que a los ciudadanos sancionados se les indicaría acudir a dicho instituto para acceder a cursos que reducirían el valor de las multas hasta en un 50 %. El agente, visiblemente incómodo, evita responder con claridad y finalmente se retira del lugar sin dar explicaciones públicas.

El exconcejal también aseguró que esta situación se suma a otras quejas ciudadanas relacionadas con presuntas prácticas irregulares y posibles extorsiones en las vías de Girón. Por ello, solicitó la intervención de la Superintendencia de Transporte y exhortó a los conductores afectados a enviar sus denuncias y testimonios.

Hasta el momento, ni la Alcaldía de Girón, ni las autoridades de tránsito, ni los agentes señalados han emitido un pronunciamiento oficial frente a estas acusaciones. El caso ha generado amplio debate en redes sociales y se espera que los organismos de control evalúen la situación para determinar si existen responsabilidades disciplinarias o penales.