País - Noviembre 21 de 2026 - 09:20 AM

De La Espriella ordena suspender matrículas de universitarios que promuevan la violencia

Las universidades públicas están en la mira del Gobierno. De La Espriella anunció medidas contra quienes permanecen matriculados durante años sin actividad académica efectiva, ordenó investigar posibles títulos fraudulentos y advirtió que la autonomía universitaria no puede servir de protección para actividades ilegales.

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El presidente Abelardo De La Espriella anunció nuevas medidas para las universidades públicas del país. Este viernes 20 de noviembre ordenó al Ministerio de Educación revisar las matrículas y promover la suspensión de aquellas correspondientes a personas que, según sus denuncias, utilizan los cupos universitarios para impulsar actos violentos o desarrollar actividades ilegales en lugar de cumplir con sus obligaciones académicas.

Durante una reunión con delegados del Gobierno en las instituciones de educación superior, el mandatario cuestionó que algunas personas permanezcan matriculadas durante décadas sin avanzar realmente en sus estudios. Aseguró que esos cupos deberían estar disponibles para jóvenes interesados en obtener una formación profesional y señaló que algunas de estas personas estarían vinculadas con organizaciones al margen de la ley. Estas acusaciones no estuvieron acompañadas de casos individuales identificados en el comunicado oficial.

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Policía en los campus y revisión de títulos

El jefe de Estado también pidió establecer protocolos para que la Policía pueda intervenir en las universidades cuando existan amenazas contra estudiantes, docentes, ciudadanos o integrantes de la Fuerza Pública. Sostuvo que la autonomía universitaria no puede utilizarse para impedir actuaciones legales frente a posibles atentados o hechos violentos.

Otra de las instrucciones fue conformar una comisión especial encargada de verificar la autenticidad y validez de los títulos académicos. El Gobierno pretende identificar posibles irregularidades en su expedición u obtención y determinar si existen conductas que deban ser investigadas por las autoridades competentes.

Las decisiones anunciadas abren un debate sobre los límites de la autonomía universitaria, la protección del derecho a la educación y las facultades de las autoridades para actuar dentro de los campus. Por ahora, la Presidencia no ha detallado cuántas matrículas serían revisadas ni los procedimientos específicos para aplicar eventuales suspensiones. 


Publicado por Redacción Ké se dice
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En Bucaramanga, durante un operativo desarrollado en los últimos días, unidades del GAULA de la Policía Nacional lograron capturar a dos personas cuando recibían cinco millones de pesos exigidos a un comerciante de la ciudad. La acción, resultado de un plan antiextorsión apoyado en análisis técnico y seguimiento audiovisual, permitió desarticular una modalidad de intimidación basada en amenazas digitales, suplantación de grupos armados y presión directa sobre establecimientos comerciales. La investigación no comenzó con la captura, sino con el temor de un comerciante que empezó a recibir mensajes y llamadas en las que le exigían dinero a cambio de no atentar contra su negocio. Las comunicaciones no eran genéricas: incluían fotografías recientes de su establecimiento y advertencias que buscaban generar pánico inmediato. Según el trabajo judicial, los responsables se hacían pasar por integrantes de estructuras armadas como el EGC y el ELN, utilizando esa falsa identidad para dar credibilidad a las amenazas. Las exigencias económicas variaban entre uno y cinco millones de pesos, dependiendo de la supuesta “capacidad de pago” de cada víctima. A partir de la denuncia, el GAULA activó un plan antiextorsión que se extendió por varios sectores de Bucaramanga. Durante semanas, los investigadores revisaron más de 200 cámaras de seguridad públicas y privadas, además de analizar cerca de 300 horas de grabaciones, con el objetivo de reconstruir los movimientos de los sospechosos y establecer patrones de comportamiento. Ese seguimiento permitió identificar no solo el punto y la modalidad de entrega del dinero, sino también la posible existencia de otras víctimas que habrían sido contactadas bajo el mismo esquema de intimidación. Con la información recopilada, se coordinó el operativo que culminó con la captura en flagrancia. El procedimiento se realizó en el momento exacto en que los dos señalados recibían los cinco millones de pesos producto de la extorsión. En su poder fueron hallados varios elementos que ahora hacen parte del proceso judicial, entre ellos una motocicleta utilizada para los desplazamientos, dos teléfonos celulares y panfletos extorsivos presuntamente empleados para reforzar las amenazas. Las autoridades consideran que este caso evidencia una modalidad creciente de extorsión basada en el uso de tecnología y en la suplantación de organizaciones armadas para infundir miedo sin pertenecer realmente a ellas. El material incautado será clave para establecer si los capturados están vinculados con otros hechos similares en la ciudad. Desde la Policía Nacional reiteraron que la denuncia oportuna fue determinante para evitar que el comerciante siguiera siendo víctima de presiones económicas y para avanzar en la identificación de los responsables. Asimismo, insistieron en que ningún ciudadano debe acceder a este tipo de exigencias. El caso quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación, mientras el GAULA mantiene abiertas otras líneas de investigación derivadas del análisis de cámaras y comunicaciones, con el fin de ubicar a posibles cómplices y proteger a otros comerciantes.

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