País - Julio 07 de 2022 - 02:57 PM

Alejandro Gaviria será el nuevo Ministro de Educación

El Electo presidente Gustavo Petro designó a Alejandro Gaviria como el ministro de Educación para el Gobierno que inicia el próximo 7 de agosto. Este es el séptimo Ministerio confirmado.

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El excandidato presidencial Alejandro Gaviria ahora será el ministro de Educación para el nuevo Gobierno que inicia el próximo 7 de agosto, según anunció el presidente electo de Colombia, Gustavo Petro Urrego.

Esta decisión – que es ya el séptimo Ministerio confirmado por el mandatario - fue dada a conocer a través de una publicación en Twitter; mismo medio de comunicación por el cual ha informado los otros seis nombramientos de su gabinete.

Según Petro, Gaviria deberá asumir la misión de consolidar la gratuidad de la Educación Pública Superior, fortalecer los centros de investigación universitario y aumentar la tasa de escolaridad en el nivel preescolar.

También le dio el reto de “Generalizar el bienestar universitario con restaurantes y guarderías para las jóvenes con hijos. Lograr que la expansión de la educación cubra las regiones más olvidadas. Lograr una articulación eficaz en el Sena y en los últimos años de la secundaria con la educación superior.

“Lograr la extensión de la jornada escolar con el arte y la música, el deporte, la preparación matemática para programación, la historia. Buscaremos que la agencia nacional de infraestructura maneje los campos de la construcción de infraestructura educativa, conectividad y salud”, trinó el electo mandatario.

Junto a Gaviria han sido anunciados Carolina Corcho en el Ministerio de Salud, Cecilia López en el de Agricultura, Susana Muhamad en el de Ambiente, José Antonio Ocampo en el de Hacienda, Álvaro Leyva en el de Relaciones Exteriores y la santandereana Patricia Ariza en el de Cultura.

Publicado por Redacción Nacional
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En Bucaramanga, durante un operativo desarrollado en los últimos días, unidades del GAULA de la Policía Nacional lograron capturar a dos personas cuando recibían cinco millones de pesos exigidos a un comerciante de la ciudad. La acción, resultado de un plan antiextorsión apoyado en análisis técnico y seguimiento audiovisual, permitió desarticular una modalidad de intimidación basada en amenazas digitales, suplantación de grupos armados y presión directa sobre establecimientos comerciales. La investigación no comenzó con la captura, sino con el temor de un comerciante que empezó a recibir mensajes y llamadas en las que le exigían dinero a cambio de no atentar contra su negocio. Las comunicaciones no eran genéricas: incluían fotografías recientes de su establecimiento y advertencias que buscaban generar pánico inmediato. Según el trabajo judicial, los responsables se hacían pasar por integrantes de estructuras armadas como el EGC y el ELN, utilizando esa falsa identidad para dar credibilidad a las amenazas. Las exigencias económicas variaban entre uno y cinco millones de pesos, dependiendo de la supuesta “capacidad de pago” de cada víctima. A partir de la denuncia, el GAULA activó un plan antiextorsión que se extendió por varios sectores de Bucaramanga. Durante semanas, los investigadores revisaron más de 200 cámaras de seguridad públicas y privadas, además de analizar cerca de 300 horas de grabaciones, con el objetivo de reconstruir los movimientos de los sospechosos y establecer patrones de comportamiento. Ese seguimiento permitió identificar no solo el punto y la modalidad de entrega del dinero, sino también la posible existencia de otras víctimas que habrían sido contactadas bajo el mismo esquema de intimidación. Con la información recopilada, se coordinó el operativo que culminó con la captura en flagrancia. El procedimiento se realizó en el momento exacto en que los dos señalados recibían los cinco millones de pesos producto de la extorsión. En su poder fueron hallados varios elementos que ahora hacen parte del proceso judicial, entre ellos una motocicleta utilizada para los desplazamientos, dos teléfonos celulares y panfletos extorsivos presuntamente empleados para reforzar las amenazas. Las autoridades consideran que este caso evidencia una modalidad creciente de extorsión basada en el uso de tecnología y en la suplantación de organizaciones armadas para infundir miedo sin pertenecer realmente a ellas. El material incautado será clave para establecer si los capturados están vinculados con otros hechos similares en la ciudad. Desde la Policía Nacional reiteraron que la denuncia oportuna fue determinante para evitar que el comerciante siguiera siendo víctima de presiones económicas y para avanzar en la identificación de los responsables. Asimismo, insistieron en que ningún ciudadano debe acceder a este tipo de exigencias. El caso quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación, mientras el GAULA mantiene abiertas otras líneas de investigación derivadas del análisis de cámaras y comunicaciones, con el fin de ubicar a posibles cómplices y proteger a otros comerciantes.

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