Las autoridades judiciales de Bucaramanga investigan la muerte de Jonathan Alberto Leyva Barbosa, de 37 años, al interior de la estación de Policía Centro. El CTI trasladó el cuerpo de la víctima Jonathan Alberto Leyva Barbosa a Medicina Legal para establecer las causas exactas del deceso.
El pasado lunes 8 de junio se registró el fallecimiento de Jonathan Alberto Leyva Barbosa al interior de la estación de Policía del Centro de Bucaramanga. El ciudadano, de 37 años, se encontraba privado de la libertad desde el 6 de mayo por el delito de porte ilegal de armas de fuego y ocupaba la celda número 5 de esas instalaciones cuando se produjo su deceso.
Los primeros reportes de las autoridades judiciales plantean la hipótesis de una muerte súbita causada por alguna patología médica en desarrollo. Sin embargo, ante la falta de claridad total sobre los factores que desencadenaron el hecho, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) asumió el caso. Los funcionarios realizaron los actos urgentes y la inspección del cadáver en la unidad policial, para luego ordenar su traslado a la sede regional del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde la necropsia determinará formalmente las causas médicas del fallecimiento.
Al momento de ser privado de la libertad, Leyva Barbosa no contaba con un empleo formal. Su situación jurídica era la de sindicado, un elemento clave dentro de las discusiones sobre los derechos de la población carcelaria, ya que legalmente no existía una sentencia condenatoria en su contra.
Esta condición motivó el pronunciamiento de Hernando Mantilla Medina, defensor de los derechos carcelarios en el departamento de Santander, quien lamentó públicamente el fallecimiento. El analista explicó al medio Ké se que los centros de detención transitoria, como las estaciones de Policía, someten a las personas a niveles de presión física y mental complejos que repercuten en el organismo. “Parece que fue un infarto con apenas 37 años. Llevaba poco más de un mes en la estación Centro por porte ilegal de armas de fuego. Era un sindicado, es decir, todavía no había sido condenado. Eso es producto de la tensión tan terrible que seguramente se vive en un sitio como esos”, argumentó el veedor.
La problemática expuesta por el defensor penal abarca las dinámicas de sobrepoblación que enfrentan las infraestructuras de detención temporal en el país desde hace varios años, una situación que, según su criterio, vulnera tanto la estabilidad de los internos como la de sus núcleos cercanos. “Eso no debe ser nada fácil. Unos encima de otros, con enfermedades, con angustias y necesidades. Muchas veces las familias quedan en una situación muy complicada porque la persona privada de la libertad era quien llevaba el sustento al hogar. Estas son consecuencias de una problemática que se viene presentando desde hace varios años”, concluyó Mantilla Medina.
El esclarecimiento final del caso depende ahora de los análisis forenses y las pruebas patológicas complementarias que realice Medicina Legal, las cuales confirmarán si el deceso obedeció a una evolución natural de su salud o si existieron variables externas ligadas al entorno de reclusión.
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