La Procuraduría Distrital de Juzgamiento destituyó e inhabilitó por ocho años en primera instancia a Carlos Julián Caicedo, pareja del expresidente de Ecopetrol Ricardo Roa, tras comprobar que se posesionó como asesor del Invías el 24 de enero de 2023 teniendo un contrato vigente con la institución Pascual Bravo.
La Procuraduría Distrital de Juzgamiento profirió un fallo sancionatorio de primera instancia mediante el cual destituyó e inhabilitó por el término de ocho años para ejercer cargos públicos a Carlos Julián Caicedo Cano, administrador de empresas y pareja sentimental del expresidente de Ecopetrol, Ricardo Roa.
La decisión fue adoptada por el procurador Crispín Roberto Pavajeau Villazón al concluir la investigación iniciada tras el pliego de cargos formulado el 4 de junio de 2025, en el que se cuestionó que Caicedo Cano tomara posesión como asesor grado 08 del Instituto Nacional de Vías (Invías) el 24 de enero de 2023 —durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro— teniendo aún vigente una relación contractual con la Institución Pública Universitaria Pascual Bravo.
En la parte resolutiva de la providencia, el Ministerio Público declaró probado el cargo único relacionado con la violación al régimen de incompatibilidades de los servidores públicos: “Se declara disciplinariamente responsable al señor Carlos Julián Caicedo, quien para la época de los hechos se desempeñaba como asesor, grado 08 del Instituto Nacional de Vías, Invías, por la conducta atribuida en el cargo único formulado mediante pliego de cargos el 4 de junio de 2025, relacionada con el desconocimiento del régimen de incompatibilidades aplicables a los servidores públicos, al encontrarse acreditados los presupuestos de tipicidad, ilicitud circunstancial y culpabilidad, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia”.
Para el órgano de control, la conducta revestía especial gravedad al haberse asumido la dignidad pública sin resolver previamente el vínculo contractual anterior: “Asumió el empleo de asesor del Invías (en el gobierno de Gustavo Petro) sin haber resuelto previamente la situación contractual que mantenía con la institución universitaria Pascual Bravo, incurriendo en una desatención elemental del deber objetivo de cuidado que le resultaba funcionalmente exigible”.
Durante el proceso disciplinario, la defensa aportó soportes sobre una renuncia presentada el 30 de enero de 2023 —seis días después de posesionarse en el Invías—, así como gestiones posteriores para liquidar el contrato con la institución universitaria y restituir los honorarios recibidos.
No obstante, el procurador fallador concluyó que dichas actuaciones no eximen de responsabilidad al investigado: “El contrato fue suscrito antes de la posesión en el Invías; la defensa aportó la documentación relacionada con una renuncia presentada el 30 de enero de 2023 y las acreditaciones de actuaciones posteriores dirigidas a finalizar la relación contractual y restituir los honorarios recibidos. Pero esas circunstancias no desvirtúan la responsabilidad disciplinaria ni disminuyen la modalidad de culpabilidad establecida”.
Al calificar la falta como gravísima cometida a título de culpa gravísima, la Procuraduría sustentó la sanción de destitución e inhabilidad general por ocho años como una medida ajustada al marco legal vigente, sin agravantes adicionales. Hasta el momento, ni Carlos Julián Caicedo Cano ni el expresidente de Ecopetrol Ricardo Roa se han pronunciado públicamente sobre el fallo, el cual admite recurso de apelación en segunda instancia por parte de la defensa.
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