Laura Sarabia rechaza aceptar cargos y principio de oportunidad propuestas por la Fiscalía

Una serie de conversaciones de carácter confidencial adelantadas en días recientes entre el equipo de defensa de Laura Sarabia y delegados de la Fiscalía General de la Nación concluyó sin ningún tipo de avenencia previa a la audiencia de imputación fijada para este lunes 14 de septiembre de 2026, a partir de las 9:00 a. m. La exfuncionaria, quien se consolidó como una de las figuras de mayor influencia política e institucional durante el cuatrienio del expresidente Gustavo Petro —periodo en el que se desempeñó sucesivamente como jefa de gabinete, directora del Departamento de Prosperidad Social (DPS), titular del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y finalmente embajadora de Colombia ante el Reino Unido—, deberá comparecer formalmente en estrados judiciales sin la cobertura de una negociación penal preestablecida.

Según reveló  Semana en la mañana de este sábado 12 de septiembre, el ente investigador planteó a la representación legal de la exdiplomática dos vías jurídicas concretas para la resolución anticipada del expediente antes de la diligencia del lunes. La primera alternativa consistía en un preacuerdo formal con aceptación de responsabilidad penal, fórmula que le hubiese permitido a la procesada acceder a una rebaja de hasta el 50 % en la pena privativa de la libertad que le correspondería por los delitos investigados, con arreglo a las directrices establecidas en el Código de Procedimiento Penal colombiano.

La segunda opción presentada por los fiscales del caso contemplaba la aplicación de la figura del principio de oportunidad. Este mecanismo requería la firma de un compromiso de colaboración activa e integral con la justicia, mediante el cual Sarabia debía suministrar datos e información relevante, útil y debidamente verificable para identificar a otros posibles implicados y reconstruir la cadena jerárquica de decisiones que rodeó el traslado no consentido de su exniñera, Marelbys Meza, hacia dependencias policiales ubicadas en un edificio contiguo a la Casa de Nariño. Dicho procedimiento tuvo como fin someter a la trabajadora doméstica a una prueba de polígrafo tras la presunta desaparición de una suma de dinero en efectivo en la vivienda de la exjefa de gabinete a comienzos de junio de 2023, fecha en la que el caso tomó relevancia mediática tras las denuncias públicas de Meza.

Al manifestar una respuesta negativa frente a ambas propuestas institucionales y sostener su postura de inocencia frente a las acusaciones, Laura Sarabia dejó el camino despejado para que la Fiscalía proceda con la formulación formal de la imputación. Durante la audiencia programada, la representación del organismo de control le endilgará los delitos de abuso de función pública y constreñimiento ilegal. Estos cargos sustituyeron una calificación jurídica preliminar más gravosa que contemplaba los punibles de empleo ilegal de la fuerza pública y peculado por uso.

El expediente acusatorio redactado por la Fiscalía sostiene de manera preliminar que Sarabia, valiéndose de la posición de poder y el rango de mando ejercido dentro de la Casa de Nariño, habría instigado de manera directa al coronel de la Policía Nacional Carlos Alberto Feria Buitrago para que ordenara a sus subordinados la disposición de recursos, infraestructura y bienes del Estado para la práctica irregular del polígrafo y el despliegue de interceptaciones telefónicas ilegales contra Meza. Asimismo, las indagaciones marco del caso mantienen trazabilidades sobre sucesos conexos de alta sensibilidad, entre ellos los hechos que rodearon la muerte del coronel de la Policía Óscar Dávila. La validez probatoria de las incriminaciones y el nivel de participación atribuido a la exfuncionaria deberán ser sometidos a debate dentro del proceso penal ordinario.