MinAmbiente revoca prórroga de reserva en Santurbán y deja vigente plazo hasta marzo de 2027

La revocatoria ministerial de la prórroga sobre el macizo de Santurbán reabre el debate territorial en la provincia de Soto Norte y genera pronunciamientos de autoridades locales y departamentales

Las directrices del Ministerio de Ambiente centradas en la revocatoria de la resolución 0970 de 2026 —normativa mediante la cual se había fijado una ampliación de la vigencia hasta marzo de 2029 para la zona de reserva temporal de recursos naturales renovables situada sobre el flanco occidental del macizo de Santurbán— provocaron un pronunciamiento generalizado entre las administraciones municipales de la provincia de Soto Norte y la Gobernación de Santander.

Con la anulación de dicha prórroga ministerial, la continuidad jurídica del territorio queda supeditada a lo dictaminado previamente por la resolución 0221, expedida en marzo de 2005, la cual establece la figura de reserva temporal con un vencimiento perentorio fijado para marzo de 2027 sobre una superficie total de 75.444 hectáreas distribuidas en los municipios de Suratá, Matanza, California, Vetas, Charta, Tona y la capital santandereana, Bucaramanga.

Desde la administración municipal de Vetas, la alcaldesa Angélica María García analizó los efectos jurídicos de la decisión ministerial y destacó que la medida abre canales de concertación indispensables para la participación ciudadana en los debates sobre el futuro del páramo. La mandataria local precisó que la reserva temporal sigue amparada bajo el plazo que expira en marzo de 2027, e instó al Gobierno nacional a resolver los recursos legales interpuestos en las instancias del Ministerio de Ambiente y a concertar de manera directa con los habitantes de la zona cualquier delimitación definitiva.

Al abordar el tejido económico de su municipio, García puntualizó que en Vetas operan cuatro titulares dedicados a la pequeña minería formal, mientras que otras once solicitudes se mantienen en procesos de suspensión donde prolifera la extracción informal, recalcando que estas labores se ejecutan por fuera de las coordenadas del polígono del páramo y del Parque Natural Regional, argumentando además que la tradición productiva de los vetanos ha girado en torno a la minería durante más de 470 años debido a las limitaciones topográficas para consolidar una reconversión agropecuaria inmediata.

En términos similares se expresó el alcalde de Tona, Jesús Santiago Gutiérrez, quien respaldó la decisión gubernamental bajo el argumento de que la concertación social debe prevalecer en la planeación ambiental del Estado. El mandatario local enfatizó que los diálogos armónicos entre las comunidades rurales y el Ministerio de Ambiente resultan ineludibles, recordando que en su jurisdicción subsisten prácticas de minería artesanal de arrastre y vestigios de explotaciones marmoleras históricas, e insistiendo en que la salvaguarda de los ecosistemas no debe obviar las realidades socioeconómicas y culturales de los pobladores.

Por su parte, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, evaluó la revocatoria de la prórroga como un mecanismo que obliga a las instituciones y a los actores sociales de Soto Norte a estructurar la delimitación definitiva del páramo dentro del lapso que resta hasta el mes de marzo de 2027.

El jefe del ejecutivo departamental calificó la extensión temporal anulada como un factor que prolongaba la incertidumbre jurídica de las comunidades locales y cuestionó la gestión de la administración central predecesora, a la que señaló de incurrir en vicios procedimentales por omitir la consulta ciudadana y desatender los parámetros participativos exigidos por el Acuerdo de Escazú, convocando a todas las partes a trabajar coordinadamente en la solución definitiva del diferendo ambiental.