“Rompí el platico y regué la comida”: amarran niño a una silla para castigarlo

Las instalaciones de un centro de atención especializado para niños, niñas y adolescentes ubicado en la ciudad de Cali se convirtieron en el centro de una controversia de carácter ético y legal, luego de que la psicóloga clínica en formación Katerine Trujillo Herrera hiciera públicas las presuntas irregularidades observadas durante el desarrollo de sus prácticas académicas de maestría. La profesional documentó y denunció situaciones en las que un menor de edad fue sometido a restricciones físicas severas como aparente método de castigo tras un incidente cotidiano con los alimentos.

De acuerdo con el relato expuesto por la psicóloga, los hechos trascendieron a raíz de un episodio en el cual un niño arrojó su plato de comida al suelo. Como respuesta institucional a esa conducta, el infractor fue sentado e inmovilizado mediante un chaleco de sujeción atado directamente al respaldo de una silla, una medida restrictiva que lo mantuvo prácticamente bloqueado en su movilidad durante un periodo aproximado de cuarenta minutos. En registros videográficos grabados por la denunciante, se documenta al menor confirmando la razón de su permanencia en el asiento y señalando que correspondía a una sanción por haber regado la comida.

Al advertir la situación, la psicóloga inquirió al personal encargado sobre el método correctivo empleado. Una de las cuidadoras del establecimiento minimizó el hecho al señalar que la sujeción no se prolongaba por muchas horas y que su propósito era enseñarle al menor a valorar los alimentos. Lejos de tratarse de un incidente aislado, la profesional indicó que, motivada por la necesidad de corroborar si el procedimiento respondía a una rutina institucional, retornó al centro en una segunda oportunidad, hallando al mismo niño bajo condiciones de inmovilización equivalentes, además de presenciar un protocolo de regulación hídrica en el que otro infante permanecía sentado con la totalidad de su indumentaria mojada.

Tras documentar los casos y constatar que las cuidadoras actuaban bajo niveles elevados de estrés operativo y normalizaban el uso de contenciones físicas —incluso contra menores catalogados dentro de la neurodivergencia—, Trujillo Herrera decidió no guardar silencio. Al día siguiente de su primera observación, radicó una denuncia formal ante la Regional Valle del Cauca del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) y aportó los registros visuales obtenidos. Como consecuencia inmediata de su actuación, la universidad donde cursa su posgrado, la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), suspendió de forma temporal su proceso de prácticas de la Maestría en Terapias de Tercera Generación mientras se evalúa su reubicación en otro escenario clínico.

La difusión del caso a través de las redes sociales generó reacciones encontradas. Por un lado, la propietaria del establecimiento se comunicó inicialmente con la denunciante para manifestar su desconocimiento sobre los hechos y apartar al personal involucrado; sin embargo, en una posterior visita de verificación realizada en compañía de agentes de la Policía de Infancia y Adolescencia, las directivas del centro argumentaron que los padres de familia poseían pleno conocimiento y avalaban dichas prácticas de contención. En su intento por esclarecer el panorama, la psicóloga contactó al padre del menor afectado para poner a su disposición los elementos probatorios, obteniendo como respuesta una advertencia sobre acciones legales por parte de los apoderados de la familia, quienes recriminaron la exposición pública del caso por encima de la verificación de los derechos del niño.

Por su parte, la Dirección Regional del Valle del Cauca del ICBF activó de manera formal los protocolos de verificación e investigación administrativa para inspeccionar el centro de atención, determinar si existió una vulneración sistemática de los derechos fundamentales de los menores y definir las sanciones disciplinarias o penales a que haya lugar contra los responsables de la institución en la capital vallecaucana.