La representante a la Cámara por Antioquia es señalada de haber presentado un diploma de Ingeniería de Minas y Metalurgia que, según la Universidad Nacional, no fue expedido por esa institución. Con ese título habría acreditado requisitos para un contrato con la DIAN. Ya enfrenta varias denuncias ante la Corte Suprema y la Fiscalía, su partido le pidió dejar la curul y ella no se ha pronunciado.
La representante a la Cámara por Antioquia Luz Verónica Estrada Holguín, del Pacto Histórico, está en el centro de un escándalo que no para de crecer: la Universidad Nacional asegura que no tiene ningún registro de que se haya graduado como ingeniera de Minas y Metalurgia, el título que ella habría presentado para acreditarse ante entidades del Estado. Ahora su propio partido le pidió la renuncia, el expresidente Gustavo Petro se desmarcó al mejor estilo del recordado ‘no lo crié’ y las denuncias ya llegaron a la Corte Suprema de Justicia.
El caso estalló la noche del miércoles 18 de noviembre, cuando el activista Juan Felipe Pedraza, conocido en redes sociales como ‘Rentas’, publicó los documentos que, según él, demuestran que el diploma de la congresista es falso. Entre las inconsistencias señaló que el número serial del documento, fechado el 16 de noviembre de 2021, correspondería al año 2011. La exdecana de la Facultad de Minas, Verónica Botero, negó que la firma que aparece en el diploma sea suya.
La Universidad Nacional, sede Medellín, confirmó que tras revisar sus archivos físicos y digitales no encontró registro alguno de que Estrada Holguín fuera egresada de ese programa. Según el secretario general de la institución, Édgar Cortés Reyes, la alerta surgió desde mediados de octubre de 2025, cuando el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (Copnia) pidió verificar el título. El rector, José Ismael Peña Reyes, aseguró que la universidad acompañará a las autoridades para que se determinen las responsabilidades.
De acuerdo con los documentos registrados en la plataforma de contratación pública Secop II, la congresista habría acreditado ese título, junto con acta de grado, certificado de calificaciones y tarjeta profesional, para un contrato con la DIAN firmado en 2025 por 78 millones de pesos. Las dudas también alcanzaron su diploma de bachiller: un colegio de Caramanta, Antioquia, aseguró que no terminó sus estudios allí.
Denuncias, renuncia y silencio
La senadora Jennifer Pedraza radicó denuncias ante la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría y la Comisión de Ética de la Cámara, en las que pide investigarla por presunta falsedad material en documento público, obtención de documento público falso, uso de documento falso, fraude procesal y falsedad personal. A esa acción se suman otra denuncia ante la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema, presentada por la senadora Sara Castellanos, la representante Carol Borda y el propio ‘Rentas’, además de las de dos abogados y la de la misma Universidad Nacional.
El Pacto Histórico, a través de su coordinación nacional provisional, le pidió a la congresista renunciar a su curul y llevó el caso a su Comisión Nacional de Ética, que lo estudiará este lunes 23 de noviembre. Si Estrada renuncia, la curul seguiría en manos del partido y la ocuparía el siguiente en la lista.
El expresidente Gustavo Petro también se desmarcó, y lo hizo al mejor estilo del ‘no lo crié’. “Ni conocía a Verónica Estrada en ese momento. Partida de mentirosos”, escribió en su cuenta de X. La respuesta recuerda la frase con la que el entonces presidente tomó distancia de su hijo mayor, Nicolás Petro, cuando este quedó en medio de un escándalo judicial: “No lo crié, esa es la realidad”, dijo el 12 de marzo de 2023 en una entrevista. Ahora, frente a una congresista elegida con las banderas de su movimiento, la fórmula vuelve a ser la misma: tomar distancia. A su turno, el excandidato presidencial Iván Cepeda afirmó que quienes resulten responsables “deben asumir las consecuencias”.
La paradoja que más ruido hace en redes: Estrada figura como una de las 21 coautoras del proyecto de ley 019 de 2026 de la Cámara, que busca crear un sistema de consulta pública de títulos universitarios para combatir el fraude.
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