Judicial - Septiembre 12 de 2026 - 12:26 PM

FBI y Fiscalían incautan bienes de la mafia en Santander, Antioquia, Boyacá y Caquetá

El FBI busca a una abogada y a un expolicía por filtrar información reservada de la Fiscalía a la red 'Los del Dorado' a cambio de dinero. A pesar de la alerta en El Poblado y un sospechoso derecho de petición de alias Yulian, las autoridades incautaron 44 propiedades avaluadas en $22.000 millones en Santander y otros tres departamentos.

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La Oficina Federal de Investigación (FBI) de los Estados Unidos, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional de Colombia, adelanta la localización y captura de una jurista colombiana y de un exintegrante de la institución policial acusados de filtrar información de carácter confidencial a los máximos cabecillas de la organización narcotraficante denominada 'Los del Dorado'. La filtración pretendía alertar a los capos sobre órdenes de captura inminentes y una megaredada de extinción de dominio sobre su patrimonio ilícito. Pese a las maniobras de la red para ocultar y transferir sus activos tras la advertencia, las autoridades colombianas y estadounidenses ejecutaron la ocupación de 44 propiedades avaluadas en más de $22.000 millones de pesos colombianos.

De acuerdo con las piezas procesales reveladas por El Tiempo, la clave para alentar la indagación judicial por la fuga de datos surgió a partir de una reunión clandestina realizada en junio de 2025 en un centro comercial del sector de El Poblado, en la ciudad de Medellín. En dicho encuentro, tres jefes de la estructura criminal escucharon la grabación de una abogada que afirmaba contar con nexos e influencias dentro del ente investigador para dilatar las diligencias a cambio de dádivas económicas. Durante la reunión, los delincuentes exhibieron un documento con el logotipo oficial de la Fiscalía que contenía la lista de diez personas bajo la mira de la justicia, entre las que figuraban los alias de "Olfer", "Yulian", "Mono", "Chucho", "Calero" y "Calvo". Asimismo, en las pesquisas consta que un exoficial de la Policía ofreció y entregó una memoria USB con la carpeta investigativa completa del operativo a cambio de la suma de $12.000.000 de pesos.

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El entramado de corrupción quedó totalmente al descubierto en agosto de 2025, cuando el abogado defensor de Eisar Yulian Monsalve González, alias Yulian, radicó un insólito derecho de petición ante la Fiscalía aduciendo que, mediante una "fuente", se había enterado de la existencia del proceso y solicitando formalmente que se abstuvieran de emitir órdenes de captura o registros de allanamiento contra su cliente. El documento encendió las alarmas de los peritos y obligó a acelerar las fases operativas de la investigación, la cual guarda directa relación con las denuncias sobre fortuna criminal a las que aludió públicamente el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Aunque alias Yulian logró darse a la fuga tras el soplo, la posterior captura y sometimiento a preacuerdo de Edilson Palacio Orjuela, alias Calvo, y Olfer Rodríguez Vanegas, alias Olfer, confirmó los pagos de sobornos a funcionarios públicos.

La estructura 'Los del Dorado' operaba una red de tráfico trasnacional que adquiría pasta base de coca en el departamento de Nariño para procesarla en laboratorios clandestinos situados en el corregimiento de Doradal, municipio de Puerto Triunfo (Antioquia), zona bajo el dominio del Clan del Golfo que lideraba Oliverio Isaza Gómez, alias Terror, abatido por la Fuerza Pública en febrero de 2025. Los narcotraficantes pagaban peajes en efectivo y con vehículos de alta gama a alias Terror para garantizar la producción y el transporte de la droga en camiones de ganado y materiales de construcción hacia la costa Caribe, desde donde zarpaba en embarcaciones con destino a Centroamérica y Estados Unidos. La redada patrimonial permitió la ocupación judicial de bienes en departamentos como Antioquia, Santander, Boyacá y Caquetá.







Publicado por Redacción Ké Se Dice
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En Bucaramanga, durante un operativo desarrollado en los últimos días, unidades del GAULA de la Policía Nacional lograron capturar a dos personas cuando recibían cinco millones de pesos exigidos a un comerciante de la ciudad. La acción, resultado de un plan antiextorsión apoyado en análisis técnico y seguimiento audiovisual, permitió desarticular una modalidad de intimidación basada en amenazas digitales, suplantación de grupos armados y presión directa sobre establecimientos comerciales. La investigación no comenzó con la captura, sino con el temor de un comerciante que empezó a recibir mensajes y llamadas en las que le exigían dinero a cambio de no atentar contra su negocio. Las comunicaciones no eran genéricas: incluían fotografías recientes de su establecimiento y advertencias que buscaban generar pánico inmediato. Según el trabajo judicial, los responsables se hacían pasar por integrantes de estructuras armadas como el EGC y el ELN, utilizando esa falsa identidad para dar credibilidad a las amenazas. Las exigencias económicas variaban entre uno y cinco millones de pesos, dependiendo de la supuesta “capacidad de pago” de cada víctima. A partir de la denuncia, el GAULA activó un plan antiextorsión que se extendió por varios sectores de Bucaramanga. Durante semanas, los investigadores revisaron más de 200 cámaras de seguridad públicas y privadas, además de analizar cerca de 300 horas de grabaciones, con el objetivo de reconstruir los movimientos de los sospechosos y establecer patrones de comportamiento. Ese seguimiento permitió identificar no solo el punto y la modalidad de entrega del dinero, sino también la posible existencia de otras víctimas que habrían sido contactadas bajo el mismo esquema de intimidación. Con la información recopilada, se coordinó el operativo que culminó con la captura en flagrancia. El procedimiento se realizó en el momento exacto en que los dos señalados recibían los cinco millones de pesos producto de la extorsión. En su poder fueron hallados varios elementos que ahora hacen parte del proceso judicial, entre ellos una motocicleta utilizada para los desplazamientos, dos teléfonos celulares y panfletos extorsivos presuntamente empleados para reforzar las amenazas. Las autoridades consideran que este caso evidencia una modalidad creciente de extorsión basada en el uso de tecnología y en la suplantación de organizaciones armadas para infundir miedo sin pertenecer realmente a ellas. El material incautado será clave para establecer si los capturados están vinculados con otros hechos similares en la ciudad. Desde la Policía Nacional reiteraron que la denuncia oportuna fue determinante para evitar que el comerciante siguiera siendo víctima de presiones económicas y para avanzar en la identificación de los responsables. Asimismo, insistieron en que ningún ciudadano debe acceder a este tipo de exigencias. El caso quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación, mientras el GAULA mantiene abiertas otras líneas de investigación derivadas del análisis de cámaras y comunicaciones, con el fin de ubicar a posibles cómplices y proteger a otros comerciantes.

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