De la Espriella ordena el traslado de Juan Guillermo Monsalve a la cárcel de Cómbita

Las directrices emitidas desde la jefatura del Estado por el presidente Abelardo de la Espriella desencadenaron un movimiento penitenciario en torno a Juan Guillermo Monsalve, un interno cuyo expediente judicial ha permanecido en el centro de la atención pública nacional. A través de un mensaje difundido en su cuenta de la red social X, el mandatario anunció la orden de trasladar a Monsalve desde su lugar habitual de reclusión hacia la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, en el departamento de Boyacá, argumentando que el recluso ha incumplido de manera reiterada las normas del régimen carcelario. En su declaración institucional, el jefe de Estado advirtió que bajo su administración no se tolerará que los centros de reclusión del país operen como bases para actividades delictivas o gocen de prerrogativas irregulares.

La ejecución de la orden coincidió cronológicamente con una urgencia médica registrada en las primeras horas del miércoles 30 de septiembre de 2026. Según reportes confirmados por medios radiales y refrendados por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) a Infobae Colombia, Monsalve debió ser evacuado de urgencia a las 6:30 de la mañana desde el establecimiento carcelario de La Picota hacia una clínica de Bogotá, tras sufrir una aparente afectación de origen cardiovascular que motivó la intervención del médico de turno. Bajo estrictos protocolos de custodia policial y penitenciaria, el exparamilitar quedó internado en el centro asistencial bajo la valoración de especialistas médicos, a la espera de que su condición clínica se estabilice para proceder con la ejecución del traslado carcelario dispuesto por el Ejecutivo.

En su argumentación pública, el presidente de la república recalcó que en la nación no se concederán privilegios a ningún sentenciado, señalando de manera directa al recluso por quebrantar los reglamentos internos de confinamiento. Juan Guillermo Monsalve compurg actualmente una condena privativa de la libertad de 44 años de prisión en el establecimiento penitenciario La Picota —recinto donde permanecía recluido desde el año 2008— por la comisión de delitos vinculados al secuestro extorsivo y su pertenencia histórica a la estructura criminal autodenominada Los Rastrojos. Su nombre adquirió relevancia jurídica nacional al convertirse en una pieza angular dentro del proceso penal que se sigue contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de fraude procesal, soborno simple y soborno en la actuación penal.

El historial judicial de Monsalve se remonta a sus vínculos familiares con la finca Guacharacas, propiedad tradicional de la familia Uribe Vélez, donde su progenitor desempeñó funciones de administración. A partir de esos antecedentes, el exparamilitar rindió testimonios ante la Corte Suprema de Justicia en los que aseguró haber presenciado la conformación de grupos paramilitares, específicamente el Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia, y señaló supuestas vinculaciones de Álvaro y Santiago Uribe con estructuras armadas ilegales. Tales afirmaciones fueron incorporadas por el senador Iván Cepeda como un antecedente clave en el debate político y judicial que dio origen a las investigaciones contra el exmandatario.

Dentro de las etapas procesales recientes, la jueza Sandra Liliana Heredia Aranda aceptó formalmente a Monsalve como testigo de cargo y validó como prueba documental las grabaciones clandestinas que el interno obtuvo mediante un reloj equipado con cámara oculta durante una diligencia de visita efectuada por el abogado Diego Cadena a la cárcel La Picota. Según la valoración jurídica emitida durante la lectura del fallo judicial por la togada, los elementos probatorios permitieron acreditar la existencia de una maniobra orientada a coaccionar al recluso para que se retractara de sus acusaciones contra Uribe Vélez, coordinada desde Bogotá y desde la ciudad de Neiva con la participación del jurista mencionado y de Álvaro Hernán Prada. La nueva disposición de trasladarlo al penal de Cómbita, combinada con su actual hospitalización por el cuadro cardiovascular, añade un nuevo componente crítico a la custodia y seguridad de un testigo clave cuyas actuaciones procesales continúan gravitando sobre el panorama político de Colombia.