Judicial - Mayo 11 de 2026 - 04:53 PM

Cuando recibía dinero, cayó mujer señalada de extorsionar a 37 comerciantes en Bucaramanga

Tras un seguimiento del GAULA, fue detenida una mujer vinculada a "Los del Sur" por extorsión agravada. La capturada identificaba establecimientos para intimidar a propietarios en diversos barrios.

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Las autoridades capturaron en flagrancia a una mujer que desempeñaba un rol fundamental en una estructura de extorsión transaccional. La detención se produjo tras un minucioso trabajo de inteligencia que implicó la revisión y el análisis detallado de más de 200 horas de grabaciones provenientes de diversos circuitos cerrados de televisión, herramientas que permitieron trazar el "modus operandi" de la hoy procesada mientras realizaba labores de inteligencia delictiva en terreno.


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La investigación reveló que la capturada se desplazaba por variados corredores comerciales de Bucaramanga con el fin de recolectar evidencia visual y datos específicos de los negocios. Utilizando su dispositivo móvil, tomaba fotografías de las fachadas y los entornos de los establecimientos para alimentar una base de datos que posteriormente servía para perfilar a las víctimas. Con esta información en mano, la red criminal procedía a realizar exigencias económicas que oscilaban entre uno y cinco millones de pesos. El argumento coercitivo utilizado era la amenaza directa contra la vida de los propietarios y sus empleados, logrando establecer contacto con al menos 37 comerciantes en diferentes barrios de la ciudad.


El entramado delictivo poseía una conexión directa con el sistema carcelario. Según establecieron las labores de policía judicial, la información recolectada por la mujer en las calles era remitida de inmediato a su pareja sentimental, quien purga una condena en un centro penitenciario. Desde su lugar de reclusión, el sujeto coordinaba las llamadas extorsivas, atribuyendo las amenazas a las peligrosas facciones criminales conocidas como “Los de San Rafa” y “Los del Sur”. Esta triangulación permitía a la organización generar un clima de zozobra y temor en el gremio, utilizando nombres de estructuras con presencia territorial para dar mayor peso a sus intimidaciones.


El coronel Héctor Daniel García Acevedo, quien lideró la socialización de este resultado, enfatizó la importancia de la tecnología en la resolución del caso. “Seguimos adelantando acciones contundentes contra las estructuras dedicadas a la extorsión y a la intimidación de nuestros comerciantes. Este importante resultado investigativo permite proteger a la ciudadanía y afectar estas redes criminales que buscan generar temor y zozobra”, declaró el oficial. Durante el operativo de captura, el GAULA logró la incautación de dos teléfonos celulares, los cuales se consideran piezas clave para el peritaje forense digital que permitirá identificar a otros cómplices en la cadena de mando de esta red de extorsión.


Tras el procedimiento, la mujer fue trasladada a las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación para iniciar las audiencias concentradas. Un juez de control de garantías tendrá la responsabilidad de evaluar el acervo probatorio y definir su situación jurídica por el delito de extorsión. Paralelamente, la Policía Metropolitana de Bucaramanga reafirmó su compromiso con el sector comercial, instando a los empresarios a no ceder ante las presiones y a reportar cualquier anomalía mediante la línea 165 del GAULA o el contacto contra el crimen 314 358 7212, asegurando que la denuncia es la herramienta más eficaz para desmantelar estas empresas delictivas.

Publicado por Redacción Judicial
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En Bucaramanga, durante un operativo desarrollado en los últimos días, unidades del GAULA de la Policía Nacional lograron capturar a dos personas cuando recibían cinco millones de pesos exigidos a un comerciante de la ciudad. La acción, resultado de un plan antiextorsión apoyado en análisis técnico y seguimiento audiovisual, permitió desarticular una modalidad de intimidación basada en amenazas digitales, suplantación de grupos armados y presión directa sobre establecimientos comerciales. La investigación no comenzó con la captura, sino con el temor de un comerciante que empezó a recibir mensajes y llamadas en las que le exigían dinero a cambio de no atentar contra su negocio. Las comunicaciones no eran genéricas: incluían fotografías recientes de su establecimiento y advertencias que buscaban generar pánico inmediato. Según el trabajo judicial, los responsables se hacían pasar por integrantes de estructuras armadas como el EGC y el ELN, utilizando esa falsa identidad para dar credibilidad a las amenazas. Las exigencias económicas variaban entre uno y cinco millones de pesos, dependiendo de la supuesta “capacidad de pago” de cada víctima. A partir de la denuncia, el GAULA activó un plan antiextorsión que se extendió por varios sectores de Bucaramanga. Durante semanas, los investigadores revisaron más de 200 cámaras de seguridad públicas y privadas, además de analizar cerca de 300 horas de grabaciones, con el objetivo de reconstruir los movimientos de los sospechosos y establecer patrones de comportamiento. Ese seguimiento permitió identificar no solo el punto y la modalidad de entrega del dinero, sino también la posible existencia de otras víctimas que habrían sido contactadas bajo el mismo esquema de intimidación. Con la información recopilada, se coordinó el operativo que culminó con la captura en flagrancia. El procedimiento se realizó en el momento exacto en que los dos señalados recibían los cinco millones de pesos producto de la extorsión. En su poder fueron hallados varios elementos que ahora hacen parte del proceso judicial, entre ellos una motocicleta utilizada para los desplazamientos, dos teléfonos celulares y panfletos extorsivos presuntamente empleados para reforzar las amenazas. Las autoridades consideran que este caso evidencia una modalidad creciente de extorsión basada en el uso de tecnología y en la suplantación de organizaciones armadas para infundir miedo sin pertenecer realmente a ellas. El material incautado será clave para establecer si los capturados están vinculados con otros hechos similares en la ciudad. Desde la Policía Nacional reiteraron que la denuncia oportuna fue determinante para evitar que el comerciante siguiera siendo víctima de presiones económicas y para avanzar en la identificación de los responsables. Asimismo, insistieron en que ningún ciudadano debe acceder a este tipo de exigencias. El caso quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación, mientras el GAULA mantiene abiertas otras líneas de investigación derivadas del análisis de cámaras y comunicaciones, con el fin de ubicar a posibles cómplices y proteger a otros comerciantes.

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